Pequeños productores reclaman precios justos por la enorme diferencia entre los que cobran por un producto y lo que pagan los consumidores. El promedio es más de cuatro veces, indican.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, es atacado por los medios hegemónicos porque planteó que la solución no pasa por un aumento de los productos del campo a los consumidores sino por un “reequilibrio” entre agricultores, fabricantes, supermercados y el público de a pie. Planas adelantó que se estudian modificaciones a la Ley de la Cadena Alimentaria para que los agricultores no vendan a pérdidas. Una salida que irrita a los grandes jugadores del sector, como Mercadona, Dia, Covirán, Carrefour, Lidl, Eroski, Alimerika y Ahorramas, que se nuclean en la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), algunos de cuyos propietarios figuran entre las 10 familias más ricas de España y vieron crecer sus ingresos más de 15% en 2019 (ver aparte).
“Los precios que perciben los agricultores y ganaderos están sometidos a una gran volatilidad derivada de innumerables factores. Recurrentemente se utiliza el falso debate de los supuestos márgenes excesivos de la distribución desviando así el foco mediático hacia este sector y sin centrarlo en los problemas reales de los agricultores”, respondieron desde Asedas en un comunicado. Como dato adicional vale la pena decir que las grandes cadenas de distribución figuran entre los mayores aportantes de publicidad para los medios de comunicación, lo que implica que los campesinos juegan con la cancha inclinada en su contra en la visibilidad.
Como para poner las cosas en situación, se conocieron datos elaborados por la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) donde se revela que el kilo de papas cuesta 0,17 euros en origen y se vende al público a una media de 1,25 euros el kilo, o sea 7,35 veces más. Las cebollas se pagan a 0,20 euros y en los supermercados se ofrecen a 1,44 euros.
El Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD) de productos agrarios y ganaderos publicado por la COAG se sitúa en el mes de enero en 4,15. El informe de esa institución señala que “en el caso de los productos ganaderos, la ternera cuadruplicó su precio (sobre lo pagado al productor), mientras que el conejo, el cerdo, el pollo y el cordero lo triplicaron y la leche y los huevos lo multiplicaron por dos”.
Esa organización nació en 1977 y se presenta como “plural, independiente y reivindicativa, representativa en todas las Comunidades Autónomas (para defender) los intereses del modelo social y profesional de agricultura mayoritario en España, y da servicio a más de 150 mil agricultores y ganaderos”.
Desde el ministerio, la respuesta de Planas, un abogado que ingresó en la carrera burocrática como inspector del trabajo y se incorporó al PSOE en su juventud, el problema es complejo y se le debe agregar que hay situaciones parecidas en todos los países de la Unión Europea, en gran medida potenciados por la Política Agrícola Común (PAC) que adoptaron los países miembro.
Entre otras cosas, el PAC obliga a estándares de sustentabilidad ambiental muy precisos, al tiempo que apunta a un recorte de subsidios para el campo. Un tema que en caso de el país ibérico preocupa por el incremento de la emigración a las grandes ciudades, un proceso que genera lo que conoce como “la España vacía”.
A todo esto se agrega que el gobierno de Donald Trump aplicó aranceles extra a productos europeos en respuesta a los subsidios para el fabricante de aviones Airbus, la mayor competidora global de la estadounidense Boeing. Y que muchos agricultores se ven amenazados por la posible implementación de un acuerdo UE-Mercosur que incremente la competencia agropecuaria de América del Sur. Y que, además, el Brexit podría derivar en una amenaza de productos más baratos desde el otro lado del Canal de la Mancha sin regulación de Bruselas.
Los agricultores, en tanto, se movilizaron en todo el país. Algunos ilustraron su situación destacando que el café que se tomaban en el bar de la ciudad les costaba lo mismo que obtenían por 40 duraznos de su granja. Como primera medida, piden financiación para la próxima campaña ya que los bancos se muestran, ante este clima crítico, adversos a abrir los bolsillos.
En su primera reunión con el ministro Planas, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) propuso prohibir las ventas a pérdidas, sanciones más duras para los que abusen y elaborar una ley que defina qué es un precio justo.
El jefe de Gobierno, Pedro Sánchez, dijo ante el primer tractorazo en Madrid, esta semana, que “las grandes distribuidoras tienen que hacer un examen, una autocrítica» y reclamó “muchísima más transparencia para defender al pequeño y mediano agricultor y ganadero que ahora mismo desgraciadamente están viendo como los precios bajan, bajan y bajan. Y eso es algo absolutamente inaceptable para este Gobierno”. Los manifestantes, en tanto, expulsaron a representantes del partido ultraderechista Vox de sus actos. «Las tres organizaciones -a la UPA y la COAG se sumó la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA)- hemos pedido que no venga ningún político”, sostuvieron. «
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