Vicentin pidió abrir un procedimiento de crisis para presionar a la justicia

La cerealera Vicentin, que llevó adelante el default de deuda privada más grande la historia argentina y cuyo concurso de acreedores aún se sustancia en la justicia de la provincia de Santa Fe, presentó ante las autoridades laborales de la Nación un pedido de apertura de Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC).

La intención de la cerealera con esta solicitud es presionar al Poder Judicial de Santa Fe para que dé por terminado el concurso a pesar de que la Corte Suprema provincial aún debe resolver un reclamo de un acreedor. La presión sobre la justicia surgiría al provocar una situación de conflicto laboral y social ya que el PPC le permite despedir y reducir sueldos.

Para que la presión sea más efectiva, los potenciales beneficiarios de la finalización del concurso cortaron de cuajo una operación comercial con lo que dejaron a Vicentin sin el capital de trabajo para seguir operando y con una deuda de U$S 2,1 millones.

Con la firma de Daniel Oreste Foschiatti, presidente de la empresa, y Mario Aníbal Ferreyra, apoderado, el pedido de PPC aseguró que hace 27 meses que la justicia demora el cierre del concurso. Pero como con toda la contabilidad de la empresa, este cálculo también es polémico.

Los directivos solo tomaron en cuenta que a fines de junio de 2022 informaron que la aceptación a su propuesta de pago superó el umbral del 66,1% que exige la Ley de Quiebras. Pero dejaron de lado que, para ese entonces, la Corte Suprema de Santa Fe ya había tomado el caso, sacándoselo al Juzgado Civil y Comercial de Reconquista, a cargo de Fabián Lorenzini, cuyo accionar fue duramente cuestionado por los acreedores, especialmente el Banco Nación.

La decisión de la Corte suspendió el concurso y todos los plazos procesales, algo que también fue criticado porque extendía sin fecha la posibilidad de que Vicentin siguiera negociando alternativas de pago con algunos acreedores, especialmente los bancos extranjeros. De hecho, fue la aceptación de estas entidades financieras del exterior lo que permitió a la cerealera alcanzar el porcentaje de adhesión.

Acción de pinzas

Según la empresa, la supuesta dilación de la justicia santafesina, que además le sirvió a la cerealera, derivó en una pérdida de más de U$S 150 millones. Con esa justificación, pide la aprobación del PPC en tanto la Corte Suprema provincial define el último reclamo en sus manos, del acreedor Commodities SA.

“Frente a las reiteradas y persistentes dilaciones procesales que impiden a la Sociedad alcanzar la homologación judicial firme de su propuesta concordataria en el marco de su concurso preventivo, obligan a procurar de manera urgente reducir la brecha entre sus ingresos y egresos para poder alcanzar ese hito”, señaló Vicentin en la solicitud.

Como en una acción de pinzas, el planteo de Vicentin a la Dirección Regional Rosario de la Secretaría de Trabajo de la Nación fue acompañado de la decisión de las empresas Viterra, ACA y Bunge de rechazar una prolongación de la operación comercial con Vicentin.

ACA, Bunge y Viterra son, justamente, los beneficiarios de la resolución del concurso que propone Vicentin, ya que recibirían el 95% de las acciones de la cerealera a cambio de un aporte de capital que sería usado para pagar una parte de las deudas.

Los papeles indican que este trío comunicó que no está dispuesto a esperar a 2025 para recuperar U$S 2,1 millones que adelantó a Vicentin para que tuviera capital de trabajo y así pudiese encarar la molienda de porotos de soja a fasón para esas mismas firmas. Vicentin asegura que no pudo cumplir con su compromiso de entregar molienda en esta campaña, que finalizó en octubre, por conflictos gremiales y un incendio, que obligaron a suspender la actividad “por 12 días”.

De esta forma, la asfixia financiera de Vicentin está asegurada.

El PPC apunta a un ajuste brutal sobre los 1065 trabajadores que se desempeñan allí. Vicentin propone la modificación de turnos para avanzar en despidos; cambiar la naturaleza jurídica del salario y dejar como remunerativo el equivalente al salario mínimo, vital y móvil ($ 271.571) y que el resto pasa a no remunerativo. También el pago del aguinaldo de diciembre en cuatro cuotas y la suspensión de diversos beneficios económicos.