El veto y el cinismo como política de Estado

Este miércoles, como había sido anunciado, el presidente Javier Milei vetó, por segundo año consecutivo, una ley de financiamiento universitario. Veamos cuáles son los principales argumentos que ha esgrimido para vetar esta ley, por qué son inconsistentes y cuál es la situación real del financiamiento público en materia de educación superior.

Sobre lo primero, el veto se sustenta fundamentalmente en dos razones: se señala que la Ley de Financiamiento Universitario incumple el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera (24.156), que exige que toda norma que autorice nuevos gastos especifique con claridad de dónde saldrán los recursos; en segundo lugar, el decreto advierte que la aplicación de la ley tendría un costo que, sin financiamiento genuino, solo podría cubrirse con emisión monetaria, lo que pondría en riesgo el equilibrio fiscal, aceleraría la inflación y afectaría especialmente a los sectores más vulnerables. El Ejecutivo concluye que aprobar la norma comprometería la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad de las políticas públicas.

El primer argumento parece literalmente una tomadura de pelo. El presupuesto con el que el Ejecutivo inicio el ejercicio fiscal 2025 es la segunda prórroga del presupuesto aprobado a finales de 2022 para el año 2023. Y es la prórroga de la prórroga porque fue el mismo Poder Ejecutivo quien impidió el tratamiento parlamentario de la Ley de Presupuesto.

Por lo tanto, y por una sencilla razón aritmética de cómo se calcula la prórroga presupuestaria y el desfasaje que supone en relación a las necesidades presupuestarias vigentes, no habría ningún renglón presupuestario que esté en condiciones de sostener el mismo poder adquisitivo en 2025 que tenía en 2024. En otras palabras, todo de lo que se hizo en 2024 carece de asignados recursos específicos para ser sostenido en 2025. ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo así lo decidió.

El veto y el cinismo

Ahora bien, lo que convierte la tomadura de pelo en liso y llano cinismo es que para algunos gastos, para los cuales el Ejecutivo tampoco especifica “de dónde la saca”, sí parece haber recursos.

Según los datos de presupuesto público abierto, el presupuesto vigente de la Secretaría de Comunicación y Medios de la Nación (la vocería presidencial de Manuel Adorni) cuenta para 2025 con un presupuesto de 27 mil millones de pesos.

Es el segundo organismo que más aumentó su presupuesto entre 2024 y 2025 y recibe el equivalente a casi 5 veces lo que recibe todo el sistema universitario en concepto de fortalecimiento a la ciencia y la técnica o más de 12 veces lo que recibe para infraestructura universitaria. ¿Con qué ingresos tributarios se financian los sueldos de los tuiteros mejores pagos de Latinoamérica? Quizás en alguna conferencia de prensa nos podamos enterar si el Ejecutivo tiene pensado autovetarse el gasto o si lo desconoce.

Más deuda, menos educación superior

El segundo argumento, el del “financiamiento genuino” del que carecería la Ley, está íntimamente vinculado a lo anterior. ¿Cuál es el «financiamiento genuino» al que el Gobierno tiene pensado recurrir para financiar los gastos vinculados al pago de intereses de la deuda que este mismo gobierno emitió?

Sólo en julio de 2025, por intereses capitalizables, el Gobierno gastó (pero no pagó, porque “pateó” para adelante a costa de que sigan generando intereses) el equivalente a casi 10 veces lo que la Oficina de Presupuesto del Congreso estima que “cuesta” para este año la Ley de Financiamiento Universitario.

Con un mes del gasto que el Gobierno decide dedicar a intereses de la deuda en pesos alcanza para financiar 10 veces el costo anual (de todo 2025) de la Ley que estamos discutiendo.

¿De qué impuestos futuros (el más inmoral de todos los gastos, según el propio Presidente) van a salir los recursos para financiar esta fiesta? Recordemos, el Gobierno renovaba deuda a principios de este año, aproximadamente, a una tasa mensual del 2% y está renovando deuda ahora a una tasa que casi llega al 5% mensual. No hay casi ningún otro negocio lícito en el mundo que produzca este rendimiento.

El país de América Latina que menos invierte en universidades

La verdad de fondo es que, si todo sigue así, Argentina va a terminar este año con el gasto público en educación superior más bajo de América Latina, medido en términos de Producto Bruto Interno (PBI), con la tasa de matriculación más alta de la región y uno de los sistemas públicos más numerosos.

Ningún gobierno que administre medianamente bien los asuntos públicos puede alegar que un peso de 0,75% del PBI para educación superior (como terminaría quedando con la Ley vetada) es un gasto elevado, cuando la media regional (que incluye a países con sistemas altamente privatizados como Chile) es de 0,9%. Si 0,75% es un gasto excesivo, hay alguien que no está sabiendo administrar. O más probablemente, decide no gastar nada en educación superior.

Y el problema de la educación superior no es un problema solamente de los y las 2 millones de estudiantes que asisten a las universidades públicas en todo el país, o de los y las 250 mil trabajadores y trabajadoras que sostienen, casi con esfuerzo militante, la continuidad de la educación superior: si no hay universidades públicas, todas y todos (aún quien nunca en su vida haya pisado una universidad ni la vaya a pisar) tendrán garantizado un peor futuro.

Porque en un país tan desigual como el nuestro, sin universidades públicas es una certeza que tendremos menos médicos, menos ingenieras, menos profesoras, menos arquitectos. Porque para el mercado, en esta sociedad tan desigual en la que vivimos, no es rentable producir todos esos saberes profesionales en la escala en la que los necesitamos como sociedad.

Cuando el Gobierno Nacional dice que no hay plata para las universidades o para el Garrahan o para las personas con discapacidad no sólo miente: nos propone un presente sin ningún tipo de vínculo comunitario (donde no debería esperarse que nadie haga nada por otra persona) y nos garantiza un futuro mucho más pobre que el actual, en todos los sentidos del término.

Por eso es tan importante que expresemos, como sociedad, nuestro más enérgico rechazo a esta política de desfinanciamiento, porque no está solamente el juego de un sector (enorme, por cierto), sino la posibilidad de seguir existiendo como nación. Y no simplemente como un accidente geográfico.