Una democracia acorralada

El modelo de democracia tutelada se consolida en la Argentina. El fallo de la Corte Suprema que suspendió las elecciones en Tucumán y San Juan fue un paso más en el mismo sentido. Los dirigentes políticos van a elecciones, ganan, y luego son arrojados a ejercer sus funciones en un país en el que la Corte asumió la suma del poder público. Se considera a sí misma la portadora de la última palabra sobre todos los temas. Una monarquía que está por encima del poder democrático y vigila que los súbditos no se desvíen demasiado.

El presidente del Tribunal, Horacio Rosatti, expuso en el cónclave de las empresas estadounidenses que tienen inversiones en la Argentina. Se paró en el escenario detrás del atril. Habló con ese tono monocorde que produce una apariencia de supuesta racionalidad. Dijo que la emisión monetaria puede ser considerada una violación a la Constitución porque descuida el valor de la moneda. Mezcló un debate habitual de la política económica con el derecho constitucional. Borró-una vez más- las fronteras que deben existir en una república respecto a la función de cada poder del Estado.

No es la primera vez que ocurre. En la causa Dólar Futuro, otro de los engendros jurídicos inventados para perseguir a Cristina y a los funcionarios de su gobierno, uno de los argumentos del entonces juez federal Claudio Bonadio, a cargo de la instrucción, era que la operatoria producía “distorsiones” del mercado. El fallo parecía escrito por algún economista ultra neoliberal, como Roberto Cachanosky o el propio Javier Milei, a quienes les encantaría que toda política distinta a su pensamiento sea considerada un delito. Es lo que les ofreció Rosatti a los empresarios estadounidenses: transformar en crimen cualquier visión económica que se corra de los designios del establishment financiero internacional y el poder económico local. Pongan el ministro de Economía que quieran, el emperador Rosatti garantizará que no se pase de la raya.

 Alguien podrá decir que la democracia nunca es plena. Que los poderes que emergen del voto popular siempre están sometidos a presiones y límites impuestos por corporaciones de todo tipo: empresarias, militares, mediáticas. La política es una cuestión de márgenes. La soberanía política, la independencia económica y la justicia social, se pueden medir en proporciones logradas. Hoy la soberanía política popular está condicionada a lo que decida una Corte que no votó absolutamente nadie; la independencia económica se encuentra encorsetada por la vigilancia de los funcionarios del Fondo, que si no aprueban la evaluación trimestral ponen al país al borde de una nueva corrida contra el peso y su impacto en la inflación. Y ambos aspectos hacen muy difícil avanzar más en la justicia social.

Son las batallas políticas que vienen por delante. No importa quién gane las elecciones. Por supuesto que será más difícil y cuesta arriba si la derecha vuelve al poder. En el terreno político, no hay forma de recuperar márgenes de respeto de la voluntad popular sin remover a la actual Corte Suprema y reformar el Poder Judicial. No haber encarado la renovación de la Corte fue-quizás-el mayor error político que se cometió luego de haber asumido el gobierno el 10 de diciembre de 2019. Los números en el Parlamento no facilitaban la tarea, es cierto, pero el impulso del inicio del mandato daba mayor espacio para sumar voluntades. Hay que decir también que siempre es fácil cuestionar con el diario del lunes. Y el otro punto clave es la renegociación del acuerdo con el FMI. El que cerró Martín Guzmán hasta ahora agravó los problemas que supuestamente venía a evitar. «