Vialidad: las otras pruebas que omitieron los fiscales para direccionar la causa y que expondrán las defensas

“Me van a estigmatizar y por eso me van a condenar… Mi condena ya está escrita». La aseveración de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, presagia que nada de lo que pasará en el juicio oral por la obra pública en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015 tendrá incidencia en una decisión judicial que –supone- ya es irreversible.

Lo que la ex presidenta expresó hoy en redes sociales formará parte del alegato que, en fecha aún imprecisa pero seguramente antes de octubre próximo, pronunciarán sus abogados Carlos Alberto Beraldi y Ari Lernovoy.  Lo de hoy, técnicamente, no tiene valor judicial. Pero el juicio oral hace rato que dejó de discurrir por los carriles estrictamente legales para transitar el terreno de la política y, especialmente, de los medios de comunicación.

La exposición de Cristina Kirchner tuvo momentos picantes. La afirmación «los dueños de los nueve millones de dólares que José López revoleó en un convento son ellos», en alusión al ex presidente Mauricio Macri y sus empresarios amigos, fue una de ellas. Hace un año, la Cámara Federal de Casación confirmó la condena por enriquecimiento ilícito contra López. Pero sólo se investigó ese delito, como si el dinero de los bolsos se hubiera generado por espontaneidad monetaria. Está aceptado que ese dinero provino de la corrupción durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, porque López fue funcionario durante esos 12 años. ¿Sólo se enriqueció ilícitamente con dinero proveniente de una sola caja?

Ese interrogante parece entrampado en las capturas de los mensajes del teléfono de López que hoy mostró Cristina Fernández y que no habían mostrado los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. Desde antes de que se conociera este material, los abogados de varios de los imputados en la Causa Vialidad vienen diciendo, incluso públicamente, que los fiscales “mintieron, tergiversaron, manipularon y ocultaron” elementos de prueba relevantes para el caso. Hoy aparecieron los primeros. Prometen que hay más.

Cuando el 5 de setiembre próximo comiencen los alegatos de las defensas la estrategia común será refutar las afirmaciones de los fiscales para pedir las altas penas para todos los imputados.

“Además de mentirosos y de las ficciones no trabajan y no leen las pruebas que recaban”, disparó hoy la vicepresidenta hacia los fiscales. La parcialización de las declaraciones testimoniales citadas durante las nueve jornadas de alegatos oculta datos relevantes. Los fiscales le hicieron decir a esas declaraciones cosas que, según las defensas, no fueron las verdaderamente expresadas.

Por ejemplo, el supuesto favoritismo hacia Báez como socio de la asociación ilícita no se condice con el trato mucho más familiar y frecuente con otros empresarios, entre ellos el amigo y “hermano de la vida” del ex presidente Macri, Nicolás “Niki” Caputo.

¿Una relación supuestamente corrupta entre López y Caputo exculpa a otra relación corrupta con Lázaro Báez? Claro que no! Pero, en tal caso, allí parece haber una respuesta a por qué el Poder Judicial se negó sistemáticamente a auditar toda la obra pública entre 2003 y 2015. Porque una cosa es investigar al enemigo lumpen de la obra pública y otra, muy distinta, hacerlo con el elenco estable de los negocios con el Estado. Dicho de otro modo: para el Poder Judicial no es lo mismo Báez que Caputo, Eduardo Gutiérrez –dueño del Grupo Farallón- o el ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción y uno de los primeros en coger la sortija de los arrepentidos de la Causa Cuadernos, Juan Chediack.

La exposición de la vicepresidenta también mostró otros costados de lo que seguramente sea el alegato de la defensa. Por ejemplo, la acusación fiscal sobre la utilización de la “redeterminación de precios” como mecanismo para “saquear las arcas del Estado”. Por un decreto del presidente interino Eduardo Duhalde, los contratos de obra pública se “redeterminaban” cuando la inflación superaba el diez por ciento. Así se hizo con los contratos de Báez y del resto de los que tenían obra pública adjudicada. Con la llegada de Macri al gobierno, ese porcentaje se redujo al cinco por ciento. Si con el diez por ciento hubo corrupción, ¿con el cinco por ciento de reducción –es decir, la mitad- qué hubo? Eso forma parte de lo que las defensas llaman “omisiones” de la fiscalía.

Otra de las imputaciones es que Austral no tenía un director técnico en cada obra, como establecían los pliegos de la licitación. ¿El resto sí lo tenían? Tampoco, según declararon testigos propuestos por la propia fiscalía, que omitió valorar ese detalle a la hora de formular la imputación. Eso no significa que el incumplimiento estuviera bien, sino que no había un favoritismo para una empresa. En todo caso, había un incumplimiento generalizado. ¿Pero sólo en el caso de Santa Cruz era producto de la corrupción?

Entre los testimonios tergiversados aparecen, según las defensas –incluida la de CFK- el de Leandro Martín García, interventor en Vialidad Santa Cruz durante el gobierno de Cambiemos. Los fiscales usaron parte de su relato como parte de la incriminación. Pero García también declaró: “No encontré ninguna situación anómala. Lo que hicimos con (Javier, titular de Vialidad Nacional durante el macrismo) Iguacel fue quitarle las obras a Austral y todas las obras quedaron paralizadas”. A eso, los fiscales llamaron “abandono de las obras”.