Las corporaciones basan la mayor parte de su capital en datos personales, una capacidad que el Estado nacional no maneja ni regula. ¿Qué beneficios le aportaría el uso eficiente y legal de esa información?
Fue ahí, cuando casi nadie leyó los Términos y Condiciones, un texto larguísimo y aburrido justo antes de presionar el botón que dice Aceptar.
Desde aquel preciso momento en que el apuro o el desinterés desvió la atención de la letra chica del contrato, miles de millones de humanos pertenecen a ese dicho que sirve para definir la época actual de Internet: si lo que te dan es gratis, el producto sos vos.
Hay un comentario recurrente, al pasar, en las conversaciones actuales: “Me aparece publicidad en el celular de ese producto que justo era lo que estaba pensando en comprar. ¿Me están leyendo la mente?”. No todavía, hasta donde se sabe. Pero hay una explicación para eso y está, por ejemplo, en los términos de uso de Facebook:
“Usamos tus datos personales como ayuda para determinar qué anuncios mostrarte”. “No vendemos tus datos personales a los anunciantes ni compartimos información que te identifique directamente (como tu nombre, dirección de correo electrónico u otra información de contacto) con los anunciantes, a menos que nos des tu permiso expreso”.
Estas dos oraciones están ubicadas una seguida de la otra y, desde la perspectiva de la empresa, no son contradictorias. Las corporaciones denominadas GAFA (Google, Amazon, Facebook y Apple) basan la mayor parte de su capital en datos personales, los cuales venden y usan por fragmentos. ¿Cómo funciona esto?
Al usar WhatsApp –que pertenece a Facebook– cada persona accede a que todas sus conversaciones sean leídas y escuchadas, pero, siempre según los términos de uso, esa lectura se hace palabra por palabra, no uniendo frases completas. Lo que se busca es definir qué objetos o servicios pueden llegar a comprar o necesitar los usuarios a partir de su comunicación y comportamiento. Pero el límite entre la protección de la privacidad y la venta de la intimidad se desdibuja cada día más.
Quizás haga falta un ejemplo concreto. Las cosechadoras de datos intentan definir hoy en día afirmaciones como estas: él buscó y miró precios de bufandas tres veces en la última semana; ella se colgó mirando fotos de Pinamar durante 34 minutos ayer. Esa información de la cotidianeidad es monetizable en publicidad. A mayor precisión en el dato, mayor el precio para quien quiera obtenerlo a través de las plataformas como Google Ads o Facebook Business, accesibles para cualquiera con una tarjeta de crédito.
La verdadera competencia tecnológica del presente, más allá de los viajes al espacio de Jeff Bezos o el metaverso presentado por Mark Zuckerberg hace pocos meses, es por el refinamiento de los algoritmos que cruzan trillones de datos a la vez sobre la conducta de consumo humana. El futuro que imaginan los magnates se alimenta de información personal, el más rentable y renovable recurso natural.
¿Y el Estado dónde está?
El 11 de junio de 2021, el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, participó de un panel organizado por la Revista Crisis en el CCK sobre extractivismo de recursos naturales en Argentina. En un momento de su intervención, Béliz planteó algo inesperado: “El extractivismo también es de datos. Esto tiene que ver con el impacto de las empresas tecnológicas, que extraen tanto de nuestros datos que terminan cosificándonos. Nos hemos transformado casi en producto de esos datos y no a la inversa. En una democracia, es necesario que el acceso a los datos personales sea regulado en sus múltiples dimensiones. En esto, la capacidad del Estado es muy baja. Pongo un ejemplo básico: el Estado argentino no sabe la dimensión, características y elementos de sus tierras fiscales. Es una capacidad estatal que ha sido menguada y destruida por múltiples efectos, y tenemos que fortalecerlo”.
¿Qué habría pasado si el gobierno argentino hubiera sabido de antemano que recibiría casi 10 millones de solicitudes para el IFE en 2020? ¿Cuánto podría mejorar la salud pública si el Ministerio de Salud nacional pudiera componer una historia clínica universal de cada habitante a partir de la cual desarrollar políticas precisas?
Apenas dos preguntas a primera vista disconexas, pero que ponen el foco sobre la brutal disparidad de recursos tecnológicos para producir conocimiento entre las corporaciones globales y las administraciones nacionales del llamado sur global, es decir, de los países en desarrollo. Acá también opera la disputa sobre qué futuro queremos: un Estado inteligente, capaz de recolectar y procesar información relevante, puede iluminar futuros más justos para las mayorías.
La desinteligencia nacional
Pero esta concepción de inteligencia difiere de la que define la historia reciente de la democracia nacional. Por estos días, Juntos por el Cambio atraviesa un conflicto interno a cielo abierto por un video –ofrecido por la actual gestión de la Agencia Federal de Inteligencia a la Justicia– de una aparente conspiración antisindical llevada a cabo durante el gobierno de Mauricio Macri.
La aparición de ese registro tiene todos los gestos de un vuelto por la causa de espionaje ilegal que involucra al expresidente, investigado en paralelo por espiar a integrantes de su coalición como Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal. También el jefe de Gobierno porteño y la exgobernadora fueron acusados durante la campaña electoral de 2021 de utilizar datos de personas vacunadas para enviarles mensajes personalizados en la previa a las elecciones.
Forman parte del territorio de la política las horas de conversaciones filtradas ilegalmente a los medios de la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el nombre del exespía Horacio Antonio Stiuso, la infiltración a organizaciones populares como la que forma parte de la causa por el asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki en 2002, el encubrimiento a los responsables del atentado a la AMIA y un sinfín de etcéteras.
¿Qué tiene que ver todo lo anterior con la capacidad de la Argentina de utilizar los datos personales de la población de manera legal y eficiente? Nada.
Aquí está el punto en el que la información, eso que solo parece un tema secundario frente a desafíos democráticos más urgentes, cobra una importancia central: el Estado tiene que cambiar lo que comprende por inteligencia.
De una herramienta opaca sin control democrático, a un sistema nacional de producción de conocimiento público, para disputarles a las grandes cosechadoras de datos transnacionales la materia prima con la que tomar decisiones estratégicas. En otras palabras, definir si el futuro es concebido entre muchos o queda en manos de unos pocos. «
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Que buena nota, un aporte, no son GAFA, sino GAFAM, falto Microsoft, pionero en usar puertas traseras de sus sistemas instalados e las maquinas de sus incautos clientes. Ojalá medios que desafían el status quo se animen a difundirse en redes realmente sociales, no las pertenecientes a empresas como FB o TW