“Queremos llamar la alerta sobre una nueva violación a los derechos de participación política y libertad de expresión", denunció el candidato correísta en una conferencia de prensa desde Quito. Las elecciones están previstas para el 7 de febrero.
“Queremos llamar la alerta a nivel planetario sobre una nueva violación a los derechos de participación política y libertad de expresión a las fuerzas que componen la Unión por la Esperanza”, denunció Arauz en una conferencia de prensa desde Quito.
“Es una decisión absolutamente inconstitucional, ilegal y violatoria del reglamento de promoción electoral. La ciudadanía está siendo testigo de un caso de auténtica censura” en contra de su movimiento político que sufre un proceso “un proceso sistemático de persecución y proscripción”.
Ante la imposibilidad de presentarse como candidato, la figura de Correa es clave para ganar al electorado correísta. De hecho, días atrás, cuando se anunció formalmente el lanzamiento, postergado porque Arauz había adquirido coronavirus, se utilizó un recurso técnico que permitía ver en pantalla al expresidente junto con los dos candidatos, aunque estuvieran en Bélgica uno, y en Ecuador los otros.
Pero Arauz también denunció otros “atentados a la democracia” que podrían poner en riesgo las elecciones y sus resultados, para lo que la fórmula que integra junto a Carlos Rabascall se lleva los mejores pronósticos, entre 16 presentadas.
Estos hechos tienen que ver con la exigencia oficial de que los fiscales y delegados presenten pruebas negativas de Covid como condición para participar. “Hacen falta 640 mil pruebas PCR para que se garanticen los derechos de participación política. Son unos 32 millones de dólares, es un absurdo exigir ese monto al pueblo ecuatoriano en un contexto de crisis económica”, dijo Arauz.
Además señaló que el único partido que podría cubrir ese costo “es la fuerza política que tiene una cuenta bancaria ilimitada” en referencia al empresario financiero Guillermo Lasso, a quien no nombró pero llamó “candidato banquero”. Arauz señaló que esta exigencia “no figura en ninguno de los estándares internacionales” en materia electoral.
Por otro lado el economista dijo que otros hechos de igual gravedad son “la amenaza de suspensión de las elecciones”, en el marco de las destituciones sentenciadas contra consejeros del CNE “a días del proceso electoral” y también la posibilidad de que “no se garantice la transparencia” en la carga de datos de las actas.
“Estamos evidenciando que ante el apoyo contundente que recibirá el binomio de la esperanza, las fuerzas retardatarias están cada vez más desesperadas, tienen miedo al pronunciamiento contundente y democrático que se realizará este 7 de febrero”, aseguró.
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