La confirmación de las fotos tomadas en el interior del Garrahan reavivó las alertas en torno a una investigación que permitió al médico Ricardo Russo seguir atendiendo niños, a pesar del allanamiento realizado en su domicilio seis meses atrás. Las dudas de los trabajadores del hospital con la ministra Bullrich.
«Tenemos indicios de que produjo material. Estamos terminando de definir si estas imágenes tienen que ver con su labor diaria. Los directivos del hospital se han puesto inmediatamente a disposición de la fiscalía y estamos recabando información para complementar esta hipótesis. Necesitamos generar más medidas para poder estar seguros y presentar ante el juicio oral una hipótesis seria», explicó Dupuy. Un día antes, la jueza María Laura Martínez Vega había detallado en una resolución que el médico tomó «nueve fotografías a dos niñas que aún no fueron identificadas en el interior del hospital pediátrico Garrahan».
Las imágenes fueron geolocalizadas por el teléfono celular del pediatra, que fue secuestrado el pasado 28 de mayo, cuando lo detuvieron en el estacionamiento del centro médico. Las fotografías se tomaron el 24 de noviembre de 2015. Además, entre febrero y agosto de 2018, Russo «facilitó» para su descarga «270 videos con contenido pornográfico».
El pediatra detenido ingresó al Garrahan en 1996 y desde hacía años dirigía el Servicio de Inmunología y Reumatología. El caso ha generado una inocultable conmoción en el hospital. “Este hecho aberrante conmueve, entristece y enoja a todos los que de alguna manera conformamos la comunidad del Garrahan. La justicia debe actuar rápido para darle al hospital las herramientas necesarias para corregir el protocolo de atención. La relación médico-paciente es privada y siempre se puede mejorar”, opina Oscar Trotta, ex director del Hospital Nacional de Pediatría, y recuerda que durante su gestión no tuvo relación directa con Russo, “aunque lo conocía en el marco del grupo de jefes de servicio”.
“Un médico –continúa Trotta– al que la sociedad le entrega la digna tarea de cuidar y proteger al que menos tiene, al que sufre, al que padece una enfermedad, abusó de esa situación de poder y produjo este tipo de actos miserables. Cabe el paralelismo con aquellos miembros de la fuerza de seguridad al que la sociedad les confía las armas y las usan para asesinar a niños inocentes, dañando a las instituciones públicas a las que pertenecen y empobreciendo moralmente a la sociedad. Nada de esto debe quedar impune”.
Por su parte, la Junta Interna de ATE del Garrahan emitió un comunicado repudiando estos “hechos terribles” y advirtiendo que van a estar “fuertemente alertas al desarrollo de la investigación”. Atento a los seis meses transcurridos desde el primer allanamiento hasta la detención, el comunicado se pregunta “por qué la fiscalía no dio aviso con anticipación al hospital, para que desde ese mismo instante se pudieran tomar medidas preventivas elementales para el cuidado de los niños y niñas, ya que el acusado siguió en sus funciones”. Y exige “explicaciones urgentes por parte de la fiscalía, porque no nos da tranquilidad que lleven adelante esta investigación junto con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y su policía”.
Contenido explícito
El caso se originó en la operación denominada “Luz de Infancia II”, que comenzó en febrero de 2018 con ramificaciones en 26 países. Las autoridades del Homeland Security de los Estados Unidos y del Ministerio Público de la Acusación de Brasil comunicaron el año pasado al Ministerio Público Fiscal porteño la existencia de varios hechos de distribución de contenido pornográfico infantil realizados por usuarios radicados en la Argentina por medio de la plataforma P2P E-mule, según explicó la Fiscalía a cargo de Dupuy.
En los archivos que encontraron en dos de sus computadoras allanadas había al menos 800 fotos y 70 filmaciones de niños de entre seis meses y 14 años con contenido sexual explícito. De acuerdo a información de fuentes judiciales, en el operativo del pasado miércoles 29 de mayo se secuestraron 17 pendrives, cuatro notebooks, dos tablets, cuatro cámaras de fotos, cuatro memorias SD, una memoria externa y una CPU de escritorio.
Las autoridades del hospital informaron la decisión de que la institución «se constituya como particular querellante» en la causa. En este sentido, el centro de salud, además, «decidió instruir sumario administrativo y apartar inmediatamente» de sus funciones al profesional involucrado, conforme lo disponen los artículos 38 y 42 del Régimen de Personal del ente.
La prisión preventiva del pediatra, que podría recibir una pena de entre cuatro y ocho años de cárcel, fue otorgada el jueves tras una audiencia que se extendió por diez horas y que contó con la presencia de la fiscal, la jueza, el imputado y un defensor oficial.
El defensor oficial, Miguel Talento Bianchi, sostuvo que las fotos de niñas desnudas tomadas en el consultorio tenían “fines médicos”, y que Russo procuraba hacer un diagnóstico sobre una condición de pelvis y cadera que no se aprecia con ropa interior. En la tarjeta de memoria de la cámara secuestrada durante el allanamiento, había otras 39 fotos de niñas en la playa, captadas entre el 8 y el 12 de enero del año pasado, lo que refuerza la imputación por producción. El defensor adujo que no está comprobado que el pediatra las haya sacado. Cercado por las evidencias, Russo ya no tiene abogado: el que había contratado renunció al enterarse los detalles del expediente. «
Además, ajuste en salud
«En los últimos tres años se ha producido un paulatino desfinanciamiento del Garrahan», afirmó Raverta en los fundamentos de su requerimiento, y agregó que «en el presupuesto votado por este Congreso para 2019 ya se preveía una reducción real del 6,1% respecto al presupuesto inicial de 2018, teniendo en cuenta una inflación promedio anual para 2019 del 34,8 por ciento».
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