Empresas recuperadas reclaman más subsidios y alertan por desalojos

Por: Alfonso de Villalobos

La crisis impacta de manera diferente sobre cada una pero coinciden en la necesidad de más fondos, condonación de deudas e impuestos, y que el Estado las considere como proveedoras.

Dentro del universo de cooperativas de trabajo, que explica unos 170 mil empleos, las empresas recuperadas representan un sector particular. En general, emergen de luchas y ocupaciones de las plantas abandonadas por sus dueños, cuya continuidad es garantizada por la gestión de los trabajadores. La organización y la lucha están en sus genes.

Son alrededor de 400 unidades productivas del más amplio espectro que explican unos 20 mil puestos de trabajo. La primera fue la metalúrgica IMPA, en 1998. Un número importante surgió en la crisis de 2001-2002 y se han convertido en una salida recurrente frente a fraudes y vaciamientos empresarios. Orgullosas, consideran que son una forma de mostrar que es posible una sociedad sin patrones.

Sobre muchas recuperadas pesan, además de los problemas generales de las cooperativas, el fantasma de los desalojos y la pelea por las indemnizaciones adeudadas por sus patronales de origen.

El sábado 19 se reunió uno de los espacios que las agrupa y que tiene como epicentro las tres plantas ceramistas situadas en las afueras de la ciudad de Neuquén. Allí se agrupan otras fábricas como Madygraf, las textiles Brukman y Neuquén y la alimenticia La Terre de Mendoza.

El encuentro, con cerca de 80 participantes, avanzó en la unificación de los reclamos basados en la necesidad de más subsidios para los trabajadores y para la capitalización y renovación tecnológica de las fábricas, condonación de impuestos y deudas a las empresas energéticas, tarifa diferencial, y la exigencia de constituirse como proveedores preferenciales del Estado. Pero el reclamo esta vez se concentró en el rechazo al desalojo que pesa sobre Cerámica Neuquén, cuyo remate ya está dictado por un juzgado provincial.

Alejandro López, secretario general del sindicato ceramista de Neuquén, consideró que “todos (cooperativas o recuperadas) tenemos las mismas problemáticas. La principal es la falta de decisión política. Toda fábrica recuperada debiera ser expropiada y estatizada bajo control de los trabajadores”. Para López, “hemos demostrado que podemos generar puestos de trabajo, sostener la producción y darle una orientación social. El Estado no puede mirar para el costado”.

La declaración que emergió del encuentro también refiere a la situación del Hotel Bauen, que “vive hace años con una orden de desalojo pendiendo sobre sus espaldas”. Federico Tonarelli, uno de sus dirigentes y titular de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (FACTA), señaló en diálogo con Tiempo que “la situación es muy crítica. El Bauen está atravesado por tres de las actividades más comprometidas: hotelería, gastronomía y espectáculos. La asistencia del Estado, como lo hace con las empresas de capital, es clave. Sin políticas que excedan las actuales, vamos a tener muchos problemas”. Otros agrupamientos del sector son FEDECABA, la CNCT y la FECOOTRA.

El Estado no incluyó a las cooperativas en el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP). Por el momento la cartera laboral reactivó el Programa de Trabajo Autogestionado (PTA), con subsidios de $ 6500 por trabajador por dos meses, ampliados a $ 16.500 por otros dos. La expectativa (y el reclamo) es que, al menos, se extiendan los PTA hasta diciembre.

El Ministerio de Desarrollo Social creó la Dirección de Empresas Recuperadas, designando a Eduardo “Vasco” Murúa, histórico dirigente del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER) quien, ahora, enfrenta el difícil desafío de dar respuestas a sus compañeros desde su lugar de funcionario.  En diálogo con Tiempo, explicó que “la situación es muy dispar. Un 50% está trabajando bien pero la otra mitad está complicada”.

El dirigente explica que desde allí promovieron el programa Potenciar Trabajo, que otorga $ 8500 a cada trabajador y, también, el Manos a la Obra que inyecta capital y ya liberó los primeros fondos. Murúa reconoció que “lamentablemente tenemos una asimetría de recursos entre los privados y las recuperadas, pero estos planes se van a sostener hasta después de diciembre”. Y anunció que “con la Secretaría de Inclusión Social acordamos poner a las recuperadas como entidades públicas sin fines de lucro para que accedan a tarifa diferencial, y estamos peleando por la condonación de las deudas con las energéticas”.

Para el ceramista López, “los que gestionamos las fábricas y los que reclaman por sus derechos debemos unificarnos para mejorar la relación de fuerza contra los gobiernos y el FMI. Empalmamos con el Plenario del Sindicalismo Combativo, que no abandonó la lucha en toda la cuarentena. Los que gobiernan y los empresarios saben del complicado ejemplo que somos las recuperadas”.

La urgencia de defender Cerámica Neuquén

Cuando cerró en 2014, los obreros de Cerámica Neuquén no lo dudaron. El antecedente regional de Zanón y Stefani los llevó a la ocupación y la puesta en funcionamiento bajo gestión obrera de la empresa que empleaba más de cien trabajadores ceramistas. En 2018, sin embargo, un fallo del juzgado a cargo de Sergio Cosentino estableció el remate de la empresa para dar cuenta del reclamo de sus acreedores.

Por eso, el Encuentro realizado el sábado 19 de julio asegura en su declaración final que “lo más grave hoy es el intento de desalojo de Cerámica Neuquén».

Consultado sobre la problemática de las expropiaciones pendientes que, por caso, afectan también al Hotel Bauen, luego de que el expresidente Mauricio Macri vetara su ley de expropiación, el ahora director de Empresas Recuperadas del Ministerio de Desarrollo Social, Eduardo “Vasco” Murúa, aseguró que “como director, solicito al Estado que se avance en las leyes de expropiación. No se puede hablar de trabajo si no lo sostenemos con leyes. El problema está concentrado en la provincia de Buenos Aires. El gobernador podría decretar la suspensión de desalojos por dos o tres años”.

Sin embargo, se lamentó, “hay una lentitud que se contradice con el discurso oficial”.

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