El Ministro de Justicia pidió la renuncia del jefe del organismo, Fernando Díaz, quien además fue llamado a declarar por malversación de fondos. También corrió a toda la cúpula, la que ya había cambiado tras la fuga de los Lanatta.
El anuncio formal se realizará este martes a las 10, en una conferencia de prensa en la que Vidal y Ferrari realizarán en la Casa de Gobierno, en La Plata. La información que difundió la agencia Télam a través de fuentes oficiales adelantaba que se anunciarán el nuevo esquema de conducción de la cúpula que «será cien por ciento civil», por lo que se especulaba que Baric será una especie de interventor del SPB hasta que se defina la modalidad de la nueva conducción de esa fuerza.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) celebró la remoción de Díaz al frente del SPB al considerarla una buena noticia que debe venir acompañada de cambios estructurales para transformar la grave crisis que enfrenta el sistema de encierro bonaerense. La entidad que conduce el Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel deberá ahora lidiar con un hombre que revistió como Director provincial de Política Penitenciaria durante las gestiones de Jorge Casanovas y de su sucesor, Antonio Arcuri, durante el gobierno de Ruckauf, que con su política de meter bala a los delincuentes y de darle poder a la policía en 2001, elevó exponencialmente la tasa de prisionización de la provincia.
El interventor será el segundo reemplazo que Vidal ensaya en la conducción de esa fuerza en menos de nueve meses: Díaz asumió como jefe del SPB, remplazando a Florencia Piermarini, tras la fuga de los presos, Víctor Schilaci, Martín Lanatta y Cristian Lanatta, del penal de General Alvear. Poco importó en ese momento su trágico y oscuro historial como penitenciario: es el responsable de la masacre de la unidad 28 de Magdalena en octubre de 2005 en la que 33 reclusos murieron quemados en el módulo 15.
Casi en simultáneo con la decisión de Vidal de correrlo, se supo que Fernando Díaz fue citado a declarar por el presunto delito de administración fraudulenta por Miguel Antonio Medina, titular del Juzgado Federal Nº 2 de Salta, quien ordenó que se lo investigue por negociados en la venta de la comida que el Estado envía para los detenidos. La investigación se centra en la época en la que ocupaba el puesto de auditor en el Servicio Penitenciario Federal (SPF).
La salida de Díaz se da cuando debe rendir cuentas en la Justicia por estar acusado junto a otro 37 ex penitenciarios de malversación de fondos del Estado. Tras haber detectado una serie de irregularidades en el servicio de catering del Complejo Penitenciario de Salta (NOA).
Los fiscales, Eduardo José Villalba y Miguel Palazzani, sostienen que los detenidos tuvieron una mala alimentación de larga data. Mientras que en los libros institucionales figuran contracciones millonarias. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) viene pidiendo desde principios de octubre que Díaz sea separado de su cargo.
La CPM denunció que «está sospechado de participar de la maniobra delictiva por su rol de auditor general del SPF en ese momento, y debía controlarla: no solo no controló ni denunció sino que avaló las irregularidades delictivas en 40 expedientes de «legítimo abono».
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