Una de cada diez personas vive en asentamientos informales

Según un informe elaborado por la organización social TECHO, una de cada diez personas vive en asentamientos informales. El estudio detalla información sobre villas y asentamientos de la provincia de Buenos Aires, Capital Federal, Córdoba, Santa Fe, Salta, Tucumán, Corrientes, Chaco, Neuquén, Río Negro y Misiones. Y desmenuza datos acerca de la cantidad de familias, el acceso a servicios básicos y la participación comunitaria.

Los resultados del Relevamiento de Asentamientos Informales de 2016 de TECHO se presentarán a las 14 en el Salón de Los Pasos Perdidos del Congreso Nacional ante funcionarios de gobierno, académicos, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, referentes comunitarios y voluntarios.

El informe (se puede ver en techo.org.ar/relevamiento) señala que actualmente existen 2.432 asentamientos en los 11 territorios relevados, donde viven aproximadamente 650.685 familias. Los distritos en cuestión pertenecen a la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Córdoba, el Gran Corrientes, la Gran Resistencia, los departamentos misioneros Capital, Oberá, Eldorado y San Vicente, el Alto Valle de Neuquén, Plaza Huincul, Cutral-Có y Arroyito; el Alto Valle de Río Negro, los municipios salteños de Orán, Rosario de la Frontera, Gran Salta y Tartagal, el Área Metropolitana de Rosario y San Miguel de Tucumán.

Si se aplica al dato duro de cantidad de habitantes en esos territorios la media nacional de 4,6 miembros por cada familia, se calcula que al menos 2.993.151 personas viven en asentamientos informales, en el territorio donde habita el 67% de la población del país. “El informe busca elaborar un diagnóstico de la realidad de los asentamientos informales en los territorios relevados y aportar información precisa para la generación de políticas públicas que permitan abordar la problemática, dijo Marina Morgan, Directora del Centro de Investigación Social de TECHO Argentina

El estudio agrega que en el 73% de los asentamientos, la mayoría de las familias no cuentan con acceso formal a la red de energía eléctrica, el 98% carecen de red cloacal y en el 95% no existe red de agua corriente. Por otro lado, en el 16% de los asentamientos la mayoría de las familias bebe agua de pozo y simultáneamente elimina sus detritos en un pozo ciego sin cámara séptica.

A esto se le suma que el 60% de los asentamientos se inunda cada vez que llueve y en el 40% no hay recolección regular de basura. Mientras que el 70% de los asentamientos tiene dentro de su barrio o a menos de 10 metros un factor de riesgo (23,3% ribera de arroyo, 16,2% camino de alto tráfico, 15,8% basural, 9,5% torres de alta tensión).

“Estos números continúan mostrándonos que los asentamientos son la máxima expresión de vulneración de derechos humanos y desigualdad en nuestro país. Es un escándalo que a 200 años de la declaración de nuestra independencia existan familias viviendo en estas condiciones. Resolver la problemática de los asentamientos deberá ser prioridad máxima de nuestro país si queremos ser una sociedad justa, democrática, desarrollada y pacífica” sostuvo Virgilio Gregorini, Director Ejecutivo de TECHO Argentina Dinámicas territoriales.

El informe también identifica los cambios que sucedieron entre el último Relevamiento de Asentamientos Informales en el 2013 y los resultados 2016. El informe 2016 amplía el territorio relevado en el 2013, incorporando San Miguel de Tucumán, Gran Resistencia y Gran Corrientes.

No obstante, en el mismo territorio del 2013, donde se encontraron 2.138 asentamientos y vivían aproximadamente 533.110 familias, en el estudio actual, se han relevado 2.062 asentamientos, con 594.970 familias.

“Hemos registrado muy pocos avances. Las políticas de vivienda y hábitat vigentes van por detrás de la problemática, que sigue siendo urgente y de gran magnitud. Es necesario generar políticas estructurales que actúen sobre las causas que dan lugar a la generación de nuevos asentamientos o el crecimiento de los existentes, como las políticas de gestión, producción y regulación efectiva del mercado del suelo” agregó Gregorini.

En positivo, en 7 de cada 10 asentamientos, los vecinos y vecinas se han organizado para mejorar su barrio y piensan que su rol es organizarse y participar activamente en la toma de decisiones en los procesos de mejora. Mientras que 6 de cada 10 de los referentes entrevistados indicaron que la forma de solucionar el problema debería ser a través de la regularización dominial, con acceso a los servicios básicos, con créditos para vivienda y con programas de mejoramiento barrial.