Para el presidente del gobierno español es la condición necesaria para abrir una mesa de diálogo con los independentistas. La derecha nacionalista no acepta la medida.
Según la retransmisión en directo de la televisión catalana (TV3), la primera en salir fue la expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, que fue recibida por la actual presidenta de la Cámara, Laura Borràs, miembros de los partidos independentistas y diputados.
Forcadell, que estuvo internada en la prisión de mujeres de Wad-Ras en Barcelona durante más de tres años, describió este como un día de «alegría» para los presos salientes y sus familias, aunque es «una victoria parcial» porque lo que buscan es «amnistía para todos los represaliados».
Minutos después hicieron lo mismo los siete hombres confinados en la cárcel de Lledoners (Barcelona), que salieron juntos del centro acompañados de una bandera independentista y una pancarta con el lema «Freedom for Catalonia».
Salieron el exvicepresidente catalán y líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras; los exconsejeros del Gobierno catalán Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, y Joaquim Forn; y los líderes sociales Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.
El presidente de Cataluña, Pere Aragonès, fue el primero en abrazar y dirigir unas palabras a los dirigentes, que fueron vitoreados por familiares, amigos e independentistas que se acercaron a la prisión.
La última en abandonar su centro, el de Puig de les Basses (Girona), fue la exconsejera Dolors Bassa, que calificó este de «un primer paso que abre la puerta a hacer las cosas desde la política y a dejar de judicializar»
«Salimos nueve personas, pero hay muchas encausadas», afirmó la exdirigente catalana, según consigna un cable de la agencia Spuntik.
Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, líderes en aquel momento de dos potentes asociaciones que abarrotaron las calles de manifestantes en favor de la independencia de esta región española, también dejaron sus celdas. Ambos fueron los primeros en ingresar en prisión, el 16 de octubre de 2017.
«Hasta el día de la victoria seguiremos trabajando con toda la gente de este país, sin excluir a nadie, para hacer realidad el sueño de una república catalana. ¡Viva Cataluña libre!», dijo Junqueras al salir, hablando desde una tarima.
«No aceptaremos ningún silencio a cambio de ningún indulto», clamó poco antes Jordi Sánchez.
Entre los manifestantes se escucharon consignas como «¡gracias por tanta dignidad!» o «sois nuestro orgullo».
«Estoy aquí porque el sacrificio que han hecho ellos por Cataluña y por todos nosotros ha sido muy grande. Es una manera de darles las gracias», dijo a la agencia AFP Ignasi Solé, un mecánico jubilado que recorrió casi 100 km hasta Lledoners.
El Tribunal Supremo condenó en 2019 a los nueve a penas de entre 9 y 13 años de cárcel, y este miércoles ordenó excarcelarlos, tras el indulto concedido el martes por el gobierno español.
Una medida fustigada por la oposición de derecha pero con la que el ejecutivo de izquierdas de Pedro Sánchez quiere promover el «diálogo» y la «concordia» en Cataluña, donde los separatistas denunciaron sistemáticamente el encarcelamiento de sus líderes por considerarlos «presos políticos».
En los últimos meses, los nueve habían disfrutado no obstante de numerosos permisos para ver a sus familias o trabajar.
«La generosidad y el respeto son el camino que hemos elegido. Y esperamos que esos cientos de miles de catalanes y catalanas a los que representan los políticos indultados elijan también esta misma senda», escribió Pedro Sánchez este miércoles en una tribuna en el diario El País.
«Cuanto antes seamos capaces de superar la división, antes podremos dedicar toda nuestra energía política a mejorar la vida real de la ciudadanía», añadió el dirigente socialista, que después del verano prevé reanudar una mesa de negociación con el gobierno catalán, en donde los independentistas quieren incluir a Junqueras.
Antes de que se reúna la mesa, Pedro Sánchez recibirá en Madrid a Pere Aragonès el 29 de junio, informó el gobierno.
Los indultos son parciales: aunque a los nueve se les conmutan los años de cárcel pendientes de cumplir, siguen inhabilitados para ejercer cargos públicos.
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