Vaca Muerta: avanza el fracking y retrocede la producción de peras y manzanas en la región

Por: Gabriela Ensinck

Un estudio de la UBA muestra cómo crece la explotación no convencional de hidrocarburos y al mismo tiempo cae la producción frutihortícola tradicional en el norte de la Patagonia.

El Alto Valle, entre Neuquén y Río Negro, es una zona de riego y producción de frutas tanto para el mercado interno como para exportación. Sin embargo, la zona es lindera al yacimiento de Vaca Muerta y desde hace una década los pozos de exploración petrolera no convencional están avanzando sobre las plantaciones de árboles de peras y manzanas.

Impacto de Vaca Muerta

Un estudio de la Facultad de Agronomía de la UBA analizó el cambio en el área destinada a cada actividad en la localidad rionegrina de Allen. El trabajo concluyó que entre 2010 y 2020, la superficie hidrocarburífera aumentó un 170%, mientras que la frutícola se redujo un 25%.

Para realizar el trabajo, se midieron la cantidad de hectáreas dedicadas a cada actividad en la última década mediante sistemas de información geográfica (SIG) e imágenes satelitales. Así se detectó un descenso de la fruticultura: de 6.545 ha a 4.870 ha, una disminución del 25,6%. Al mismo tiempo, el área destinada a extraer hidrocarburos creció de 42 ha a 114 ha; un aumento del 178%. “De estas 72 hectáreas nuevas, 33 eran tierras frutícolas y 21 eran frutales abandonadas o con otras actividades agropecuarias”, comentó Juan Ignacio Azpitarte, licenciado en Economía y Administración Agrarias de la FAUBA y uno de los autores de la investigación, al portal de noticias Sobre la Tierra.

“Partimos de la hipótesis de que las políticas públicas entre 2010 y 2020 favorecieron la expansión de la frontera hidrocarburífera en detrimento de la fruticultura”, señaló María Marta Di Paola, docente de la FAUBA, integrante de FARN (Fundación Ambiente y Recursos Naturales) y directora de este trabajo.

Foto: Sobre La Tierra (SLT-FAUBA)

Di Paola advirtió que observaron un modelo de desarrollo desigual en el que se priorizó la producción de energía por sobre la de alimentos. “Las políticas públicas destinadas al sector energético fueron más estructurales y constantes en el tiempo, generando condiciones favorables para su desarrollo. En cambio, las dirigidas al sector frutícola fueron de corto plazo y reactivas a la emergencia agropecuaria, y no lograron frenar su retroceso”.

Economía regional en crisis

“Estamos complicados. Cayó el consumo, crece la presión impositiva y los costos internos están muy altos y quedamos caros en dólares. No estamos cubriendo los costos. Hoy producir un kilo de pera cuesta 350 pesos y el productor recibe 150», describió Sebastián Hernández, presidente de la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén al programa radial Agenda Pyme.

“Planteamos al gobierno que estamos en emergencia agropecuaria por daños climáticos. Pero hoy el ARCA está embargando a los productores por atrasos en aportes de seguridad social. Necesitamos que se tomen medidas para que nuestra actividad, que es mano de obra intensiva, siga adelante», señaló Hernández.

Foto: Sobre La Tierra (SLT-FAUBA)

El combo de quita de subsidios, aumento de impuestos y tarifas y la intención del gobierno de desmantelar el INTA, organismo que asesora y transfiere tecnologías a los productores, parece terminal.

Por el contrario, el fracking continúa presentándose como una oportunidad para generar ingresos al país, a pesar del rechazo de las comunidades y de los daños socioambientales que provoca esta actividad. Se trata de una técnica para extraer hidrocarburos que consiste en realizar perforaciones verticales y horizontales e inyectar cantidades grandes de agua, químicos y arena a presión para generar micro-fracturas que permiten obtener gas y petróleo que están atrapados en rocas impermeables o semipermeables, de difícil acceso.

Desde 2013, cuando la petrolera estatal YPF firmó un acuerdo con su par estadounidense Chevron dando inicio oficialmente a la actividad de fracking en Vaca Muerta, las comunidades reportan el aumento de sismos, contaminación de las aguas, violencia, trata de personas y el desplazamiento de cientos de familias mapuches de sus territorios ancestrales.

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