Desafíos y respuestas

Comenzaron a aparecer los primeros indicadores de actividad económica del INDEC en tiempos de pandemia, evidenciando una caída importante y esperable de la producción. Según el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE), en marzo se habría producido una baja interanual de la producción del 11,5%. Es la más profunda desde 2009 (-13,7%), cuando se sentían los impactos de la gripe A y de la recesión global producto de la crisis financiera. En términos mensuales, la merma fue del 9,8%, lo que da una idea del impacto de la pandemia.

El número confirma la tendencia prevista por el gobierno, que anticipó en abril que la baja en 2020 estaría en promedio por encima del 6,5%. Son guarismos más o menos similares a los que la CEPAL o el FMI avizoran para la región. Este dato no es menor, ya que se prevé una mayor tensión sobre los ingresos públicos, en un contexto en el que se precisa una importante expansión del gasto público.

El gobierno ha asumido un conjunto de erogaciones necesarias para morigerar al máximo posible los efectos que trae consigo la pandemia, en particular en los sectores más vulnerables. Prioridades que resultan más urgentes aún en un país que ya estaba en crisis antes de la llegada del Covid-19, con altos niveles de pobreza, falencias presupuestarias y de infraestructura.

De ahí el gran esfuerzo fiscal que se está realizando, a través de políticas como el IFE o el ATP, entre otras. Un esfuerzo que muestra una fuerte coherencia en la defensa de recursos que son de todos los argentinos y las argentinas. Por eso la presencia activa del Estado, regulando para que los subsidios destinados a pagar salarios no lleguen a grandes empresas que tratan de distribuir dividendos, o quieren obtener ganancias especulativas con el dólar. Para el caso de algunas firmas del agro, que retienen sus granos a la espera de una hipotética suba del dólar, ya no podrán acudir a los préstamos promocionales que otorgan los bancos, en tanto retengan más del 5% de lo cosechado. A su vez, se les otorga un instrumento de ahorro en pesos vinculado a la evolución del precio de cereales y oleaginosas.

En este contexto es imperioso pensar en la idea de obtener ingresos por distintas vías. Una de ellas es el proyecto de un tributo a las mayores fortunas del país, a las doce mil personas más ricas de la Argentina. Es una forma concreta y factible de generar una masa de ingresos fiscales para resolver los problemas de los más débiles. Una idea basada en los pilares de una Argentina más solidaria, medida que no debiera generar rechazo, y menos aún en un contexto crítico como la pandemia. Significa recurrir a un sector que no va a sentir cambios en su condición de vida.

Entre los múltiples frentes en los que se actúa, está el tema de la deuda. Este viernes venció la prórroga para el pago del vencimiento del bono global por 503 millones de dólares y se decidió no realizar el correspondiente pago. También este viernes se extendió el plazo de negociación hasta el 2 de junio para intentar arribar a un acuerdo con los bonistas. Es una medida que los mercados descontaban, en el marco de las negociaciones de buena fe que mantienen en alto la idea de darle sostenibilidad a la deuda. En el corto plazo también es una forma concreta de liberar más recursos para atender las consecuencias de la pandemia. Una negociación del gobierno argentino que encuentra fuerte apoyo en diversos ámbitos del exterior. Cabe recordar que entre los cerca de 160 economistas que firmaron la famosa carta de apoyo a las negociaciones está Carmen Reinhart, experta en finanzas internacionales, quien acaba de ser designada como vicepresidenta y economista principal del Banco Mundial.

Respuestas ante la pandemia

Los efectos de la pandemia se profundizan a escala global, y ya están impactando de manera mucho más inclemente en los países de la periferia, que parten de un lugar mucho más frágil, entre otras cuestiones, por el peso de la deuda, por los problemas fiscales y por los serios condicionantes de ingresos e infraestructura. Una situación absolutamente distinta a la de las economías avanzadas, que pueden llevar a cabo una movilización de recursos muy superior.

El FMI estimó que al 13 de mayo los gobiernos habían destinado cerca de 9 billones de dólares a las familias y las empresas, 1 billón más que lo informado tan sólo un mes atrás. Una respuesta de aproximadamente el 10% del PIB mundial. La vía del mayor gasto y la reducción de impuestos explica cerca de la mitad (4,5 puntos del PIB), y la otra parte se da a través de préstamos, garantías, inyecciones de capital, y demás operaciones que realizan los Estados.

Las asimetrías en cuanto al margen de acción de los países resultan evidentes. Del billón adicional del último mes, la mitad prácticamente provino de Estados Unidos (483 mil millones). La fotografía muestra a Estados Unidos destinando recursos fiscales directos por cerca del 12% del PIB, seguido por Australia (aproximadamente el 10%), y luego por Japón, Sudáfrica y Canadá. En el otro extremo están países en desarrollo como México, que apenas ronda del 1% del PIB.

En Europa, el mayor movimiento de recursos se da por la vía de los préstamos y las garantías financieras, con máximos en Italia y Alemania: cerca del 30% del PIB. Un mecanismo mucho más indirecto y que en última instancia es un reflejo de las dificultades que existen dentro de los límites de la Unión Europea para implementar las medidas fiscales necesarias para enfrentar la coyuntura.

En el plano de nuestra región la situación es particularmente compleja. En un reciente informe conjunto de la CEPAL y la OIT se estima una caída del PIB del 5,3% en 2020 y se afirma: “En la medida en que la dinámica de la pandemia se prolongue y las medidas de distanciamiento físico sigan siendo necesarias, cabe esperar que la contracción sea mayor a la proyectada (…). Junto al aumento de la desocupación, se espera un marcado deterioro de la calidad del empleo”. Según se señala en el documento, “el trabajo informal es la fuente de ingresos de muchos hogares de América Latina y el Caribe, donde la tasa media de informalidad es de aproximadamente un 54%, según estimaciones de la OIT. Muchos de estos trabajadores no tienen acceso a servicios de salud de calidad y, dadas las características de su trabajo, están más expuestos al contagio. Asimismo, sus ingresos son generalmente bajos, por lo que cuentan con una capacidad de ahorro limitada para hacer frente a períodos prolongados de inactividad. Tampoco disponen de mecanismos de sustitución de ingresos, como los seguros de desempleo, que generalmente están vinculados al trabajo formal”.

Estas problemáticas atraviesan a todos los países de la región, aunque no es obra de la casualidad sino de las políticas neoliberales que se han venido aplicando durante décadas y cómo éstas amplifican los efectos negativos del Covid-19. En este sentido, el presidente Alberto Fernández, en su visita a Santiago del Estero, comentó que “no están en discusión las bondades del capitalismo”, sino “la degeneración” de ese sistema económico, que “un día prestó más atención a las ganancias financieras que a la producción” y “empezó a desequilibrarse”, para luego instar a “construir otra sociedad” y una “economía más solidaria, que termine con esa lógica de la meritocracia”, por la cual “el rico más mediocre tiene más posibilidades que el más brillante de los pobres”. Una postura que comparto plenamente, y un verdadero desafío que tenemos por delante.