Vicentin: las maniobras en Paraguay y Uruguay para lavar activos

No es solidaridad ni prejuicio ideológico. Es susto. La reacción de las empresas vinculadas al agronegocio se hizo sentir tras el anuncio de la intervención de Vicentin. No lo quieren al Estado husmeando en las actividades del sector agroexportador. Pero, desde el gobierno repiten que no hay vuelta atrás. Ahora las negociaciones se centran en qué forma legal tomará la expropiación de la cerealera que intervendrá en el mercado de cambios y en el de granos como un testigo incómodo para sus competidores que, cartelizados, manejaban los precios de los alimentos e intervenían en el precio de dólar. En tanto, el gobierno pretende incorporar al capital privado pyme y cooperativo, también acreedor y víctima de Sergio Nardelli y Sergio Vicentin.

El viernes por la noche, Nardelli, exdirectivo de Vicentin, en reunión con el ministro de Desarrollo Matías Kulfas, el interventor de la firma, Gabriel Delgado y el titular de YPF Guillermo Nielsen, insistió con la misma propuesta que le había llevado a Alberto Fernández a Olivos el miércoles y que el presidente había considerado inaceptable. Las tres propuestas de compra que había acercado Vicentin por parte de empresas extranjeras (Cargill, Dreyfus y Glencore) implicaban una pérdida de capital por parte de banca pública, la extranjerización del sector y la cesión del control empresarial. Si bien se dejó la puerta abierta para seguir conversando, la intervención ya comenzó a gestionar la compañía.

Ahora comenzó la etapa de revisión de los papeles de la empresa y del resto del grupo. Delgado, hombre al que Fernández le confió la tarea por sus conocimientos en el sector agrícola, mirará la documentación. El objetivo también es recuperar el prestigio perdido por la administración anterior. Desde el gobierno aseguran que Nardelli se comprometió a mostrar toda la documentación a Delgado. Según pudo saber Tiempo, el objetivo de la intervención es ir a fondo en la investigación sobre el fraude en Argentina, Paraguay, Uruguay, Panamá y Europa. Se teme que haya existido una derivación de fondos al exterior luego del pedido de dinero a la banca pública y una estafa a otros productores.

Es que Vicentin no paró de expandirse durante los años de la gestión macrista ya que fue beneficiaria directa de las políticas agroexportadorasy de liberación cambiaria. “No hay explicación sino triangulación” aseguró a Tiempo Claudio Lozano, director del Banco Nación y primer denunciante en la Justicia del desfalco.

Fraude y evasión

La Unidad de Investigación Financiera (UIF) se presentó como querellante en el expediente que en Comodoro Py tramita el juez federal Julián Ercolini, para evaluar si la empresa realizó una «fraudulenta cesación de pagos» en el país a la vez que habría efectuado «complejas maniobras de lavado de activos» con importantes giros de dinero al exterior. Además de los exdueños de la cerealera, quedaron involucrados en la causa el ex mandatario Mauricio Macri, al ex presidente del Banco Central, Guido Sandleris, y el extitular del Banco Nación, Javier González Fraga.

Según fuentes del caso, la empresa implementó dos tipos de triangulación, una con Paraguay y otra con Uruguay. Vicentin Paraguay tiene menos de una decena empleados, no tiene planta productora, pero es el segundo exportador de granos de Paraguay. Se estima que son 200 millones de dólares los evadidos gracias a la exportación de granos argentinos por la subsidiaria paraguaya, los que no pagan retenciones ni abultan las utilidades de la empresa en Argentina.

En cambio, en la operatoria con Uruguay, la cosa es distinta. La producción argentina sale hacia el país oriental y de allí al mundo, pero hay un proceso de facturación en el medio, aunque no se declare en Argentina. Por lo menos a través de Uruguay existe una declaración de exportaciones desde Argentina. En cambio, en Paraguay es todo en negro.

El Estado, testigo incómodo y pieza clave.

Según fuentes del sector, todas las cerealeras grandes hacen este tipo de maniobras. Al tener una empresa que opera en el mismo sector, pero con una mirada pública, será más fácil controlar a Cargill, la Louis Dreyfus Company, todas competidoras de Vicentin. La empresa estatal se podría convertir así en una de las grandes jugadoras del sector y a la vez en una herramienta de fiscalización que permita blanquear operatorias ocultas en el comercio de granos.

También la compañía estatal puede ser fuente de ingreso de divisas, incluso garantizar cantidades muy superiores a la que ingresaba hasta el momento, ya que la UIF también detectó fondos offshore.

Vicentin SAIC le debe al Estado, a través de la banca pública, unos 400 millones de dólares, de los cuales 300 son al Banco Nación y fueron otorgados bajo la firma del exdirectivo Javier González Fraga, ahora imputado en la justicia. A su vez, la empresa le debe a la Afip por lo menos 9500 millones de pesos, según se estableció en el marco del concurso de acreedores para establecer todas las deudas y maniobras de la firma.

Además, esta compañía también les debe otros 300 millones de dólares a proveedores y acopiadores rurales, que siempre vieron al gigante agrícola abusar de su posición dominante. Por eso ahora el gobierno maneja una hipótesis de gerenciamiento mixto que incorpore al capital privado y empodere a los sectores productivos medianos y chicos. El objetivo es mejorar y transparentar la relación entre las grandes cerealeras, que hacían abuso de posición dominante y les fijaban precios por debajo del valor que les correspondía. Es una forma también de obligar a los demás competidores a bajar los precios y regular los procesos comerciales y productivos. También se proyecta la creación de una empresa pública de producción de alimentos, un segundo paso en la cadena de valor, para dejar atrás la mera exportación de granos y pasar a un proceso de mayor industrialización.

La centralidad del acceso a los alimentos había sido una promesa de campaña del Frente de Todos. Ya en un escenario pre pandemia se había lanzado el plan Argentina contra el Hambre, bajo la tutela del ahora ministro de Desarrollo Daniel Arroyo, quien palpó de cerca los efectos de la cartelización de las empresas agroalimenticias cuando su ministerio tuvo que salir a comprar mercadería de urgencia para abastecer a los comedores durante la cuarentena. Con esta movida, el gobierno puso un pie en el sector estratégico del comercio exterior para generar así una forma genuina de conseguir dólares y financiar el gasto estatal en una etapa post pandemia. Movió la dama.