Mediante un recurso administrativo buscan dilatar el registro de costos de la cadena de valor que establece el Sipre y adelantaron su intención de llevar el diferendo a la Justicia. Dicen que sufren una "asfixia intencional".
La fecha prevista era el jueves 1 de abril pero el feriado largo suspendió la actividad pública. Rápidas de reflejos, las empresas presentaron el miércoles 31 un recurso administrativo para intentar frenar el registro.
La Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo recibió la petición de la coordinadora de fábricas de alimentos (Copal) pero ratificó la obligación de presentar los datos.
El “recurso administrativo” es la antesala de la posible judicialización del tema, según advirtieron las patronales a través de los medios de comunicación durante la semana.
Por otra parte, una presentación de las alimenticias ante la Justicia podría motivar presentaciones de otros sectores que son protagonistas en la formación de precios, como las empresas que fabrican productos de tocador y limpieza. Estas firmas son las que siguen a las alimenticias en el cronograma del Sipre.
Impugnación
El titular de la Copal y vicepresidente de la Unión Industrial (UIA), Daniel Funes de Rioja, explicó a la prensa que la intención es que el Sipre directamente quede sin efecto porque “se dan en el marco de la Ley de Abastecimiento a la cual consideramos inconstitucional porque avanza sobre el derecho a la propiedad y a ejercer industria ilícita”.
El argumento de Funes de Rioja es que el Estado ya cuenta con información de sectores debido a la normativa que rige desde el inicio de la pandemia pero también alerta que las empresas no tienen obligación de dar la información requerida por su carácter estratégico para los negocios.
El gobierno acusó recibo y dijo a Tiempo que el pedido se va a analizar pero remarcó que “eso no anula que tienen que empezar a informar a partir del 1 de abril”.
Consumo
La presentación de las empresas alimenticias coincidió con otras medidas de interés para la industria.
El martes la administración nacional anunció la ratificación del programa Precios Máximos, que es otro de los ejes de la tensión con el lobby empresarial; y el miércoles comunicó la entrada en vigencia del Sifre, un sistema para prevenir la publicación de información falsa en los rótulos y etiquetas de los artículos que venden las empresas.
Precios Máximos se extendió, por quinta vez, hasta el 15 de mayo sin cambios en las condiciones, sin autorizaciones de aumentos y sin deslistar ninguno de los productos de referencia. La extensión incluyó un pedido para que las empresas incrementen la producción al máximo y que aseguren el transporte y abastecimiento de los artículos.
Previsiblemente la novedad causó el rechazo de los empresarios que hablaron en off de “asfixia intencional” porque impide ajustar valores cuando la inflación supera el 30 por ciento. La inflación corresponde a los productos que venden las mismas empresas, que no aumentan los productos las listas acordadas con el gobierno pero sí realizan maniobras con los que están por fuera de esas nóminas.
La consultora FocusMarket observó que las empresas “lanzan nuevos productos de la misma categoría con diferentes atributos para sortear el programa y permanecer con operaciones rentables”. También advirtió que el pedido de forzar el aumento de producción perjudica a las empresas que aceptan y a las que no por motivos diversos. «
Malestar social por la inflación
El informe Monitor Nacional de la consultora Taquion con una muestra de 2568 consultas online realizada entre el 15 y el 22 de marzo da cuenta de un deterioro de la percepción social de las dirigencias política y empresarial asociada a la escalada inflacionaria.
Frente a la pregunta por los aumentos de precios la respuesta promedio ubicó la responsabilidad del gobierno actual en un plano de igualdad respecto a la de la administración de Mauricio Macri.
Más allá del contexto de cada caso, y del peso evidente de la pandemia de Covid-19 en la debacle económica de 2020, el efecto en los consumidores es de cansancio y el análisis es que el aumento de precios produce mayor descreimiento y distanciamiento respecto a las personas en las que se delegó la toma de decisiones a niveles público y privado.
El 54% de los encuestados respondió que cree en la política pero no en los políticos y el 70,6% consideró que los empresarios piensan en su ganancia personal antes que en su negocio, en su país y en sus trabajadores.
El 31,2% aclaró que su concepto de empresa corresponde a grandes compañías nacionales y multinacionales, en coincidencia con el tipo más influyente en la formación de precios.
El 53,1% de los consultados aseguró que su calidad de vida en el último año empeoró. Y el análisis se agrava porque no divisa un horizonte claro: si la recuperación económica será suficiente o si la vacunación masiva será eficaz son preguntas abiertas para el grueso de la sociedad.
Entre las demandas puntuales que surgieron de las respuestas aparecen políticas urgentes para reactivar la economía del país y de las personas. Entre las emociones que se detectaron prevalecieron el enojo y el malestar por los reiterados aumentos y el cansancio en relación a la ineficacia de la política para contenerlos.
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