Dólar agro: las cuentas que hace el gobierno y el tironeo por la cotización

La nueva etapa del Programa de Incremento Exportador (PIE) que arranca esta semana podrá dejar divisas frescas por unos U$S 9000 millones, además de un buen diferencial a favor en la recaudación fiscal en concepto de retenciones. Esas son las aspiraciones del gobierno, que apeló a este recurso para paliar las urgencias que atraviesan tanto el Banco Central como el Tesoro.

La herramienta es una repetición del «dólar soja» que ya se puso en vigencia en dos ocasiones, con buenos resultados: dejó U$S 8000 millones en septiembre y U$S 3000 millones en diciembre, más un plus de ingresos para el Tesoro por mayores derechos de exportación de alrededor de $ 360.000 millones.

La implementación de este esquema es hija de la necesidad. Las reservas del Banco Central están exhaustas: la entidad perdió U$S 5500 millones en el primer trimestre, según admitió en su Informe de Política Monetaria. A pesar de que la sequía destrozó todos los cálculos previos, las autoridades prometieron al Fondo Monetario Internacional que, entre abril y junio, sumarán divisas por U$S 4900 millones. Con una caída de exportaciones esperada de entre 14 y 20 mil millones de dólares por culpa de la emergencia climática, cumplir ese objetivo se parece a una quimera.

El incentivo no saldrá gratis. Aunque todavía no está reglamentado, se descuenta que la diferencia de 89 pesos entre el dólar mayorista ($ 211,24 al cierre del miércoles) y esta nueva cotización, que deberá abonar el Banco Central, será reembolsada con una letra del Tesoro. Esa compensación significó un endeudamiento estimado de $ 600.000 millones en las dos ediciones anteriores del PIE.

Más sectores, más tiempo

En esta ocasión, para potenciar el resultado, el Ministerio de Economía resolvió incorporar al esquema no sólo a los productores de soja sino a las economías regionales, a las que les dio además una ventana de tiempo más extensa, de cinco meses (hasta el 30 de agosto, en lugar de hasta el 31 de mayo como tendrán los sojeros) para liquidar sus exportaciones a una cotización preferencial de 300 pesos por unidad.

El lapso más prolongado obedece a dos cuestiones. Uno es el menor potencial de esos sectores en relación con la producción de soja y sus derivados. Otro, que el beneficio no será automático: las empresas que quieran adherirse deberán antes comprometer su ingreso al programa Precios Justos, lo que llevará al menos un par de semanas (ver recuadro). El secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, estimó que los complejos productivos que se podrán sumar a este esquema son alrededor de 30.

En el Palacio de Hacienda creen que las economías regionales podrán aportar unos U$S 4000 millones de divisas en los próximos cinco meses gracias a este régimen. Los otros U$S 5000 millones provendrían del sector sojero.

Claro que este último número todavía es materia opinable para los productores. Quizás sea por la falta de sorpresa o porque los estímulos ofrecidos no los convencen, los beneficiarios de la medida la tomaron con relativa frialdad a pesar de que en los papeles recibirán un 42% más por cada dólar que vendan.

Y dale con la devaluación

Desde la Mesa de Enlace hablaron de «sequía de ideas» y dijeron que se trata de un parche para la economía, que sólo tiene objetivos recaudatorios. De paso reiteraron el reclamo de una devaluación que mejore los ingresos de todas las actividades agropecuarias. «El tipo de cambio de una economía deber ser único y libre», señalaron en un comunicado.

En particular, Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria Argentina, sostuvo que «estamos con una gran cantidad de productores que están en emergencia y no tienen soja», agregó. Desde Agricultura retrucan con promesas de ayuda: «La mejor recaudación nos va a permitir llevar adelante más programas que atiendan a los productores en sequía», dijo Bahillo.

La oposición de la Mesa de Enlace a las medidas del gobierno se volvió habitual, en el marco de las diferencias ideológicas que separan a las partes desde el recordado conflicto por las retenciones móviles, en 2008. Por eso, desde el inicio de la gestión de Alberto Fernández, el interlocutor más habitual en estas cuestiones pasó a ser Gustavo Idígoras, el representante de las cámaras Ciara y CEC, que concentran a las grandes firmas del sector agroexportador.

Sin embargo, Idígoras no se mostró tan entusiasmado con esta nueva etapa del programa. «Veremos si este valor les resulta razonable a los productores para tomar decisiones de venta y si como industria podemos lograr ser competitivos para exportar. Si no, el resultado estará muy acotado», adelantó.

Es posible que la cautela tenga que ver con la previsible evolución del tipo de cambio. Si el Banco Central acelera el ritmo de devaluación para no quedar rezagado con la inflación, tal como exigió el FMI, para fines de mayo, al cierre de la ventana para los sojeros, el dólar oficial rondará los 240 pesos, con un beneficio de sólo 25%. Y para fin de agosto, cuando vence el incentivo para las economías regionales, se acercaría a 290 pesos, con lo cual la diferencia sería de apenas un puñado de monedas. «