Con un texto titulado “El Federalismo no se negocia”, pidieron enérgicamente que la Corte Suprema rectifique la asignación de recursos que el gobierno de Cambiemos le otorgó a Larreta por decreto.
«Acompañamos el potente reclamo de las máximas autoridades de nuestras provincias para que no se modifique, desde la Corte Suprema de la Nación, la decisión del Poder Ejecutivo nacional de anular la injusta e infundada asignación desproporcionada de recursos que el gobierno de Macri hizo en favor de la ciudad de Buenos Aires y en perjuicio del resto del país», expresó el espacio, encabezado por su presidenta, Verónica Magario, y el vicepresidente Carlos Silva Neder.
El foro fijó su respaldo a la declaración que hicieron los gobernadores del peronismo y que llevó como título «El Federalismo no se negocia».
En esa misiva, publicada el 10 de mayo, gobernadores de 17 provincias le pidieron al máximo tribunal ser aceptados como «amicus curiae» en la controversia iniciada en septiembre de 2020, cuando el presidente Alberto Fernández reasignó por decreto un porcentaje adicional de la coparticipación que Macri había concedido a la Ciudad a partir de la transferencia de un sector de la Policía Federal.
El espacio de vicegobernadores argumentó que «CABA no es una provincia, de modo que no corresponde el reclamo que planteó ante la Corte cuando el gobierno nacional retrotrajo la asignación de recursos a los parámetros vigentes anteriores al inexplicable e inexcusable privilegio del gobierno de Cambiemos en favor de la Ciudad».
«Adherimos firmemente al sólido informe técnico de la Comisión Federal de Impuestos, que 21 provincias aprobaron, el cual estableció, sin dejar lugar a dudas, que el traspaso de la Policía a CABA significaba una asignación de recursos por 11.000 millones de pesos y no los más de 18.000 millones de pesos que Macri le otorgó mediante un decreto», señalaron los vicegobernadores a través de un comunicado.
El foro planteó que las «provincias argentinas en su conjunto, como producto del privilegio que recibió CABA, se han visto privadas hasta el momento de alrededor de 500.000 millones de pesos que debieron haber recibido en concepto de coparticipación federal. No caben dudas de que esos fondos deben ser asignados a los estados provinciales para que puedan ser distribuidos en atender a los 44 millones de argentinas y argentinos que en ellas viven», ratificaron.
Adhirieron, además de los mencionados Magario y Silva Neder, los vicegobernadores Analía Rach Quiroga (Chaco); Ruben Dusso (Catamarca); Ricardo Sastre (Chubut); Maria Laura Stratta (Entre Ríos), Eber Solis (Formosa), Carlos Haquim (Jujuy), Mariano Fernández (La Pampa); Florencia Lopez (La Rioja); Antonio Marocco (Salta); Roberto Gattoni (San Juan); Eugenio Quiroga (Santa Cruz); Alejandra Rodenas (Santa Fe); Carlos Silva Neder (Santiago del Estero); Eduardo Mones Ruiz (San Luis) y Sergio Mansilla (Tucumán).
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