La firma quedó muy cerca de pasar a manos de sus acreedores; entre ellos, el Estado Nacional.
Lorenzini rechazó la propuesta de acuerdo formulada por la empresa con sus acreedores, entre los que figuraban empresas virtualmente satélites de la propia firma. De esa manera, abrió el proceso denominado “cram down”, un mecanismo contemplado en la legislación de quiebras y concursos que abre el camino para que los acreedores tomen el control de la firma que dejó de honrar sus deudas.
El fallo establece “como fecha para apertura del Registro de Oferentes, el día 18/09/2023 y por un plazo diez días hábiles judiciales (hasta el 29/09/2023 inclusive)”, lo que da la pauta sobre la rapidez con que deberá resolverse el futuro del grupo empresario.
En una resolución de 27 páginas, el juez dedicó párrafos finales a sus conclusiones: “Tal vez, un sistema eficiente de alertas tempranas, el mayor control y presencia tuitiva del Estado en aquellas empresas o sectores que se consideren estratégicos, la puesta en marcha de medidas anticipatorias de saneamiento patrimonial (inclusive para evitar la cesación de pagos), son algunas de las alternativas que deberíamos repensar luego de una crisis empresaria como la que aquí transitamos”.
“El deber de información tempestivo a los socios no administradores y a los terceros contratantes, parece adquirir en este contexto una gran relevancia como un modo de obrar indispensable para no trasladar injustamente el quebranto a otros patrimonios ajenos a la empresa y tipo societario elegido”, reflexionó el juez, quien el martes pasado recibió un explícito aval de la Corte Suprema para continuar interviniendo en el proceso.
Por su parte, un representante de los acreedores evaluó que “afortunadamente para los trabajadores y los acreedores estafados y para la entretela socioeconómica santafesina y argentina, el juez no tuvo otra alternativa que rechazar la propuesta fraudulenta de Vicentin”. Así lo analizó el abogado Gustavo Feldman, quien representa a pequeños productores que quedaron gravemente perjudicados cuando el gigante cerealero entró en cesación de pagos.
“Se abre un período trascendente y tiene que haber una confluencia del Estado y los principales acreedores bajo tres premisas: la continuidad de la empresa y de las fuentes de trabajo, preservar para la economía nacional una actividad estratégica como es la comercialización internacional de granos y honrar la deuda de los acreedores, sin infringir más daño que el que se ha hecho hasta este momento”, añadió.
El cram down es un mecanismo para que los acreedores u otros actores externos hagan una propuesta para tomar el control de una empresa que se declaró en default.
Esa propuesta ya había sido deslizada a fines del año pasado por uno de los principales acreedores del grupo, el Banco de la Nación Argentina.
Pero en abril pasado, Vicentin obtuvo “las conformidades” de sus acreedores para cerrar un acuerdo y superar la situación que atraviesa desde principios de 2019, cuando incluso el por entonces flamante gobierno de Alberto Fernández pensó en la expropiación y finalmente retrocedió.
Los acreedores que no participaron del acuerdo impugnaron la propuesta y, en ese contexto, Lorenzini decidió hoy el rechazo final del acuerdo y abrió la etapa siguiente en el derrotero procesal.
“Teniendo especialmente en cuenta la extensión y complejidad no sólo del proceso sino también de la propuesta concordataria en ciernes, otórguese a los interesados un plazo de diez días hábiles para ejercer su derecho a impugnación”, había sostenido el juez en aquella oportunidad.
Entre los objetores de aquel acuerdo estuvo la banca oficial. “El Banco Nación cree que la propuesta elevada en el concurso por Vicentin es absolutamente inviable, el futuro debería ser de una empresa mixta con participación mayoritariamente estatal”, dijo su titular, Silvina Batakis.
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