Venta de niños: el Senado trató en comisiones el artículo que endurece las penas por el delito

Tras su vuelta a la comisión de Justicia y Asuntos Penales, el Senado volvió a tratar este miércoles el proyecto de ley impulsado por la radical Carolina Losada que modifica el Código Penal tipificando la sustracción o comercialización de menores de edad. La iniciativa había sido aprobada por unanimidad en general en la última sesión, pero volvió a fojas cero luego del polémico intento del senador riojano Juan Carlos Pagotto, de La Libertad Avanza, de exceptuar de penas los casos en los que las familias estén cursando un «estado de necesidad».

Mientas continúa la búsqueda de Loan Danilo Peña, el niño de cinco años desaparecido en Corrientes, la comisión que preside Pagotto recibió a diferentes invitados para ampliar el debate sobre el punto que se encuentra en discusión. Tras las exposiciones, se buscará firmar un nuevo dictamen la semana que viene, antes del resceso invernal.

Entre los expositores estuvo presente la defensora de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, Marisa Graham. Afirmó que “en la República Argentina, la compraventa de niños con precio es para fines adoptivos”. Además cargó que “aquel que compra un niño siempre va a tener un papel de origen ilegítimo”.

 “Estoy de acuerdo con la tipificación, pero eso no es suficiente para evitar que se sigan haciendo con fines adoptivos”, opinó, respecto al debate y exigió poner “fines adoptivos” en la redacción y mencionó que se pagan hasta 10.000 dólares en estos casos.

Con relación al modo de operar de estos ilícitos, señaló: “Es un conglomerado que se organiza para captar mujeres embarazadas y pagar una suma que no es significativa”. “Si un defensor de menores labró un acta un sábado a la tarde se comprueba que hubo compraventa, pero no está tipificado”.

Por su parte, desde la Defensoría General de la Nación, Damián Muñoz, señaló: “Si uno quiere una ley que ataque a los eslabones más gruesos de este delito debería poder investigar los dispositivos burocráticos más allá de hechos individuales”. “Más allá de una compraventa puntual, hay que poder perseguir a los dispositivos de la venta de menores”, añadió.

También, Gabriel Lerner, exsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia, expresó: “Es muy grave forzar, a partir de la demanda, la decisión de poner a un niño en situación de adaptabilidad, sin que haya habido un trabajo de acompañamiento. La responsabilidad del cuidado de los derechos de los niños por parte de los adultos sigue vigente”.

El último en exponer fue el juez de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Ignacio Mahíques. Explicó que “se tiene que tipificar la entrega ilegítima de un menor y la escala salarial tiene que ser grave, proporcional al daño provocado. No advierto de manera clara por qué las provincias deberían ceder su competencia en la investigación de este tipo de delitos”.

Además, estuvieron el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky, el juez del Tribunal Oral de Menores Nº2, Diego Freedman; el abogado y profesor de Derecho Penal, Horacio Romero Villanueva.

La semana pasada, la Cámara Alta aprobó en general, con 63 votos, la iniciativa que establece que “se impondrá prisión de 4 a 10 años al que reciba y a quien entregue a un menor de edad, mediando precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación, si no resultare un delito más severamente penado”.

Dentro de las modificaciones, dispone: “Será reprimido con prisión de 5 a 15 años, quien facilitare, promoviere o de cualquier modo intermediare en la perpetración de los delitos de este capítulo, si no resultare un delito más severamente penado”.