Ya entró en vigencia un nuevo Protocolo de Abortos No Punibles

A menos de un mes de la derogación del Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) por parte del gobierno de Mauricio Macri, este viernes se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 1/2019 del Ministerio de Salud que actualiza las garantías de los derechos sexuales y reproductivos de las personas.

«La aprobación por Resolución Ministerial del Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo es un imperativo de la política sanitaria nacional en salud sexual y reproductiva», señaló la resolución y agrega que el nuevo texto «está orientado por los objetivos que una política sanitaria en este campo debe seguir: garantizar los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las personas y los derechos de pacientes; basarse en evidencia científica actualizada; proteger y acompañar a los equipos de salud como responsables de atender la salud de la población; y orientarse por el principio de equidad para llevar las mejores prácticas a quienes más las necesitan».

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La escena, ciertamente impensada tiempo atrás, es reconfortante. El titular del Ministerio de Salud, restablecido hace dos días de su degradación a secretaría, se presentó en conferencia de prensa flanqueado por tres funcionarias, las tres con el pañuelo verde de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito en la muñeca izquierda.

Como había prometido, Ginés González García ordenó la inmediata publicación del Protocolo para la atención de abortos no punibles, una actualización respecto del que había sido derogado.

“No queremos que esto se convierta en un combate, alejado de la salud pública. Aquí se trata simplemente de respetar un derecho y hacer cumplir la ley”, dijo Ginés. Expresó que sabe que “muchas organizaciones antiderechos lo van a cuestionar”, pero que hacer valer el derecho a la interrupción legal del embarazo es, para él, un “compromiso personal”.

Respecto del Protocolo, dijo “confío en que las provincias mayoritariamente adhieran, muchas ya lo han hecho, pero otras, grandes, todavía no”. Y advirtió que si bien “somos respetuosos de la objeción de conciencia, esto no puede ser una coartada para que no se respete la ley, porque se trata de un derecho que debe ser garantizado y no puede quedar sin respuesta institucional”.

Agregó que es una herramienta que dará “seguridad a los trabajadores de la salud, porque es intimidatorio lo que pasó”, en referencia a la derogación del y a los amparos que presentaron organizaciones “pro vida” en varios distritos –se menciono especialmente las causas abiertas en Tucumán- contra médicos que practicaron la ILE. “Con este Protocolo damos un instrumento sanitario par que se cumpla con la ley y proteger a las personas que lamentablemente están en una situación de interrupción legal del embarazo”.

Habló asimismo del carácter dinámico del Protocolo, “ajustado a nueva información científica y a los cambios legales”, en referencia a los estándares de la Organización Mundial de la Salud y a modificaciones en la normativa tras la aprobación del nuevo Código Civil en 2015, y predijo que “en un par de años habrá que hacer otro”.

González García se refirió brevemente durante la conferencia de prensa a otras prioridades de su cartera. Habló de recuperar la política de inmunizaciones, y mencionó la existencia de vacunas, ya adquiridas por el Estado, que están frenadas en la Aduana. En ese punto, explicó por qué considera clave la aprobación de la emergencias sanitaria: permitiría eliminar las tasas que frenan la distribución de esas dosis.

“Es un presupuesto exiguo, de los más castigados, el prorrogado de la gestión anterior, y las pocas monedas que quedan podrían así reasignarse a lo que consideramos prioritario”, dijo.

Respecto de la política de medicamentos, “que queremos que sea un punto fuerte de nuestro gobierno, como lo fue anteriormente”, el ministro aseguró que “hemos pedido de urgencia a la industria que considere una rebaja masiva para todos los medicamentos. Sé que están trabajando intensamente, pero no podemos decir nada hasta que no lo digan ellos”. Y explicó que recuperar el funcionamiento del plan Remediar, que el propio Ginés instituyó durante su primera gestión al frente del Ministerio de Salud, demandará, por su presupuesto y por la magnitud de la logística que involucra, entre 90 y 120 días.