Es por el retraso salarial y la intransigencia del Gobierno. En 2018 los sueldos de los profesores perdieron más de 12 puntos contra la inflación.
Tanto la Conadu Histórica como la Conadu aseguran mediante sus comunicados que el gobierno está creando nuevamente las condiciones para que no inicien las clases las 57 universidades nacionales en las que estudian cerca de 2 millones de estudiantes y en las que enseñan unos 190 mil docentes.
Así ocurrió en el segundo cuatrimestre del año pasado, cuando especialmente la Conadu (H) sostuvo un plan de lucha que postergó el inicio de las clases por un mes y medio y que concluyó en un acuerdo de entre un 23 a un 25% de recomposición para el año y dos fechas de revisión pautadas para enero y febrero de este año.
La propuesta inicial del gobierno se había fijado en un 15% que no se modificó durante cuatro meses, en los que hubo alrededor de 20 jornadas de paro que el gobierno ignoró manteniéndose durante 80 días sin convocar a una mesa de negociación. Días antes del comienzo del segundo cuatrimestre, las autoridades convocaron a una reunión en la que formalizaron una nueva oferta, pero de apenas el 10,8% que los docentes valoraron como una provocación que dio pie a un nuevo plan de lucha.
La huelga del segundo cuatrimestre, con gran acatamiento en todo el país y con una movilización a la Plaza de Mayo de 300 mil docentes y estudiantes, logró reabrir la discusión y elevar unos diez puntos el acuerdo incluyendo cláusulas de revisión que son las que se están activando en este momento. En el medio, sin embargo, se produjo la corrida cambiaria que disparó la inflación haciendo que el acuerdo quedara nuevamente muy por detrás de lo necesario para recomponer el poder adquisitivo de los docentes universitarios.
Con la propuesta del 5% concedida en forma unilateral los salarios de los trabajadores de la docencia universitaria continúan unos 12 puntos por detrás de la inflación registrada entre marzo y diciembre de 2018, período de vigencia de la paritaria en curso. Además, según denuncian los sindicatos, se trata de un aumento no remunerativo y no bonificable que afecta el financiamiento de la obra social y las futuras jubilaciones.
En paralelo, el gobierno dio a conocer su intención de abrir paso a una auditoria sobre las universidades nacionales que podrían ser un preámbulo de una ajuste sobre cargos docentes y que persigue el objetivo de instalar un nuevo eje por fuera de la discusión salarial.
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