Una sorpresiva decisión de la Corte Suprema puede atrasar el inicio del primer juicio contra Cristina Kirchner

El máximo tribunal aceptó un pedido de la expresidenta y va a revisar si no existen errores procesales en la causa “Vialidad”, donde se acusa a CFK de favorecer a Lázaro Báez con el otorgamiento de obra pública. El juicio tiene fecha de comienzo para el próximo martes.

La Corte Suprema de Justicia le pidió al Tribunal Oral Federal (TOF) 2 el cuerpo principal de la causa «Vialidad» para determinar si existen errores procesales en el expediente, en función de un pedido formulado por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que está imputada en esta investigación y debería ser sometida a juicio oral y público desde el martes próximo. De esta forma, podría postergarse el inicio del debate donde debe develarse si la ex presidenta direccionó obra pública en favor del detenido empresario Lázaro Báez, admitieron a Télam fuentes judiciales.

La resolución de la Corte, publicada en el Centro de Información Judicial, contó con el aval de los ministros Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco, quienes pidieron «con carácter de urgente» el expediente al TOF 2 para analizar las intervenciones de la Cámara de Casación durante el proceso y determinar si los planteos hechos por los acusados son admisibles.

En esta causa están procesados, además de la ex mandataria, el ex ministro de Planificación del kirchnerismo, Julio De Vido y el empresario santacruceño Lázaro Báez, detenido desde 2016, entre otros imputados.

Entre los pedidos de prueba que formuló Cristina Fernández en la causa figuran una auditoría sobre todas las obras públicas que se ejecutaron durante los doce años de los gobiernos kirchneristas.

El pasado 10 de mayo, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Gustavo M. Hornos -presidente-, Mariano Hernán Borinsky y Javier Carbajo, no había hecho lugar a varias quejas presentadas por Cristina Kirchner.

En uno de esos recursos la defensa de Cristina solicitaba directamente la caducidad de la acción civil iniciada por la Dirección Nacional de Vialidad.

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