La magistrada había rechazado un habeas corpus de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) para que se investigaran las amenazas de la Bonaerense pero la alzada revocó la decisión y le ordenó realizar una audiencia.
En una resolución por mayoría, a la que Télam tuvo acceso, la Sala I de la Cámara Federal bahiense le ordenó a la jueza María Gabriela Marrón que realice una audiencia para escuchar los planteos de los denunciantes y que produzca los informes necesarios antes de rechazar el hábeas corpus, como hizo el miércoles último.
El planteo de la CPM fue realizado con el fin de solicitar protección para los testigos, los abogados Luciano Peretto y Leandro Aparicio y la madre de Facundo, Cristina Castro, quienes sostienen ser víctimas de un plan de amedrentamiento llevado a cabo por la Policía Bonaerense.
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Pero para la jueza Marrón «no se advierte un solo denominador común» y «los sucesos narrados difieren entre sí en cuanto a circunstancias de tiempo, modo, lugar, sujetos (activos y pasivos), situaciones, medio empleado» y «las conductas descriptas del personal policial aparecen como razonables en el marco del control del aislamiento social, preventivo y obligatorio», según se describe en el fallo de Cámara.
Tras considerar que «los sucesos narrados no se corresponden con la base fáctica requerida para la tramitación de un hábeas corpus, al no inferirse ningún tipo de amenaza, intimidación verbal, psicológica y/o física contra los pretensos beneficiarios», la jueza rechazó el planteo, que fue apelado ante la Cámara Federal.
Con el voto mayoritario de los camaristas Silvia Fariña y Pablo Mera, y la disidencia de Roberto Amábile, la Sala I revocó la decisión de la jueza Marrón y le ordenó llevar adelante una audiencia para escuchar a los denunciantes.
«Se advierte que el decisorio venido en consulta resulta prematuro, toda vez que es necesario, previo a adoptar cualquier temperamento con relación a la petición, que se convoque a los requirentes para que se explayen acerca de los hechos denunciados», indicó en su voto Fariña.
Y agregó: «Deviene precoz el rechazo in limine de la acción sin antes escuchar a los presuntos afectados, quienes en tal marco podrán ratificar o ampliar los hechos denunciados por el organismo provincial, brindando un panorama completo que permitirá cotejar esos testimonios con la actividad policial que se encuentra cuestionada y, eventualmente, podrá disponerse al respecto de alguna diligencia idónea para verificar los extremos relatados»
Días atrás los abogados de Cristina Castro denunciaron hostigamiento por parte de la policía bonaerense, luego de que uno recibiera una carta documento de un comisario retirado para que deje de vincular a la policía con el caso y a otro le estacionaran una patrulla a metros de su domicilio.
«No creo más en las casualidades. Vamos a pedir una medida de protección federal. Le asignamos a esto una gravedad inaudita y estamos preparando la presentación para tener protección”, dijo entonces Peretto al referirse a la presencia de una patrulla policial a metros de su domicilio, en Pedro Luro.
«Muy harta de tanto acoso, les gusta perseguirnos, pararse en nuestras entradas, no saben que no tenemos miedo, hoy le tocó a Luciano, mi abogado, la bonaerense esperando que salga de su casa. Seguiremos denunciando, lástima antes por lo menos les tenía respeto, hoy ni eso», escribió por su parte Cristina en su cuenta de Twiitter.
En tanto, Aparicio recibió una carta documento del comisario inspector retirado de la policía bonaerense Miguel Ángel Reynoso para que se «abstenga de realizar actos o expresiones que resulten ofensivas y agraviantes hacia los integrantes de las Policías de la Priiovincia de Buenos Aires» en relación al caso Facundo Astudillo Castro.
Esas acciones se sumaron a otros episodios vividos por testigos del caso, que para la querella fueron intimidatorios por parte de la policía bonaerense y que motivaron el hábeas corpus.
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