Aseguran que su aplicación sin tarifa especial sería una demostración de que al gobierno no le interesa el sector industrial.
«La iniciativa no está mal. Pensamos que tiene que haber medidor. No podemos estar enfrentados con realidades concretas. Pero si es para romperle las costillas a las pymes, no va. Tiene que haber una tarifa diferencial. Si no, es un elemento más que el gobierno utiliza para el empobrecimiento del sector», opinó Francisco dos Reis, presidente de la Central de Entidades Empresarias Nacionales (CEEN), en Tiempo.
«Fomentar el consumo responsable está perfecto. Pero acá, no hablamos de lavar la vereda o el auto. Acá, hablamos de productividad. Si buscan recaudar con esto, no corresponde porque al costo general de tarifas, que con los tarifazos impuestos ya es enorme, no le podés cargar otro más. Apretaría más el cinturón», continuó Dos Reis.
«Si lo hacen de esa manera, sería una muestra más del gobierno de que no le interesa para nada el sector industrial. De todas formas, lo muestran claramente, todo el tiempo», se resignó.
En Capital Federal y Gran Buenos Aires, territorio de AySA, sólo un tercio de los 300 mil usuarios comerciales tienen medidor. El gobierno asegura que la medición actual (por superficie) hace que muchas empresas con grandes superficies se vean afectadas. Con esta nueva forma, proponen, se incentivará también un uso más racional del consumo.
La urgencia del gobierno por cobrar en base al consumo comenzó con el tarifazo de abril, que ronda el 300%. En junio, se lanzó una campaña para colocar 140 mil medidores más en los usuarios no residenciales. Martín Heinrich, gerente general de AySA, aclaró en su momento: «Es un objetivo que cumpliremos entre los 18 y 24 meses. Si no sumamos los medidores que faltan en un máximo de dos años, no facturaremos el consumo».
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