Tras el mal trago que tuvo que pasar el papa en Chile, cuando por desinformación hizo caso omiso a las denuncias de abusos sexuales, formó una comisión investigadora y citó al Vaticano a todo el Obispado al que acusó de querer "salvar el pellejo".
El comunicado final del santiaguino Fernando Ramos dice apenas que los 34 obispos chilenos pusieron sus renuncias a disposición, como quien anuncia una crisis de gabinete en cualquier gobierno secular, para que Francisco «decida libremente» sobre el futuro de cada uno. Esto, después «de tres días de encuentros con el Santo Padre y de muchas horas dedicadas a la meditación y a la oración siguiendo sus indicaciones».
Se entiende que sin levantar el tono, pero con firmeza, Jorge Bergoglio les dio un fortísimo tirón de ojeras en esos tres días cruciales que representan un giro de timón para la marcha de la Iglesia y para su propia imagen.
A instancia de esos obispos, en 2015 designó al frente de la diócesis de Osorno a Juan Barros Madrid, en reemplazo de René Osvaldo Rebolledo Salinas. Barros era hasta entonces obispo castrense y ostentaba el grado de general de Brigada. Parecía una simple operación burocrática que mantenía el statu quo en el Episcopado. Pero ni bien se supo de su designación estallaron las denuncias.
En 2011 el cura Fernando Karadima fue condenado por el Vaticano a una vida de retiro y oración sin contacto de ningún tipo con feligreses luego de decenas de denuncias de abusos sexuales. Esas mismas víctimas estallaron cuando Barros pasó a Osorno, ya que lo acusaron no sólo de haber hecho oídos sordos a las denuncias que le presentaban contra Karadima sino de haber sido testigo presencial de algunas de sus tropelías.
Francisco defendió a Barros en su paso por Chile este verano, pidió que le mostraran pruebas en su contra e incluso deslizó que las denuncias podrían haber sido obra de izquierdistas. Pero se ve que le hizo ruido la insistencia de algunos con los que se reunió en Santiago, a los que les pidió perdón y a quienes les prometió ocuparse.
Así, en febrero creó una comisión a cargo del jesuita Charles Scicluna, arzobispo de Malta, secundado por Jordi Bertolomeu Farnós, oficial de la Congregación para la Doctrina de la Fe. «Les envié a escuchar desde el corazón y con humildad. Posteriormente, cuando me entregaron el informe y, en particular, su valoración jurídica y pastoral de la información recogida, reconocieron ante mí haberse sentido abrumados por el dolor de tantas víctimas».
Fueron 64 testimonios tomados en Santiago y Nueva York que probaban que durante décadas hubo una suerte de conspiración para ocultar esas atrocidades y esconder a los culpables.
«No se tuvo el coraje para afrontar las responsabilidades», escribió el Papa en una carta difundida este viernes. En ese texto reprende a los obispos, les pide cuidarse de «la tentación de querer salvar el pellejo» y define toda la situación con estas palabras bien entendibles de ambos lados de la Cordillera. «En criollo nos recuerda la actitud del niño que mira a sus padres y dice ‘Yo no fui'». «
Prensa canalla y offshore malditas
El Vaticano dio señales muy claras de que esta «gestión» de la Iglesia católica tiene una línea radicalmente opuesta al mundo financiero y a la prensa hegemónica. En la homilía de este jueves en la capilla de la Casa Santa Marta, Francisco condenó la manipulación de la sociedad: «En la vida civil, en la vida política, cuando se quiere hacer un golpe de Estado, los medios comienzan a hablar de la gente, de los dirigentes, y con la calumnia y la difamación los ensucian». Y la comparó con la suerte de los primeros cristianos. «La gente en el circo gritaba para ver la lucha entre los mártires y las fieras o los gladiadores».
Ese mismo día se conoció un documento, «Oeconomicae et pecuniariae quaestiones» (Sobre cuestiones económicas y financieras), elaborado por la Congregación de la Doctrina de la Fe (heredera de la vieja Inquisición) y el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, creado por el Papa en 2013 para atender temas como el de los inmigrantes.
El documento dice que si bien las «offshore también ofrecen otros servicios legales, a través de los ampliamente difusos canales de elusión fiscal la evasión y el lavado de dinero sucio constituye otra razón de empobrecimiento del sistema normal de producción y distribución de bienes y servicios». Y cuestiona que así «substraen injustamente linfa vital a la economía real» por lo que «difícilmente pueden encontrar una justificación, ya sea desde el punto de vista ético, ya sea en términos de la eficiencia global del mismo sistema económico».
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