Los datos se desprenden de las estadísticas construidas por la Comisión Provincial por la Memoria sobre el sistema penal y las violencias estatales.

«Todas las muertes que se produjeron durante lo que va del año suman un total de 168; en el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) ocurrieron 102; en comisarías 5 y por brutalidad policial fueron 61″, denunció Roberto Cipriano García, abogado y secretario ejecutivo de la CPM, en diálogo con Tiempo. Continuó señalando que la «sobrepoblación en cárceles y alcaidías fue de 101%; en comisarías 99%».
«En los penales dependientes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) hay 50.104 personas; 2.441 en comisarías; 3.796 en alcaidías y otras 4.442 permanecen con monitoreo electrónico», enumeró el secretario ejecutivo y continuó: «En total, son 60.873 las personas que están detenidas y en conflicto con la Ley Penal».
También brindó un pantallazo general de cómo se viene dando la situación de los jóvenes en el encierro, quienes permanecen bajo la tutela del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA), que depende del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires.
«Durante 2023 se produjeron 828 ingresos de jóvenes a los centros de detención. Esto se traduce en un 10% más respecto a 2020, el 87% de ellos ingresó a centros cerrados y de recepción, lo que implica un régimen de encierro total», explicó el letrado.
«El 83% de los jóvenes tenían entre 16 y 17 años al momento de ingresar al Sistema Penal Juvenil, el 13% de ellos tenía menos de 16, los menores de 16 años son considerados no punibles y no deberían ser alojados en centros de detención», se quejó el secretario ejecutivo. «Más de la mitad de los jóvenes que egresaron durante 2023, tenían entre 16 y 17 años, seguidos por aquellos que tenían 18 o más», contó.
Del total de jóvenes que egresaron de los centros de detención durante 2023, «el 67% había estado dentro del circuito institucional entre 0 y 6 meses. Respecto de 2019, en 2023 aumentó la proporción de jóvenes que egresan después de permanecer más de un año dentro del circuito», apuntó el abogado.
Además, durante el 2023, «54 jóvenes fueron derivados a comunidades terapéuticas», señaló. En la actualidad, «estamos observando la situación de los adolescentes en conflicto con la Ley Penal y pronto tendremos datos del año en curso», finalizó.
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