Una confesión de los fiscales vía Zoom reveló que Jones Huala está encarcelado sin pruebas

Por el cuerpo encarcelado del lonko mapuche Facundo Jones Huala cruzan todas las operaciones políticas, de inteligencia, judiciales, económicas y mediáticas tendientes a construir el fantasma de una organización terrorista patagónica, con el fin de justificar la represión de todo grupo social que se proponga resistir la avanzada extractivista que han lanzado sobre el sur argentino.

Jones Huala está preso en el Penal de Máxima Seguridad de Rawson, Chubut, poco después de ser secuestrado en El Bolsón la noche del domingo 8 de junio por un comando de la Policía Federal que actuó bajo órdenes del Ministerio de Seguridad Nacional. Sus abogados revelaron a Tiempo Argentino que recién al día siguiente el juez federal de Bariloche, Ezequiel Andreani, validó la  captura sin chistar y emitió una orden de detención por WhatsApp.

El lonko mapuche está acusado de “intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, apología del crimen y asociación criminal”, cometida el 2 de febrero en el Centro Cultural Aimé Painé, de Bariloche, durante la presentación del libro de poemas Entre Rejas: antipoesía incendiaria que escribió en su encierro en los penales de Temuco, Chile, y Esquel, Chubut.

Jones Huala habló allí como militante revolucionario que reivindica la acción directa como método de lucha política, el ataque incendiario contra la infraestructura corporativa que contamina ríos y lagos, que se apropian de la tierra arrancada a las comunidades y que incendian los bosques nativos destruyendo la vida silvestre. Se trata de la expresión de una convicción ideológica, según se puede ver en los videos de acceso público en las redes sociales.

Fue la campana de largada para una avanzada política y judicial que implicó la inscripción de la RAM y de Jones Huala en el registro de terroristas y la prolongación del encierro en un penal de Máxima Seguridad, a 900 kilómetros de su familia, con sucesivas prolongaciones argumentadas en que se trata de una investigación compleja con cientos de expedientes.

En una audiencia del pasado jueves 18, igualmente la verdad inconfesable se les escurrió a los fiscales Juan Cruz Ohet y Ángela Pagano Mata:

-¿Cuál es la hipótesis? ¿Ustedes ven vinculación del señor Jones Huala con lo que se investigó en esas causas?– preguntaron vía Zoom los jueces de la alzada de General Roca.

-No -rechazó enfático Ohet-. Lo que se busca con esas causas es probar la actuación de la organización criminal (…). No estamos investigando ni la autoría ni la participación del señor Jones Huala en estos hechos, sino demostrar la actuación de la organización criminal que, de acuerdo a la hipótesis de esta fiscalía, es la que lidera Jones Huala.

Es una confesión brutal: reconoce que no hay nada, que no lo investigan por otro delito que no sea el de opinión, pero igual lo mantienen encarcelado desde junio.

El director de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) que actúa en el caso en calidad de amicus curiae, Manuel Tufró, explicó a Tiempo Argentino que el de Jones Huala es “un proceso de larga construcción que tiene como blanco a las comunidades mapuches que desarrollaron metodologías de recuperación de territorios, y que buscan enmarcar como terrorismo”.

Tufró entiende que se trata de construir la RAM y ampliarla a la categoría de terrorista para meter allí todo lo que le moleste. “Bullrich necesita que haya terrorismo para legitimar mayores niveles de excepcionalidad y de restricción de garantías. El mensaje es: todo aquel que resista a la industria extractivista será tratado como terrorista. Asocian conflictividad con terrorismo”.

En la Patagonia las cosas están claras: la costa es para la exportación de hidrocarburos del fracking,  la meseta es para la megaminería contaminante y el corredor cordillerano para el negociado inmobiliario atado al capital concentrado nacional y transnacional: árabes, qataríes, belgas, holandeses, italianos e ingleses se mezclan con los grupos locales como Röemmers, Rocca, Pérez Companc.

Esos y otros grupos se articulan en una fuerza de choque llamada ahora “Consenso Patagonia”, creada inicialmente por Patricia Bullrich en 2017 con el nombre de Consenso Bariloche. Son la organización empresarial de superficie que tiene a su servicio la fuerza represiva de la Nación y las provincias, encarnadas en el “Comando Unificado de Seguridad Productiva” lanzado por Bullrich el 25 de noviembre de 2024 con el objetivo de blindar con las Fuerzas de Seguridad militarizadas los yacimientos petrolíferos y mineros contra acciones sindicales, ambientales y de pueblos originarios.

El defensor de Jones Huala, Gustavo Franquet, de La Gremial de Abogados y Abogadas, aseguró a este medio que el legajo judicial que lo acusa es un mamarracho, un pastiche con al menos cien causas, denuncias, casos cerrados y archivados, informes de inteligencia, sobreseimientos y todo lo que haya pasado por el Poder Judicial en los últimos 15 años con la palabra mapuche. Y una cantidad enorme de recortes de medios de comunicación que hablan de la RAM sin una prueba.

“El tema es que hay negocios inmobiliarios muy grandes, turísticos, mineros a todos los cuales los mapuches les joden. A Patricia Bullrich tener un terrorismo autóctono le representa un negocio político enorme, descomunal, que la va a dotar de gran centralidad y le brindará muchos recursos y grandes negocios económicos”, detalla Franquet.

Mientras esto sucede a la luz pública, hay otro elemento oculto y aterrador: según el CELS, desde 2019 la jueza federal María Eugenia Capuchetti (famosa por su impune reticencia a investigar el atentado contra la expresidenta Cristina Kirchner) instruye en Comodoro Py una causa sobre la RAM que es inaccesible. Nadie la puede ver porque no hay acusados ni detenidos. En la oscuridad de ese despacho es donde verdaderamente incuban el huevo de la serpiente.  «