"Considero que la fiscal no está en condiciones de ser objetiva, independiente y menos aún, parcial; fue hija de un oficial de Montoneros que terminó ingiriendo una pastilla de cianuro", aseguró Jorge Di Pasquale.
Al inicio de la audiencia, Jorge Di Pasquale, uno de los acusados, interrumpió para expresar su desacuerdo con la participación de la fiscal Ana Oberlin en el proceso. Afirmó que consideraba que la fiscal no podía mantener la imparcialidad debido a su relación familiar con un oficial de Montoneros que falleció en circunstancias trágicas y mencionó que tenía familiares desaparecidos y exiliados, además de estar afiliada a la agrupación HIJOS.
Luisina Gallo, representante de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, fue la primera en dar su testimonio y expresó su apoyo a la ampliación de los cargos presentados por la Fiscalía y Abuelas de Plaza de Mayo. Luego, Verónica Bogliano, de la misma querella, continuó la exposición detallando la ampliación de las acusaciones. Ambas partes intervinieron de manera alternada.
Por su parte, Pedro Griffo, en representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, respaldó las ampliaciones realizadas por el Ministerio Público Fiscal y las querellas de Abuelas de Plaza de Mayo y Justicia Ya. No obstante, señaló algunas diferencias de interpretación, enfocándose en el concepto de «desaparición forzada» y la persistencia de los delitos. También agregó acusaciones relacionadas con delitos sexuales que no habían sido contemplados por Guadalupe Godoy, ya que se refieren a casos de la Brigada de San Justo que no fueron elevados a juicio por esta fiscal.
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