Avanzan en una reforma laboral consensuada entre la CGT y el Gobierno

Por: Alfonso de Villalobos

Habrá reuniones técnicas hasta el miércoles y el jueves la conducción de la central formalizará una posición. Aseguran que hay partes “positivas” y otras “inadmisibles”.

Luego del cimbronazo generado por la difusión de un borrador de proyecto de ley ómnibus que incluye reformas en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) a contramano de lo que había prometido el gobierno previo a las elecciones, la conducción de la CGT se avino a sumarse a una mesa de trabajo para “buscar consensos”. 

En una reunión realizada el viernes pasado en Alem se acordó una hoja de ruta que comenzó hoy con una mesa entre técnicos de ambas partes que analizarán el proyecto punto por punto. Recién el jueves a las 13 horas se reunirá la conducción de la CGT para formalizar una posición pero ya se han encargado de dar algunas pistas sobre cuáles son los puntos que están dispuestos a aceptar y los que pedirán que sean retirados del proyecto.

Héctor Daer, el sábado por la mañana en conversaciones con Radio 10 señaló que “esto, así como está, no pasa” un mensaje que pretendió mostrar firmeza pero que, bien leído, significa la aceptación de una ruta de negociación con el propósito de aceptar algunos puntos y resignar otros a cambio. 

La envergadura del ataque que contempla el borrador de proyecto de reforma ofrece mucho margen de negociación al gobierno para ceder algunos puntos y, sin embargo, avanzar sensiblemente sobre conquistas históricas de los trabajadores.

En el mismo programa, Daer dio más detalles sobre los puntos que cuestionaría la CGT y que, de conseguirlos, le servirán para tratar de mostrarse victoriosa en una negociación. 

En primer lugar buscarán que el gobierno retroceda con su reclamo de modificación de la definición de trabajo que hoy existe en la LCT. El proyecto incorpora la idea de que en el vínculo salarial existe una relación de “cooperación” entre iguales avasallando el criterio de relación asimétrica que obliga al Estado a ofrecer una preferente tutela sobre los trabajadores y le otorga a la parte patronal obligaciones distintas con relación a su contraparte. Daer señaló que “esto destruye el derecho laboral”. 

Del mismo modo, el dirigente de la sanidad y miembro del triunvirato la emprendió contra la modificación del criterio de ius variandi que habilita en los hechos al empleador a modificar tareas, horarios y jornadas sin consentimiento del empleado recortando su capacidad de bloquearlo legalmente a través de una medida cautelar de tratamiento sumarísimo. No así al principio de irrenunciabilidad de los derechos que dispone el proyecto y que habilita a que el trabajador, en forma individual, resigne conquistas que están plasmadas en los convenios que rigen su actividad. De este modo se habilita la polifunción y se lesiona el alcance protector de los convenios de trabajo. 

Según el diario Ámbito Financiero fuentes de Trabajo reconocieron que la irrenunciabilidad es uno de los puntos que no están dispuestos a ceder amparados en que se trata de una condición para viabilizar el proyecto de blanqueo laboral que, por otra parte, la CGT ya manifestó acompañar. 

De hecho, fuentes de la CGT reconocieron a Tiempo que el proyecto “tiene cosas muy buenas que sirven para crear empleo y no nos vamos  a oponer a eso” en referencia precisamente al blanqueo laboral del que se van a beneficiar con fuertes exenciones aquellos empresarios que hayan evadido cargas patronales en los últimos años.

Ámbito Financiero además, reveló que la cartera laboral estaría dispuesta a retroceder con su propuesta de reducción del plazo de prescripción para las acciones judiciales contra los empresarios, que hasta ahora es de dos años y que el proyecto propone reducir a uno. El otro punto “irrenunciable” por parte del gobierno sería la redefinición del salario a la hora de establecer los montos de las indemnizaciones por despido que dejaría de incluir toda suma no habitual como aguinaldo, horas extras, premios u otros beneficios como telefonía o vehículo. 

El gobierno, además, propone en el artículo 120 comenzar una caza de brujas para reducir el número de sindicatos existentes (se estima que están bajo la mira entre 500 y 800 entidades) algo que, formalmente rechazó el triunvirato de la CGT pero que podría convertirse en moneda de cambio toda vez que refuerza el unicato y el poder de los mismos dirigentes de la central.

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