La Unidad de Información Financiera presentó una denuncia penal por la filtración de los datos del caso.
El reporte fue realizado por un banco el pasado 30 de julio e involucra a la empresa Zefico SA, una sociedad anónima sin antecedentes comerciales.
El alerta se activó luego del ingreso de US$ 800.000 entre abril y junio de 2025, mediante dos transferencias realizadas dos hijos del fundador de la empresa, Pablo Costa. Lucas y María Costa aportaron US$ 400.000 cada uno que, luego explicaron, se trató de una donación de su propio padre, según publicó La Nación, donde se dieron a conocer todos los detalles del caso.
A su vez – siempre según el mencionado medio – Costa explicó que había recibido dinero por una donación de su madre por US$ 500.000. La mujer, de nombre María, tuvo que aportar una declaración jurada del período enero-diciembre 2023 en la que aparecía ese monto como parte de su patrimonio, en concepto de dinero en efectivo.
El problema fue que una declaración jurada de 2021 mostraba que la mujer tenía su patrimonio en cero, sin propiedades ni ingresos.
Tras el reporte, el dinero fue transferido desde Zefico a dos sociedades: Netafim Argentina SA, dedicada al riego agrícola, y Tonka SA, vinculada a la industria del gas. La operación se realizó bajo la figura de un mutuo, es decir, un préstamo de los socios a la empresa.
A su vez, aseguran que Caputo figura como único empleado de Zefico y tributa en la tercera categoría de Ganancias, por lo que puede facturar servicios al Estado sin estar obligado a presentar declaración jurada de patrimonio.
Luego de recibir la alerta y que este se comunicara en los medios, la Unidad de Información Financiera (UIF) presentó una denuncia ante la Justicia por filtración de los datos del caso.
La presentación judicial la realizó Paul Starc, que lidera el organismo, tras recibir «una comunicación en la que se le hizo saber de la presunta existencia de una filtración de información confidencial que contendría un informe de inteligencia financiera e integraría un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) de carácter secreto de acuerdo con lo establecido en la ley 25246».
En el comunicado publicado este jueves, la UIF hace referencia al artículo periodístico de La Nación y señalan que ahí «se describiría con exhaustivo detalle toda la información relativa al ROS», algo que tiene carácter de secreto de acuerdo con lo establecido por la ley 25.246.
Por este motivo, Starc dispuso que se realice una investigación contundente sobre todos los miembros de la UIF para saber quién tuvo acceso al sistema y consultó el reporte en cuestión. Tras llegar a la conclusión de que ningún integrante del organismo había accedido al ROS salvo expresa instrucción, se formuló una denuncia penal ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4 a cargo del Dr. Carlos Stornelli.
Esta nota se publicó originalmente en el medio cooperativo El Ciudadano.
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