Una democracia con zonas de dictadura

La Argentina está viviendo en un régimen político híbrido. Describir al gobierno de Javier Milei como dictatorial sería impreciso. En una dictadura esta columna no podría publicarse. Decir que es una democracia plena también es caer en una falsedad. No hay democracia plena si la principal figura de la oposición y dirigente política más importante del último medio siglo, luego de la muerte de Juan Perón, está presa y proscripta en una causa sin pruebas. No hay democracia plena si se utilizan cientos de policías todos los miércoles para apalear a un pequeño grupo de jubilados. No hay democracia plena si encarcelan a un joven por volantear en una estación de tren; ni si encierran a una militante en una cárcel de máxima seguridad por haber tirado un poco de bosta en la puerta de la casa de un diputado nacional.   

El pacto democrático que la dirigencia política argentina supo tener se gestó sobre el final de la última dictadura, con la creación de la multipartidaria en 1981. El objetivo era impulsar elecciones libres para terminar con el régimen genocida. En ese contexto de persecución, secuestros, asesinatos, los partidos políticos tradicionales dejaron de lado sus disputas ancestrales y sellaron un acuerdo que no quedó escrito pero que era muy claro. Tenía tres reglas: no matarse, no encarcelarse, no proscribirse. De ahí para arriba, la lucha política siguió siendo áspera y llena de trapisondas, operaciones mediáticas, traiciones. Nada que no haya retratado William Shakespeare hace 500 años. Pero había un piso de convivencia. Eso garantizó que el líder peronista Antonio Cafiero saliera al balcón de la Casa Rosada junto al presidente radical Raúl Alfonsín durante la Semana Santa de 1987, mientras un alzamiento militar amenazaba con el retorno de la dictadura. Hay que recordar el contexto regional. Del otro lado de la cordillera, en Chile, todavía gobernaba el dictador corrupto Augusto Pinochet.

Cristina es el símbolo de la ruptura del pacto democrático. Sobre ella se quebraron las tres reglas: quisieron asesinarla, la proscribieron, la encarcelaron. El acuerdo de convivencia que se había consolidado en 1983 comenzó a resquebrajarse en 2015 y ahora está absolutamente roto.

La pieza clave de este sistema híbrido es un poder judicial que ocupa el lugar que supieron tener las Fuerzas Armadas en el siglo XX para tratar de extirpar a las expresiones políticas que no se disciplinen al modelo económico –inviable, por cierto– que intentan imponer los grandes grupos económicos locales y extranjeros. Decir que Cristina es una ciudadana inocente que fue condenada podría ser leído como una cuestión de fe. Una persona puede creer eso y otra lo contrario. Lo central es que la Argentina no tiene una Justicia imparcial. ¿Dónde están los jueces que investigan a los grandes empresarios que evaden impuestos, que es robarle al Estado? Quizás no nos habíamos dado cuenta y los multimillonarios argentinos mean agua bendita.  Cada vez que se levantan por la mañana y van al baño se escucha un coro de ángeles. ¿Por qué no avanza ninguna de las 90 causas penales que tiene Mauricio Macri?

Un botón de muestra: a Macri le encontraron en los Papeles de Panamá 14 sociedades off shore cuando acababa de asumir la presidencia. Esas sociedades se usan para esconder dinero mal habido. ¿Dónde está la investigación? A CFK no le encontraron ninguna off shore. Macri está libre y Cristina presa.

La base de un sistema de Justicia es que sea imparcial o se acerque a eso. La Argentina no lo tiene. Mientras esto no cambie, no hay inocentes ni culpables. Las sentencias de la cúpula del poder judicial federal tienen objetivos políticos y es pornográficamente evidente.

Para reestablecer una convivencia democrática como la que la Argentina supo tener, hay que reconstruir ese acuerdo no escrito que se forjó hace más de 40 años. Y hay una condición inicial: Cristina tiene que estar libre y recuperar sus derechos políticos. Todo lo demás viene después.