Cuestionan la falta de transparencia en el valor de producción de gas

«La energía cuesta y hay que pagarla», aseguró días atrás el presidente Mauricio Macri. Lo que no dijo es cuánto cuesta el gas. Nadie lo quiere decir. Ni siquiera quiso decirlo el exministro Juan José Aranguren, ante la consulta del diputado José Luis Gioja, en la Cámara Baja.

Gioja: –¿Usted sabe cuál es el costo del gas en boca de pozo? ¿Cuánto vale el millón de BTU, de costo, en Argentina?

Aranguren: –Tiene distintos valores para distintas cuencas…

Gioja: –No, un promedio, ministro, un promedio. Obvio que hay distintos valores.

Aranguren: –Déjeme terminar. Distintos valores para distintas cuencas y distintas empresas porque depende de qué inversión se hizo para obtener ese gas y no es la misma para cualquier tipo de producción.

Gioja: –¿Pero alrededor de cuánto cree que anda?

Aranguren: –No, me resisto a contestar una pregunta de esas características.

«Es el gran tema de la Argentina. El gas es el 50% de nuestra matriz energética y nadie sabe cuánto cuesta producirlo», resumió a Tiempo Andrés Repar, ex vicepresidente del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y actual coordinador del Instituto de Energía Scalabrini Ortiz. «En Estados Unidos hay un mercado de gas. Está el Henry Hub, que es una convergencia de 10 o 12 gasoductos y que establece un precio de referencia. Nosotros no tenemos nada de eso. No hay una publicación de precios ni hay competencia: tres empresas controlan el 75% del mercado», aseguró.

El precio de gas en boca de pozo, cuya unidad de medida es el millón de BTU (MBTU), «desde el ’92 para acá, de alguna manera u otra, fue establecido por el Estado», agregó. El problema surgió cuando Aranguren estableció un sendero de precios que llevó al MBTU a 6,8 dólares. «En 2014, (Axel) Kicillof estableció un valor de 2,6 dólares por MBTU, que permitió cierta recuperación de la producción, que venía cayendo, y que estaba alineado con valores internacionales como los de Canadá y Estados Unidos, en 2 y 2,5 dólares, respectivamente. Era un precio más que razonable», opinó Repar.

Andrés Di Pelino, director de la carrera de Economía de la Universidad de Belgrano e integrante del Consejo de Administración del Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética (CEARE), analizó: «Se estableció un precio alto porque la idea era incentivar la inversión privada en Vaca Muerta y así incrementar la producción de gas. El problema fue que ese nuevo valor pasó a la boleta que recibe el usuario, lo que generó que las facturas subieran mucho más que los salarios y empujaran la inflación».

Para Di Pelino, «el problema es que nadie sabe si esta señal de precios se ajusta a los costos que tienen las petroleras locales para extraer gas. Estas no los dicen porque se justifican con el argumento de que esa información forma parte de su secreto comercial. Nadie los da a conocer. Ni siquiera YPF, en la que el propio Estado tiene control».

YPF sí tuvo que decir cuáles eran sus costos ante la SEC (la Comisión Nacional de Valores de EE UU). Allí, en diciembre de 2017, afirmó que el costo de producción era de U$S 2,09 por millón de BTU. Muy por debajo de los U$S 6,8 de Aranguren.

Con el cambio de autoridades en la ahora Secretaría de Energía, Javier Iguacel decidió poner un techo más bajo y dejó al MBTU en torno a los U$S 4, según el uso que se le dé al gas. Ámbito Financiero publicó el mes pasado que Energía preveía que «la gente va a pagar lo que salga la licitación, no lo que salga de la curva establecida arbitrariamente», en referencia al sendero de Aranguren.

Sin embargo, para Repar esos U$S 4 siguen por encima de los costos reales. «YPF declaró ante la SEC un promedio de 2,09 dólares por MBTU. El último informe de Planificación habla de costos de tight gas de 1,7 dólares. Tecpetrol está sacando gas en forma masiva a U$S 1,8, de acuerdo a lo que dicen que invirtieron y lo que están sacando» de gas, indicó Repar. «Que lo coloquen a 3 dólares podría ser razonable. Y es bastante holgado. Hay otros especialistas que lo colocan mucho más abajo.»

El sendero de precios de Aranguren se refugia en el import parity, que se fija en los precios de importación para establecer un valor.
«La empresa Total vende en Tierra del Fuego a 3,45 dólares. Descontadas las retenciones del 10%, el precio debe ser de 3,11 dólares. ¿Por qué no está a ese precio, entonces, el gas?», advirtió Repar.

Según Di Pelino, «hay que redefinir el marco regulatorio, la política energética y la política tarifaria. No se puede exhumar una ley de los ’90 y aplicarla así como así».

Para Repar, el costo de la producción de gas «debería establecerse en una audiencia pública, donde el Estado presente documentación verificable de los costos de las empresas», ya que «este valor no tiene transparencia. No explicita los márgenes de ganancia. El Estado no puede dar garantías al pueblo de que el valor que se le está cobrando es razonable». «

La marcha atrás en la compensación aún no es oficial

La devaluación del peso generó un terremoto en muchos sectores de la economía nacional. Sin embargo, el gobierno de Mauricio Macri se concentró en brindar una compensación a sólo uno: las productoras de gas.

El mecanismo impulsado por el secretario de Energía, Javier Iguacel, fue que la Diferencia Diaria Acumulada (DDA) sea pagada por el usuario, en 24 cuotas con interés. El repudio surgió desde todos los sectores. Ante el debate y las amenazas de las productoras de dejar de invertir, la administración Cambiemos dio marcha atrás en eso de que lo paguen los usuarios y decidió que se hará cargo el Estado. Al menos, así fue anunciado aunque nada de esto apareció aún en el Boletín Oficial.

Por su parte, el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) presentó ante la Justicia Federal de La Plata una acción de amparo colectivo de alcance nacional contra la medida.

La acción de amparo solicitada por Cepis pide a la Justicia que disponga la nulidad de la resolución 20/2018 «debido a su manifiesta inconstitucionalidad». Y solicita al Poder Judicial que ordene a la Secretaría de Energía que se abstenga de trasladar a los usuarios «los costos derivados de la devaluación del peso», hasta que se decida si los aumentos son o no constitucionales.