Vidal suspendió la autorización para fumigar en zonas de riesgo

No llegó a cumplir ni los 50 días de puesta en vigencia: el gobierno bonaerense suspendió por un año la Resolución N° 246-MAGP-18, que había aprobado en diciembre y que autorizaba a fumigar zonas linderas a escuelas, poblados y cursos de agua. Además, creó una comisión encargada de elaborar un protocolo específico de aplicación para las denominadas “zonas de amortiguamiento”. La medida había sido resistida por vecinos y organizaciones sociales y ambientales.

Publicada en el Boletín Oficial del pasado 17 de diciembre, la resolución firmada por el ministro de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires y ex gerente de la multinacional Monsanto, Leonardo Sarquís, habilitaba a partir del 1 de enero de 2019 la aplicación de fitosanitarios (léase fumigación con agrotóxicos) «en los lotes contiguos al área urbana, zona residencial extraurbana, área de población dispersa, márgenes de cursos o cuerpos de agua, zonas de bombeo, establecimientos educativos, áreas de esparcimiento y reservas naturales que comprenderán la zona de amortiguamiento».

Esta vez el Ministerio resolvió modificar el artículo 5 de la Resolución, en el que se abstiene por el término de un año en forma total de realizar “aplicaciones y pulverizaciones de fitosanitarios, en los lotes que linden con establecimientos educativos, campos de bombeo o baterías de pozos para el abastecimiento público, cuerpos y cursos de agua emplazados en el área rural”.

En el caso de las excepciones deberán ser “estrictamente justificadas” con la intervención de un “profesional Ingeniero Agrónomo matriculado, autorizando y documentando las mismas previamente, siendo responsable ante las autoridades locales de dicha práctica y sus consecuencias”.

No obstante, se aclara que “estas deberán realizarse fuera y lejos de los horarios de clases, y de otras actividades, y post finalización de las mismas, y siempre y en todos los casos sin presencia alguna de personas o animales”.

La resolución de principio de año fue resistida tanto por los habitantes de la provincia como por organizaciones sociales y ambientales, incluso, una directora de una escuela rural de Chivilcoy interpuso un amparo contra la resolución para evitar que “envenenen” a sus alumnos.