Referente entre las madres protectoras, explica el derrotero de mujeres que denuncian abusos sexuales a sus hijes. Una justicia que no está a la altura de la urgencia.
“Al abuso sexual en las infancias lo entendemos como un problema de Derechos Humanos. Implica un daño comparable a la tortura. Desde el punto de vista físico en los casos en los que hay daño físico e irrupción física. Puede llegar incluso hasta embarazos. También hay un daño psíquico que se prolonga a lo largo de la vida de esa persona”, explica a Tiempo Argentino, Yama Corin.
Es madre protectora y su hija, Luna, ya tiene 20 años. Hace más de una década sostiene la denuncia contra su progenitor. Los hechos sucedieron entre sus 6 y 9 años. El juicio oral está previsto para agosto de 2023, lo cual les parece increíble.
“Existe una violación permanente a los Derechos Humanos de niños y niñas en un estado democrático, donde -no casualmente- a las madres que denunciamos esta situación de tortura nos tratan de locas. Descreen de nuestra palabra, asumen que inventamos o que hicimos que nuestros hijos mientan. El mismo trato que tuvieron las Madres de Plaza de Mayo es para nosotras”, dice.
Ese símbolo de lucha define a las madres protectoras. No se trata de una comparación del grado de la violencia, pero sí del desprecio que reciben al momento de denunciar, cuando buscan proteger y deben soportar el revés de verse criminalizadas.
“Muchas madres tenemos una disputa que lleva años para evitar el vínculo con sus abusadores, o sea de poner a salvo realmente a nuestros hijos e hijas. Eso nos dio nuestra identidad. Una identidad política que tiene que ver con el feminismo del cual fuimos tomando herramientas en los últimos diez años”.
Yama señala que la conquista del derecho al aborto fue el contexto imprescindible para poner sobre la mesa el derecho a elegir por sobre las propias vidas.
“Cuando el feminismo estuvo en la calle y nos encontramos con fortalezas. No era sólo el aborto eran una cantidad de violencia, que no las estábamos discutiendo como sociedad. Nos encontramos entonces en ese marco, las madres protectoras en los juzgados, en las plazas, con herramientas históricas contra la impunidad como los escraches”, recuerda.
La justicia inalcanzable
“Sólo el 1% de las denuncias por abuso sexual en la infancia llegan a una sentencia para el agresor”, detalla Yama Corin. Son sólo los casos que llegan a instancias judiciales. “No me imaginé que después de la denuncia pasarían tantos años, ni lo que significa enfrentarse al patriarcado de frente”
Allí comienza otro periplo. La justicia como institución del Estado debe ser garante de derechos y debe penalizar delitos. Las pocas estadísticas que se conocen en los casos de niños y niñas víctimas de abuso, marcan que el 6 de cada 10 son niñas y el 40% niños en términos binarios. No describen lo que sucede con las infancias diversas.
“Es un delito que se investiga como un delito cualquiera cuando tiene sus particularidades. No hay especialización en los operadores de la Justicia, ni perspectiva de género, ni de niñez”. Según cuenta Corín, también hay falencias en el proceso de pruebas respecto a la falta de peritos de parte. No existe el patrocinio gratuito ni equipos interdisciplinarios accesibles.
Según la Fundación Red por la Infancia de cada 1000 casos de abuso sexual, solo 100 se denuncian y apenas 1 recibe una condena. “Como laburante pude sostener el patrocinio jurídico. Estuve acompañada por mis compañeras y por un proceso social que me sostuvo como feminista. No todas las madres tienen porqué ser feministas. No todas las madres pueden pagar un patrocinio jurídico y no todas las madres pueden tener las condiciones que les permitan sostener una pelea contra un sistema”.
Yama Corin es una de las autoras del libro Poder Judicial: la última trampa del Patriarcado. “La reforma judicial feminista es una necesidad vital y es una consigna a la que tenemos que llenar de contenido y eso se construye de forma colectiva”.
Si bien en Argentina fue rechazada la existencia del Síndrome de Alienación Parental (SAP) por numerosas entidades profesionales y autoridades en materia de niñez y salud, no faltan los juzgados que de forma velada insisten en considerarlo. El falso síndrome de alienación parental se aplica convirtiendo al denunciado en víctima y a la denunciante en victimaria. Se acusa a las mujeres de inventar el hecho y de alienar a sus hijos. Su utilización por parte de los magistrados se opone a la vigencia de la declaración internacional del derecho del niño.
Niña Arcoiris. Luego de denunciar y probar los abusos, la justicia riojana insiste en revincular a una nena con su familia paterna. Amenazan con quitarle la tenencia a su mamá, que hoy tiene más de una causa abierta.
Alerta por Martín. El nene tenía 7 años en febrero 2021 cuando pudo contar los abusos que sufría por parte de su papá. En 2022, un juez absolvió al abusador y dictó la revinculación.
Niña Sol. En 2018 la mamá de Sol, a partir de los indicios de abuso sexual que presentaba la nena, denunció ante la justicia. En 2019, una jueza quitó la tenencia a su mamá y obligó a la nena a vivir con la familia de su papá, su abusador.
Niño Sol fue víctima de abuso cuando tenía 15 años por parte de su padrastro. La denuncia fue hace 5 años y desde entonces esperan justicia.
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