A siete años del ataque a Tiempo Argentino, la Justicia dilata el inicio del juicio y sostiene la impunidad

A dos días de un nuevo aniversario del ataque a la redacción de Tiempo, la Justicia volvió a darle la espalda a sus trabajadores y trabajadoras y sigue dilatando el inicio del debate. En mayo, la causa había sido elevada a juicio oral y ahora, desde la Procuración General de la Nación piden más detalles sobre uno de los tantos delitos que se le achacan a la patota que comandó Mariano Martínez Rojas aquel 4 de julio de 2016 con el fin de silenciar a la cooperativa Por Más Tiempo generando destrozos en las instalaciones donde funcionaba el diario, y también Radio América, en el barrio porteño de Colegiales.

El expediente, que tiene como imputados al defraudador Martínez Rojas; a Juan Carlos Blander, como reclutador de los violentos; y a 13 sospechosos más, había sido elevado a juicio oral por el Juzgado Criminal y Correccional Federal 8, a cargo del juez Marcelo Martínez De Giorgi, una vez que la Sala 1 de la Cámara Federal porteña, sugestivamente, desligó del caso al subcomisario Carlos Aparicio y al comisario Jorge Azzolina, quienes estaban al mando de la entonces comisaría 31 de la Federal, hoy perteneciente a la Policía de la Ciudad. Ambos jefes policiales le dieron cobertura a los agresores.

Tras años de idas y vueltas, Martínez De Giorgi había dado por probado durante la instrucción que los acusados cometieron delitos tales como «usurpación, daño, interrupción de las comunicaciones y robo» al establecer que esa noche la patota irrumpió en el edificio de Amenábar 23 y «retiró de manera violenta y mediante el uso de la fuerza y amenazas a los tres trabajadores que se hallaban en el lugar, provocó serios daños en los bienes muebles, cortó específicamente las comunicaciones mediante el cercenamiento de los cables de conexión a Internet, teléfono e intranet, y sustrajo principalmente con violencia elementos pertenecientes a la empresa y necesarios para el funcionamiento de la redacción y la radio».

Según reconstruyó el juez, «Todo ello buscó y provocó, entre otras cuestiones, una grave afectación del derecho al trabajo y a la libertad de expresión y de prensa de los comunicadores del diario Tiempo Argentino y Radio América, así como también, vulneró el derecho constitucional y convencional a la información de la sociedad a través de medios de comunicación».

La causa fue elevada a juicio en febrero y recién en mayo la Cámara Federal de Casación Penal designó al juez Enrique Méndez Signori, del Tribunal Oral Federal N° 7, para que lleve adelante el debate. Además, se estableció que la fiscal sería Estela Fabián León, a cargo de la Fiscalía General 5.

Vueltas y más vueltas

Sin embargo, este lunes el fiscal general adjunto de la Procuración General de la Nación y coadyuvante de la Fiscalía General 5, Gabriel González Da Silva, manifestó en un escrito ante los Tribunales Orales que el delito de «interrupción de las comunicaciones», por el cual fue convocado el fuero Federal de excepción, «demanda una completud adecuada, no pudiendo en esta etapa de plenario integrarse los elementos omitidos o difusos en orden a desarrollar una intervención eficaz (en el juicio oral) de las funciones encomendadas al Ministerio Público Fiscal».

González Da Silva sostuvo que «se trata de un delito de resultado que exige, por un lado, una efectiva interrupción o entorpecimiento de un servicio de comunicación determinado y, por el otro, que ello afecte a la comunidad en general y no a una persona o grupo de ellas en particular, por la naturaleza del bien jurídico protegido».

Entonces, el funcionario judicial advirtió que en la instrucción «no se identifica cuál o cuáles fueron las comunicaciones que se vieron interrumpidas y no llegaron a ser ‘comunicadas’ a la sociedad en general», al considerar que fueron mencionadas en «forma genérica sin alcanzar suficiente determinación».

Y continúa: «El requerimiento hace mención a la imposibilidad de emisión del periódico y a la transmisión de la programación de la radio, sin indicar cuál o cuáles eran los programas que efectivamente debían comunicarse y no pudieron llevarse a cabo, ni cuánto tiempo duró la interrupción, lesionando la seguridad pública como bien jurídico tutelado por la norma», insistió González Da Silva.

Tras la solicitud del fiscal, «corrieron traslado» a la querella, o sea la Cooperativa Por Más Tiempo, representada por la abogada María del Carmen Verdú, quien ya adelantó que responderá formalmente (ver aparte) en los próximos días. Luego, el juez del Tribunal Oral deberá resolver si la causa vuelve a la instrucción, tal como pretende el fiscal González Da Silva o si, finalmente y de una vez por todas, los violentos y estafadores se sentarán en el banquillo de los acusados a rendir cuentas por uno de los peores ataques a la prensa desde el retorno de la democracia, 40 años atrás. «