«Vamos a ver cuántos legisladores son capaces de voltear esta ley», advirtió Bullrich

La ministra de Seguridad rechazó los argumentos opositores sobre la "inconstitucionalidad" sobre el DNU de extinción de dominio. Dijo que la normativa apunta a "dejar sin una moneda a las bandas criminales". Los argumentos para la agenda electoral de Cambiemos.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió hoy la decisión del presidente Mauricio Macri de avanzar por la vía del decreto con el proyecto de extinción de dominio para recuperar bienes de origen ilícito como la corrupción y casos vinculados al narcotráfico o la trata de personas.

«No puedo seguir contra el narcotráfico si no les saco las cosas, su capital de trabajo», puntualizó Bullrich en declaraciones radiales.

La funcionaria -quien acompañó al Presidente durante la presentación del lunes en la Casa Rosada junto a su colega de Justicia, Germán Garavano- subrayó que el DNU apunta a «dejar sin una moneda a bandas criminales, corruptos y redes de trata». Y destacó: «Tenemos un 10 por ciento de Gendarmería o Policía cuidando bienes de corruptos o narcotraficantes en las sedes de las distintas fuerzas. Sale mucha plata mantener eso».

Bullrich evitó profundizar la confrontación con los argumentos de las fuerzas opositoras que en las últimas horas salieron a cuestionar la «inconstitucionalidad» de la medida del Ejecutivo y reclamaron una urgente intervención del Parlamento en el período de extraordinarias que se iniciará en febrero próximo. En cambio, la ministra de Seguridad prefirió enviar una advertencia al Congreso. «Vamos a ver cuántos diputados o senadores son capaces de voltear una ley de este tipo que le devuelve a la sociedad y al Estado todo el producto del crimen que le han sacado a la gente», juzgó.

Y destacó: «Es constitucional porque es un cambio al Código Civil. Tiene un proceso legal que lo que hace es desapoderar a delincuentes de bienes ilícitos».

La ministra de Seguridad subrayó que el Gobierno nacional «fue muchas veces al Congreso» para intentar la sanción de la norma que tuvo un derrotero fallido en el Parlamento durante 2018 por las objeciones de diferentes sectores políticos.

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