Vidal desplazó al jefe del SPB y anunció intervención civil por 90 días

La gobernadora María Eugenia Vidal oficializó hoy el desplazamiento del jefe del Servicio Penitenciario, Fernando Díaz, y dispuso una intervención civil del organismo por 90 días que quedará a cargo ahora del subsecretario de Políticas Penitenciarias, Juan José Baric.

En conferencia de prensa, la mandataria anunció junto al ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, los principales puntos de la reforma integral que planean llevar adelante en el Servicio Penitenciario y que implica evaluación del personal, auditorías permanentes y el envío de un proyecto de ley para reformar el Estatuto que está vigente desde 1980.

En ese marco, Vidal confirmó el desplazamiento de Díaz aunque no explicó cuáles fueron los motivos para tomar esa decisión. Díaz fue designado por la mandataria el 29 de diciembre, tras la fuga de los hermanos Martín y Cristian Lanatta y Cristian Schillacci de la cárcel de General Alvear, cuando el organismo estaba acéfalo. El funcionario ya había ocupado ese cargo durante la gestión de Felipe Solá e incluso bajo su gestión ocurrió la trágica “Masacre de Magdalena” en la que murieron 33 presos.

Siempre cuestionado por los organismos de derechos humanos, Díaz sumó a principios de este mes otra complicación: la Justicia de Salta lo imputó por el delito de “administración fraudulenta” en una causa en la que investiga a 38 funcionarios del Servicio Penitenciario Federal por irregularidades millonarias en la provisión de alimentos de un penal de esa provincia. La semana pasada, la Comisión Provincial por la Memoria volvió a pedirle a Vidal que lo remueva del cargo.

“Lo nombramos en medio de una crisis importante cuando fue la fuga del triple crimen y tuvo que ver con una primera etapa que se cumplió y que necesita una profundización”, se limitó a explicar Vidal frente a la consulta por la remoción de Díaz. 

Vidal también desplazó a los diez directores y subdirectores que conformaban la cúpula del Servicio y ordenó el pase a retiro de 132 agentes. Aclaró que no se trata de una purga sino de una reforma integral. “Esta no es un desplazamiento de cúpula, es mucho más profundo. No creemos en las purgas, no resuelven los problemas”, sostuvo tras detallar las medidas que tomó su administración en estos diez meses en materia penitenciaria: “Arrancamos con la ley de emergencia del SPB, seguimos con el ordenamiento de cuestiones básicas como comprar colchones, mejorar la alimentación y comprar candados; creamos un área de Asuntos Internos manejada por civiles y les pedimos las DDJJ a todos”. 

El ministro Ferrari explicó que la reforma que impulsan se basa en dos ejes: cambios en la estructura del organismo y un nuevo escalafón (a través de un proyecto que enviarán a la Legislatura), más un programa de reinserción de los internos. En el primer caso, se crearán dos nuevas áreas que estarán a cargo de civiles: la de Evaluación del Desempeño del personal que será conducida por Fernando Manzanares, y la Auditoría de Control y Gestión que estará a cargo de Fernando Rozas. Ambos funcionarios responderán de manera directa al subsecretario Juan José Baric, quien será desde hoy el nuevo director interino del SPB.  

Ferrari señaló que aún no está definido si la nueva conducción del SPB será civil o pertenecerá a la fuerza y dijo que eso se definirá una vez que termine la auditoría de 90 días que llevará adelante Baric. 

La gobernadora aseguró que ningún gobernador antes quiso encarar una reforma en el Servicio Penitenciario porque “había pactos de connivencia” y remarcó que “en diez años nunca hubo un informe positivo de los organismos de Derechos Humanos”. 

“La política no habló durante muchos años del Servicio Penitenciario Bonaerense, que es el más grande de la Argentina y que todos sabemos que desde hace años funciona mal y que nunca nadie quiso reformar”, dijo y sentenció: “Las fuerzas se autogobernaban pero esto se terminó. Parte de nuestro compromiso es pelear contra la corrupción y el mal funcionamiento de estas fuerzas”.