Consenso con la CGT, refinanciación de deudas y moratoria, la agenda empresaria pospandemia

El pasado viernes, antes de la conferencia de prensa de Alberto Fernández y de que se dieran a conocer los nuevos sectores exceptuados de la cuarentena, las empresas saludaron lo que anticipaban como un nuevo paso del gobierno en la reapertura de sectores completos de la economía.

A la par, redoblaban la apuesta con un pedido para que el Estado cubra también el 50% de los salarios de las firmas con más de 800 empleados que aún no acceden al programa ATP lanzado durante el confinamiento. Se trata de los grandes conglomerados alimenticios que están exceptuados porque nunca dejaron de trabajar, entre otros gigantes industriales.

Con las sucesivas ampliaciones del ATP, la administración pagará el 50% de los sueldos de abril de 2,1 millones de trabajadores yrepetirá los pagos de una cantidad todavía mayor el mes que viene, además de aplicar otras medidas de reducción salarial.

Pero las compañías sostienen el argumento deque no están en condiciones de cumplir con esas obligacionesy aseguran que se preparan para meses de “fuertes consensos” con los sindicatos en el marco de una hipotética reaparición del Consejo Económico y Social (CES), que anticipan como espacio de legitimación de esos acuerdos y de alguna forma de “salvataje” para las empresas.

Curiosidad del nuevo mundo posCovid-19, el CES, otrora cuestionado como instrumento del Estado intervencionista, resurge alentado por sectores del empresariado: la Unión Industrial Argentina (UIA) lo desempolvó esta semana y el viernes un dirigente sanitarista lo confirmó a Tiempo tras una videoconferencia con otros CEOs de grandes empresas.

El día después

En esa reunión virtual, previa a la conferencia de prensa de Alberto Fernández,los empresariosdieron por hecha la vuelta de la industria automotriz y la de sus proveedores autopartistas a partir del 18 de mayo, una semana antes del fin del nuevo período de resguardo sanitario. Además destacaron la posible reactivación de unas mil compañías.

El entusiasmo crecía junto con las expectativas. “La cuarentena es una etapa en la que lo importante es sostener a las empresas para que lleguen vivas a la segunda etapa, la del plan de reactivación”, analizó el dirigente consultado. “El día después –auguró- deberá traer condiciones para refinanciar las deudas, una moratoria impositiva y aportes para capital de trabajo, del Estado o de los bancos. Un rescate”,  y reconoció que “requiere de un plan integral” y “el Consejo Económico y Social podría ser una vía” para realizarlo.

Un tema que se agrega es el reclamo de ampliación del programa ATP a las empresas de más de 800 empleados, es decir las grandes. “El problema es para todas las empresas porque todas están afectadas. Más empleados equivalen a más sueldos que pagar”, dijo la fuente.

El mismo criterio defendió el vicepresidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, también titular del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp), en una entrevista con Infobae.com. Funes de Rioja informó que la gestión para las grandes alimenticias ya se hizo formalmente al gobierno.

Consensos

En la conferencia de prensa en la que anunció la nueva etapa de la cuarentena, el presidente destacó como “extraordinario” el encuentro que tuvo a principios de la semana en Olivos con el G6, el grupo de las seis cámaras sectoriales más representativas del sector privado. En esa reuniónlos visitantes respaldaron su negociación de la deuday abogaron por reaperturas de nuevos sectores a la economía.

El gobierno difundió la foto como un apoyo contundente del empresariado, lo que motivó unarespuesta de la Asociación Empresaria Argentina (AEA). La entidad que integranlos referentes de las empresas más grandes del paísabogó por los mismos temas pero en un tono más enérgico. El presidente respondió a través de Radio con Vos que “salir de la cuarentena como reclaman algunos es llevar a la muerte a miles de argentinos”.

Poco después, el titular de la empresa Accenture, Sergio Kauffman, miembro de AEA, le bajó el tono a la discusión en diálogo con Tiempo. El empresario afirmó que el comunicado de la entidad “no pretendía marcarle la cancha a nadie” sino que “era simplemente la visión de gente preocupada porque tiene que pagar salarios”.Kaufman destacó que “el gobierno hace lo que tiene que hacer en este contexto” y que “hay que balancear porque el riesgo que se corre son las vidas de las personas”.

En la conferencia de prensa que brindó un par de horas después, el presidente volvió a referirse a los factores de poder que presionan para precipitar una reapertura económica que va a contramano del interés sanitario de las mayorías, pero se excusó de mencionar nombres porque “la gente sabe quiénes son”, subrayó.

La devaluación también está en el temario

La pelea que a fines de abril mantuvieron la Cámara de Exportadores de Cereales (CEC) y la Mesa de Enlace amenaza con agudizarse en los próximos días, a medida que se haga cada vez más claro que los grandes productores y acopiadores de soja no se van a desprender de los más de 9000 millones de dólares que acumulan en granos.

Es que el tipo de cambio desdoblado y con una diferencia superior al 70% les indica que tarde o temprano el dólar oficial irá hacia ese destino, en torno de los 100 pesos por unidad.

El sector de los exportadores, que también reúne a la industria que muele soja para producir aceite, harina y biodiesel, es de los que reclama una caída de la cuarentena: si la producción retoma, crecerá la demanda de biodiesel, que se usa para cortar gasoil, lo que obligará a los acopiadores a vender parte de los granos de soja.

Además, los exportadores bucan sacarse de encima la acusación de que no están liquidando las divisas de las exportaciones de granos. Con una cosecha superior a la de 2019, esa entrega de dólares viene casi 20% abajo que el año pasado.