Una niña de 13 años dio a luz e imputan a su padre y hermano: investigan abuso y explotación sexual

La justicia de Malargüe, Mendoza, investiga una causa por abuso sexual y posible prostitución en perjuicio de una niña de 13 años que, según publicó en las últimas horas Diario Uno, dio a luz en el mes de junio. Entre los imputados se encuentran el padre y el hermano de la niña además de un amigo de la familia. Según trascendió, los tres se encuentran detenidos aunque no se ha determinado aún cuál de ellos produjo la gestación.

La intervención de la fiscalía

El establecimiento educativo de Bardas Blancas al que concurre la niña, al darse cuenta del embarazo, decidió notificar a las autoridades judiciales. La investigación quedó a cargo de la Fiscal departamental Andrea Lorente. Según constató en el expediente un equipo interdisciplinario, la niña vive en situación de extrema vulnerabilidad, en un puesto junto a su padre de 53 años, su madre y dos hermanos (una mujer y un joven de 23 años). Asimismo, recopilaron los primeros testimonios previos a la declaración en cámara Gesell.

En un primer momento solo se detuvo a un hombre de 27 años, puestero amigo de la familia, que solía acudir a la casa para llevarles carne. En declaraciones al equipo, la niña se refirió a él como su novio. No obstante, por medio del abordaje de los profesionales se encontraron indicadores de violencia sexual bajo la anuencia del grupo familiar.

Ordenan la detención de su padre y hermano

La niña dio a luz en el mes de junio. Según fuentes judiciales decidió no realizar un aborto sino entregar al recién nacido en adopción. De forma previa, se extrajo una muestra de ADN para realizar un cotejo con el detenido y el resultado fue negativo.

No obstante, después de la declaración en cámara Gesell ocurrida en el mes de julio, la fiscalía decidió detener también a su padre y a su hermano, quienes fueron imputados por abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y por la convivencia, delitos que tienen entre 8 a 20 años de cárcel. La fiscalía asegura que los datos obtenidos permiten afirmar que ambos habrían participado de los vejámenes junto al primer detenido e incluso sacaban un rédito económico de la explotación sexual de la niña.

Según trascendió, los investigadores evaluaron que existen pruebas suficientes para considerar que los tres sospechosos cometieron abusos más allá de los resultados de ADN pendientes de cotejo, por lo que se solicitó la prisión preventiva. No obstante, El juez Juan Ignacio Olmedo, a cargo de la causa, les otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria.