Bruselas abrió un procedimiento de infracción ante la falta de respuesta por los motores Diesel trucados de la aumotriz germana.
La Comisión Europea anunció este jueves la apertura de procedimientos de infracción contra varios países europeos, entre ellos Alemania y España, por no aplicar sanciones contra el grupo automovilístico Volkswagen, en el marco del escándalo de los motores trucados.
«Las autoridades nacionales de la UE deben asegurarse que los constructores cumplen efectivamente la ley», señaló en un comunicado la comisaria europea de Mercado Interior e Industria, Elzbieta Bienkowska, quien prometió a mediados de septiembre el inicio de estos procedimientos en una comparecencia ante los eurodiputados.
En septiembre de 2015, unas revelaciones de las autoridades estadounidenses forzaron al grupo alemán Volkswagen a admitir que había manipulado 11 millones de sus vehículos diésel en todo el mundo para que pareciera que éstos contaminaban menos de lo que en realidad lo hacían en los test de control.
El ejecutivo comunitario acusa a Alemania, España, Reino Unido y Luxemburgo de no haber aplicado las sanciones previstas en sus legislaciones contra Volkswagen por haber trucado sus motores, mientras que señala a República Checa, Lituania y Grecia por no contemplar en sus legislaciones nacionales sanciones por este tipo de irregularidades.
Para la Comisión, los países del bloque «deben disponer de sanciones eficaces, proporcionadas y disuasivas para desanimar a los constructores de automóviles a infringir la ley». «Cuando una tal infracción se constata (…), estas sanciones deben aplicarse», añadió.
«El ministerio de Industria [de España] ya inició expedientes informativos y que pueden derivar en su caso en sanciones, en relación con Seat que es la empresa que tiene su domicilio en España dentro del grupo Volkswagen», indicó en rueda de prensa en Bruselas el ministro de Justicia, Rafael Catalá.
El responsable español, que dijo desconocer el estado del expediente, aseguró que informarán al ejecutivo comunitario de las acciones llevadas a cabo y de eventuales sanciones al grupo automovilístico.
Bruselas envió cartas de requerimiento a estos países para responder a las acusaciones en el plazo de dos meses, primera etapa del procedimiento de infracción que podría terminar con sanciones económicas.
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