Columna de opinión de Néstor Espósito, periodista.
Farah es juez titular de la Sala Segunda de la Cámara -rodeada históricamente de un halo de prestigio-, y lo era en carácter de subrogante en la Sala Primera, siempre sujeta a habladurías nunca fundadas, desde los tiempos del menemismo hasta hoy. En el anterior gobierno, sectores judiciales vinculados con la entonces oposición la llamaban «la Sala K». Acaso olvidando que fue esa sala, junto con Casanello y el fiscal Jorge Di Lello, la que le abrió la puerta de salida definitiva a Mauricio Macri en la causa en la que estuvo procesado por las escuchas ilegales cuando era jefe de gobierno. Y la que puso a Amado Boudou en la puerta del juicio oral por la «Causa Ciccone».
Farah renunció el miércoles pasado a la subrogancia en la Sala Uno por «razones personales». Despegarse (de una situación de tirantez creciente) es una razón lo suficientemente personal para una decisión de esa naturaleza.
La ex presidenta tiene (para su futuro) cuatro preocupantes frentes abiertos en Comodoro Py. Además de la orden de la Cámara, Bonadio la investiga por la sociedad Los Sauces y su colega Julián Ercolini tiene Hotesur y la megacausa por la presunta adjudicación de obra pública entre 2003 y 2015. Como suele ocurri, las causas tramitan ajenas unas de otras. Esa característica se potencia cuando los magistrados carecen de una aceitada relación personal entre sí. Pese a que dos jueces no pueden investigar un mismo delito, a menudo ocurre que ignorándolo o no- lo hacen. En el caso de Cristina Fernández esa situación es tan evidente que la propia Cámara les mandó un mensaje para que avancen en tropilla en las investigaciones.
En el contexto histórico y político actual, los jueces parecen concluir que es «la sociedad» y no sólo la administración de Cambiemos la que quiere a la ex presidenta presa. «
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