Un pueblo que avala las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y valora el rol de los organismos de Derechos Humanos

Las conmemoraciones por los 50 años del golpe de Estado genocida se producen cuando Argentina es gobernada por una administración que impulsa lecturas negacionistas sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por la última dictadura cívico-militar. Sin embargo, en la sociedad pervive una opinión mayoritaria que avala el legado de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y valora positivamente la lucha que dieron los organismos de Derechos Humanos en la denuncia del terrorismo de Estado.

Según una encuesta realizada por la consultora Proyección, de forma exclusiva para Tiempo Argentino, el 73,8% de los consultados aprueba las políticas de Memoria, Verdad y Justicia desarrolladas  desde la recuperación de la democracia.

Además, siete de cada diez personas consideran que entre 1976 y 1983 hubo “un plan sistemático del Estado para torturar y desaparecer personas. En tanto, un 81,7% reconoce que los organismos cumplieron “un rol importante en la historia del país”.

En esa línea, un 76,3% respondió que cuando se escucha la consigna «Memoria, Verdad y Justicia», creen que “principalmente representa una manera de “recordar a las personas desaparecidas y de defender los derechos humanos”, mientras que un 11,5% estima que se trata de una visión “parcial de lo ocurrido en los años ’70 y otro 11,4 afirma que es un lema “utilizado con fines políticos”.

Se trata de un estudio elaborado en base a un universo de 1045 personas que posee un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 3,03. “Son cifras que arrojan un respaldo más amplio del que esperábamos en función de la continuidad de un discurso que descalifica el rol de los organismos de Derechos Humanos, al estigmatizarlos como “un curro”, que se hizo en la gestión de Mauricio Macri, o de las posturas negacionistas que impulsa el gobierno de Javier Milei”, señaló en diálogo con Tiempo Santiago Giorgetta, director asociado de Proyección.

Los guarismos de la encuesta parecen contradecir el discurso oficial cuando se desprende que el 70% reconoce que la última dictadura aplicó un plan sistemático de violaciones de los derechos humanos, frente a un 17% que entiende que hubo en ese período “una guerra entre dos bandos, y un 11,3 que sólo admite la existencia de “excesos o abusos aislados durante los tiempos de la represión ilegal.

El legado de Madres y Abuelas

Esta opinión mayoritaria que avala el legado del Nunca Más, le confiere un valor muy destacado al movimiento de derechos humanos que surgió en los años de la dictadura y que aún lucha por sostener las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.

Un 56,6% contestó para esta encuesta que el desempeño de los organismos fue “muy importante, y 25,1 lo reconoce como “importante”. Sólo un 10,8 evalúa el rol de las entidades defensoras de los derechos humanos como “poco importante” y un 3,6% como nada importante. Apenas un 3,8 “no tiene una opinión al respecto.

En ese sentido, un 97,5% afirmó que las Madres y Abuelas se destacaron principalmente por “denunciar desapariciones y violaciones a los derechos humanos”, y sólo un 1,2 interpreta que, en realidad, estas entidades “participaron de la lucha armada”.

Al comparar la imagen de los organismos con la de otras instituciones, el 67,8% de los interrogados indicó tener una opinión entre buena y muy buena de las entidades defensoras y un 28,8 posee una consideración mala y muy mala.

De esta forma, los organismos tienen valoraciones que superan a los medios de comunicación (44,4 de positiva y 49,1 de negativa); Instituciones religiosas (40,3 y 49,7); Sindicatos (33.7 y 56); Fuerzas Armadas (33,5 Y 55,5); Y Poder Judicial (un 28 de positividad frente a un 67,1 de reprobación).

En relación a los años ’70, las organizaciones armadas tienen una opinión positiva del 10,6% y negativa de 77,3. Las autoridades militares del gobierno de facto se llevan un 9,5 de valoraciones correctas y un 83,5 de reprobación.  

Al desglosar el dato sobre la importancia de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia un 37 por ciento apoya mucho su desarrollo en el período democrático; un 36,9 aprueba algo y en contraposición, un 10,7 desaprueba algo y un 7,8 desaprueba todo. En tanto, un 7,7% contestó desconocer el tema.

Un dato llamativo es la mirada que los consultados reportaron sobre el legado económico de la dictadura. Un 72,1% respondió que el régimen castrense favoreció principalmente a las grandes empresas; un 5,7 que benefició a los trabajadores y sectores populares; un 3,2 que aplicó recetas que favorecieron a todos por igual y un 19 no tiene una postura definida sobre este tópico.

La difusión en las escuelas de lo ocurrido durante la última dictadura tiene entre los encuestados un respaldo contundente: un 92,1% avala que se enseñe lo que sucedió con el terrorismo de Estado y apenas un 7,9 se opone.

Un consenso muy similar

Una encuesta elaborada la semana pasada por la consultora Zuban Córdoba arrojó valoraciones y resultados que expresan un rechazo mayoritario al terrorismo de Estado y la última dictadura militar.

Ante la frase “la dictadura cívico militar que gobernó Argentina entre 1976 y 1983 fue un período de violaciones a los Derechos Humanos, crisis económicas y falta de libertades”, el 68,6% de los encuestados respondió estar de acuerdo; un 18,6 la rechaza y 12,8 dijo no saber.

Lo llamativo es que, en función del voto en el último balotaje, quienes optaron en 2023 por Milei avala en un 56,6% esta frase ante un 31,3 que opina lo contrario. Sólo un 11,9 respondió no tener una postura clara.

“Más allá de la “batalla cultural” que afirma librar el oficialismo se verifican opiniones favorables a la democracia en la memoria colectiva”, interpretó Gustavo Córdoba, director de Zuban Córdoba. 

Este informe coincide con los resultados de un estudio del observatorio Pulsar de la UBA y el Cels: un 71 por ciento considera que el último gobierno militar fue malo y muy malo. Mientras que un 19 lo estima como regular y solamente un 7 lo califica entre bueno y muy bueno.

El relevamiento confeccionado por la consultora Dynamis para la organización Amnistía Internacional reporta que un 75% de los jóvenes de 16 y 30 años consultados rechaza la posibilidad de un indulto o perdón a militares y efectivos de las fuerzas de seguridad condenados por delitos de lesa humanidad. Sólo un 19 lo avala en un contexto con versiones sobre la posibilidad de un indulto por parte del gobierno a los genocidas. Es un dato que sin duda representa una derrota en la denominada “batalla cultural” que sostiene la ultraderecha gobernante.