Una ONG de vecinos se opone al 5G en los municipios: «Nos organizamos por el derecho a un ambiente sano»

Desde Ciudadanos Organizados para Regular Telecomunicaciones (CORTe) emitieron un comunicado en el que rechazaron los dichos de Alejandro Quiroga López, director de Asuntos Regulatorios e Institucionales de Claro, en un evento organizado por el portal especializado ConverCom y reproducidos por el medio de comunicación iProfesional, en los que propone avanzar con la tecnología 5G en Argentina.

En el encuentro, del que también participaron, entre otros, el presidente de la Cámara de Cooperativas de Telecomunicaciones (Catel), Ariel Fernández Alvarado, y el gerente de Regulación de Telecom Argentina, Hernán Colombo, Quiroga López sostuvo, siempre según iProfesional: «No estamos pidiendo beneficios, sino reglas claras y consistentes en todo el país. El desarrollo del 5G no puede quedar atado a la voluntad de cada municipio». Además, el ejecutivo celebró la medida del gobierno de Javier Milei que eliminó las retenciones a las importaciones de aparatos tecnológicos, ya que ello permitirá la expansión de la nueva tecnología.

CORTe es una organización civil autoconvocada, de construcción y dirección colectiva, sin fines de lucro. Están presentes en todo el país para impulsar su principal objetivo: que la red 5G no se instale ni se expanda en Argentina.

«Existen numerosos informes científicos que alertan sobre su peligrosidad y todos las enfermedades que producen, especialmente el informe STOA, del Europarlamento«, denunció en diálogo con Tiempo, Luis María Jiménez, antropólogo, consultor ambiental y miembro de la organización.

Y completó. «Somos vecinos de todo el país que estamos organizados por el derecho a un ambiente sano, pero las presiones de lobbies de las telecomunicaciones continúan y cada vez son más profundas»». En Traslasierra, reclaman información sobre las antenas de telecomunicaciones

El comunicado de CORTe

«Las empresas de telecomunicaciones están ejerciendo un fuerte lobby sobre el gobierno nacional, gobierno débil, a la hora de regular las actividades de los intereses de las empresas multinacionales por sobre los derechos de sus habitantes a contar con un ambiente sano», expresa el escrito.

Continúa enumerando y argumentando: «En este aspecto es tan larga la lista de trabajos científicos que demuestran el daño a la salud que las radiaciones de las telecomunicaciones producen. Siendo de tales proporciones que abarcan más de 11.000 trabajos y alrededor de 150.000 fojas, todos ellos equivocados o no válidos, según los representantes de las empresas multinacionales de las telecomunicaciones».

En esta línea ponen a disposición una selección de más de 150 trabajos científicos revisados por distintas comunidades y aún sin refutar desde científicos sin conflicto de intereses.

También señala que «la noticia que ponemos de referencia, nos muestra una vez más las imposiciones que ejercen las empresas multinacionales para el desarrollo de la tecnología 5G, considerando de forma exclusiva las inversiones, costos y ganancias posibles«.

«Lo hacen omitiendo el debate sobre la salubridad de los sistemas que proponen, partiendo una y otra vez de una inocuidad nunca demostrada, ya que hasta el presente no se conocen estudios que demuestren fehacientemente que realmente son inocuas», apunta.

Una regulación unificada

El reclamo central de las empresas multinacionales de las telecomunicaciones, en este momento, es la inexistencia de una regulación unificada. Cabe aclarar que en Argentina, con el fin de proteger la salud humana y el medio ambiente, durante más de dos décadas se han realizado casi veinte intentos por sancionar una regulación para la emisión de las radiaciones no ionizantes producidas por las empresas de telecomunicaciones. 

«La primera solicitud fue efectuada en el año 2002. Todos los intentos fueron boicoteados impidiendo que se trate y vote en el Congreso Nacional, esta Ley tan necesaria», repasa y denuncia el comunicado. En este sentido las empresas sostienen. “El desarrollo del 5G, no puede quedar atado a la voluntad de cada municipio” ¿Qué está pasando? ¿Por qué dicen esto?

CORTe responde: «La principal razón es que hemos logrado proponer a más de 100 municipios (Ver informe 23/25 de CORTe), regulaciones que de una forma u otra, detienen el desarrollo de la red 5G, llegando en este momento a 11 municipios que efectivamente protegen -por disposiciones locales- a su población de la radiación producida por la tecnología en cuestión».

También explica que el trabajo mancomunado llevado a cabo por cientos de ciudadanos que buscan sostener una vida digna comienza a dar frutos, pese al silencio y complicidad de funcionarios y políticos que obstinadamente se niegan a ver la evidencia.

«En defensa de la democracia, los Derechos Humanos y la salud, muchos vecinos que integran diferentes Concejos Deliberantes, levantan la última barrera ética, con el objetivo de alcanzar un equilibrio armónico, entre naturaleza y tecnología. escuchando la verdad que ha quedado al descubierto en torno a la severa nocividad que ocasionan estas radiaciones», asegura la organización .(ver resolución 1815/11 del Europarlamento año 2011 y principio ALARA)

Ante los resultados obtenidos a partir de la organización popular, las empresas multinacionales pretenden establecer “normas superiores” para que haya “un sistema de regulación más homogéneo y centralizado que permitiría reducir los costos y tiempos de implementación”. Es decir, que se ajuste a sus ambiciones desmedidas.

Desprecio por la vida humana

«Lo hacen, negando con atroz descaro, los miles de estudios médicos y científicos que demuestran de forma taxativa que las radiaciones de las telecomunicaciones producen severos daños a la salud. Como así también, la existencia de tecnología vigente que reduce drásticamente la densidad de radiación a la que las personas están siendo sometidas», denuncia.

Los ejemplos son las regulaciones de algunos países europeos que tienen permitidos valores máximos de densidad de radiación en 2,2 y 2,4 microvatios por centímetro cuadrado que contrasta de forma contundente con los 965 permitidos en Argentina. O los 70 u 80 microvatios por centímetro cuadrado que podemos medir en casi cualquier localidad argentina.

Respondiendo concretamente al empresario Alejandro Quiroga López, desde CORTe sostienen: «No es necesario atacar las instituciones democráticas de base como lo son los Honorables Concejos Deliberantes que sancionan medidas de protección para sus habitantes».

«Las radiaciones manejadas de la forma en que lo hacen las empresas de telecomunicaciones en América Latina son un atentado a la salud pública«, denuncia CORTe.

«Es posible por la enorme impunidad surgida de falta de controles reales, por eso la verdad no llega a los grandes medios de comunicación, fundamentalmente porque son auspiciados fuertemente por las mismas empresas», remarca la organización civil sin fines de lucro.

Militando por la verdad  

«Pero la verdad llega siempre, no pueden ni podrán comprarnos a todos. Las empresas de telecomunicaciones deben dejar de interferir para que haya una Ley que regule las radiaciones. Ello, con límites a la densidad de radiación y adhesión a las normas ALARA y tendrán un “marco regulatorio unificado” tal como lo piden, solo tendrán que bajar la densidad de radiación, como ya se aplica en 18 países de la Unión Europea (UE)», ejemplifica.

Y aclara: «Sin oponernos a la tecnología de la que somos usuarios, sabemos que mejorar este aspecto sanitario, es solo cuestión de inversiones. Tales como las que se aplican en la actualidad en los países europeos que regulan la densidad de radiaciones en valores 450 veces menores que los aplicados a nosotros».

«Solo es cuestión de inversiones, que las empresas no aplicarán en la medida en que se vean forzadas a ello. Porque se niegan y mienten como mintieron con el tabaco, con el amianto, con el plomo en la nafta, entre otras famosas defensas de lo indefendible, solo porque es cuestión de inversiones», denuncia CORTe. Acuerdan revisar la normativa vigente de las antenas de telecomunicaciones

Las radiaciones enferman y matan

En este sentido, la revista Environmental Research de científica ambiental y de salud ambiental, publicó una investigación que alerta sobre los daños que producen las antenas de telecomunicaciones si no son bien administradas las radiaciones que emiten.

Según denuncias organizaciones, especialistas y los cientos de estudios realizados: Las radiaciones electromagnéticas no ionizantes pueden llegar a producir cánceres, diabetes, deterioro cognitivo, alteración del ritmo cardíaco, cambio en la expresión genética.
También enfermedades cardiovasculares, daños en el ADN, aumento de los radicales libres, alteraciones en la calidad de los espermatozoides, abortos espontáneos, trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), asma, daños neurológicos, enfermedad de Alzheimer y autismo, entre otras enfermedades.