Hoy se realiza el referéndum que le pondrá punto final a una contienda de más de 50 años entre el Estado y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
Esta nueva etapa que asoma en la tierra de Gabriel García Márquez también es esperada por todo el movimiento social colombiano, que aguarda un escenario de estabilidad política y social que les permita construir un camino alternativo al sistema hegemónico que ha gobernado históricamente el país. Al mismo tiempo, significa la posibilidad de desarrollar en pleno la política económica liberal de Santos.
Todo eso se juega hoy, en un plebiscito que no era necesario en términos jurídicos, y que su realización puede incluso significar un cierto riesgo ante la posibilidad de que el plan pacifista se desbarate si llegara a ganar el No, aunque los sondeos no han venido mostrando eso. Las encuestas divulgadas por la prensa colombiana marcan una tendencia por el Sí de entre el 59% y el 67%, mientras que el No obtendría entre 19% y 33 por ciento.
El plebiscito es vinculante. Y para que sea válido debe votar al menos el 13% del padrón electoral: 4,5 millones de personas. Sin embargo, el 13% no es un número tan bajo, teniendo en cuenta que normalmente vota como máximo el 40%, explica a Tiempo Fernando Vega Lugo, abogado y dirigente universitario, miembro de la organización Marcha Patriótica. Quizá sería mejor no fijar un umbral, pero bajarlo del 50 al 13% es algo sensato, reconoce.
Lo que pasará mañana a partir de la aprobación popular, si se confirma la tendencia, es que el gobierno debe poner en marcha inmediatamente la implementación del Acuerdo de Paz. En primera medida, entrará en vigencia el Acto Legislativo 01 de 2016 que permitirá hacer los desarrollos normativos pertinentes para la implementación del acuerdo; adicionalmente, continuará en firme el proceso de dejación de armas de las FARC, explica el gobierno en el sitio .
Si en cambio la elección resulta adversa, el gobierno no va a volver a sentarse a la Mesa de Conversaciones, se perdería la oportunidad política para terminar de forma negociada el conflicto, asumen.
Entre los principales opositores al acuerdo se encuentran parte de las víctimas y algunos sectores campesinos que padecieron la violencia y no creen que un acuerdo la erradicará completamente. Y sobre todo el ex presidente del Partido Liberal Álvaro Uribe, quien ha llegado a insinuar que el acuerdo implicará entregar el país a las FARC y a Maduro, por el presidente de Venezuela. A esa cruzada se sumó otro ex presidente del Partido Conservador, Andrés Pastrana. Ese discurso ha calado en mucha gente, por las particularidades de nuestro país, asume Vega Lugo. El escenario es complejo y se trata de romper todos esos mitos que han logrado crear a través de aprovechar algunos elementos que están en el imaginario colectivo, en temas como la homofobia, el machismo, atacando los acuerdos por el enfoque de género, dice Vega Lugo a Tiempo.
Durante toda la semana, las organizaciones favorables a aprobar el acuerdo organizaron diversas actividades bajo el lema La Paz Sí es contigo, que continuarán hoy mismo. Incluso en Buenos Aires tienen previsto reunirse a las 14 en Plaza San Martín para esperar los resultados. Hay un ambiente de politización que nos ha permitido mantener actividades constantes. Creemos nosotros que se ha abierto también la posibilidad de aumentar, profundizar niveles de discusión que antes, quizás sobre el proceso no se habían podido dar, por la misma apatía que ha habido en la sociedad colombiana, considera Vega Lugo. «
Una nueva etapa para disputar el proyecto político y social
Hay varias razones que impulsaron al gobierno de Juan Manuel Santos a llevar adelante el histórico proceso de Paz en Colombia, entre ellas, el plan económico de su gobierno. El afán lo llevó incluso a sostener posiciones inesperadas para un político que supo integrar las filas del uribismo. «Nosotros nunca hemos perdido de vista que en últimas el proceso de paz se abre en Colombia a partir de tres elementos», dice el dirigente colombiano Fernando Vega Lugo. «El primero, por una imposibilidad práctica, tanto del gobierno como de la insurgencia, por someter militarmente a su adversario. En segundo lugar, por una presión del movimiento social que durante años ha clamado por una salida política al conflicto y a la guerra. Y en tercer lugar, por un afán del gobierno por consolidar el proyecto económico neoliberal en zonas controladas históricamente por el movimiento insurgente», comenta. Sin embargo, afirma, «lo que se abre en este momento es la posibilidad de disputarnos de manera democrática las posibilidades que requiere nuestro país, donde las fuerzas alternativas tenemos la necesidad de construir un referente que dispute la construcción de un modelo económico político social que supere los males que históricamente nos han golpeado».
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