La corrupción, un viejo articulador del discurso antiperonista

Prácticamente desde sus inicios el peronismo despierta pasiones, oposiciones y antagonismos en paralelo a la delimitación de una identidad política más que reconocible: el antiperonismo. El discurso antiperonista se nutrió y se nutre de distintas estrategias, y las acusaciones de corrupción, ya desde mediados de los cincuenta, se convirtieron en una de las opciones predilectas.

El peronismo, aquel movimiento social, político y cultural que desde mediados de siglo XX se impone con peso propio en el país, ya desde sus inicios contó con una fuerte oposición que finalmente devino en el golpe de Estado de 1955.

Ese gobierno de facto, la autodenominada «Revolución Libertadora», se propuso un objetivo por demás amplio, profundo y antidemocrático: hacer desaparecer al peronismo del país a través de una «desperonización».

¿Cómo se articuló ese proceso que hizo las veces de una «batalla cultural» en términos gramscianos? Hubo persecuciones, prohibiciones y proscripciones a los símbolos políticos, sociales y culturales del peronismo, mientras que lo judicial se fue convirtiendo en una herramienta decisiva e influyente.

En El peronismo denunciado. Antiperonismo, corrupción y comisiones investigadoras durante el golpe de 1955, Silvana Ferreyra se introduce en uno de los aspectos de esa «desperonización» iniciada a mediados de siglo, sin ignorar, claro, el paralelismo o cierta continuidad con los procesos judiciales más contemporáneos.

Es que tanto el peronismo como el antiperonismo parecen estar lejos de perder actualidad. Incluso, para la autora, hay antiperonismos actuales que buscan rescatar «los valores de la libertadora», por ejemplo, en las producciones literarias de la época  como El libro negro de la segunda tiranía. Por eso, su estudio histórico está lejos de quedar anclado en el pasado, desconectado de problemáticas presentes.

El antiperonismo judicial

Uno de los temas centrales del libro de Ferreyra son las comisiones investigadoras. La corrupción o las acusaciones de «negociados» están lejos de ser algo nuevo, propio de una placa de casi cualquier noticiero del prime time de este siglo: ya en los primeros antiperonismos esa modalidad estaba más que incorporada. Sin embargo, lo que distingue al antiperonismo de 1955 es el objetivo que se proponían sus impulsores: era mucho más ambicioso que un simple desprestigio en pos de un triunfo electoral, se trataba de “desperonizar” a la sociedad desde todos los ámbitos.

Días después de concretado el golpe de Estado, los diarios reflejaban los allanamientos en propiedades de políticos peronistas. El rango «institucional» de esas incipientes causas judiciales tendría su génesis en el Decreto 479/1955 del presidente de facto Eduardo Lonardi, con el que se creó la Comisión Nacional de Investigaciones, que daría lugar a múltiples subcomisiones en todo el país. Un dato no menor, además, es que funcionaría no en el ámbito del Poder Judicial sino bajo el ala del almirante Isaac Rojas, su vicepresidente.

¿Cuál era el objetivo de estas comisiones? Ferreyra lo sintetiza en su obra como «identificar irregularidades producidas por los funcionarios del gobierno peronista, así como particulares vinculados a la gestión depuesta».

En medio del estado de excepción de la dictadura, sus integrantes -civiles, militares y políticos- estaban facultados para realizar indagatorias a sospechosos y testigos, disponer de la realización de detenciones o allanamientos, entre otras posibilidades, mientras que los expedientes iniciados podrían pasar a la Justicia para dictar una condena definitiva.

De todos modos, a pesar del poco curso judicial que tuvieron las causas iniciadas por las comisiones, Ferreyra afirmó en su trabajo que principalmente las detenciones fueron realizadas bajo encuadras penales tales como incumplimiento de deberes de funcionario público, asociación ilícita, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito o traición a la patria.

Del mismo modo en que la noción de «corrupción» sobrevoló buena parte de las causas impulsadas por las comisiones, la autora también aclara que los alcances de esta persecución por fuera del peronismo fueron limitados: afirma que las investigaciones sobre grupos económicos poderosos fueron congeladas por el gobierno.

Si bien entre 1955 y 1956 los procesamientos llegaron a numerosos funcionarios de la primera línea peronista, con detenciones o exilios, empezando por el propio Juan Domingo Perón, para el objetivo de los sectores más radicalizados del gobierno era vital que esa persecución llegase a «los de abajo» para abarcar con esa leyenda negra del peronismo a los más diversos ámbitos de la sociabilidad nacional. ¿Cómo se llegaría a ellos? Habilitando con este dispositivo, también, denuncias incluso entre compañeros de trabajo o entre vecinos.

Así, más allá del palpable fracaso de la «desperonización» y de su éxito o no en términos judiciales, lo cierto es que, tal como expone Ferreyra, aún subyacen vestigios de ese proceso en el imaginario social, político y, sobre todo, judicial que logró instalar «una estructura conceptual que ligó al peronismo con corrupción», excediendo incluso los propios límites del antiperonismo. De hecho, en su despliegue se habilitaron ciertas formas que favorecen la impunidad de grupos económicos que hacen esfuerzos por mostrarse como «víctimas del corrupto mundo de la política», manteniendo así en las sombras a quienes concentran el poder real, frecuentemente más ligados al capitalismo que a las caras visibles la democracia burguesa.