Un émulo de Griesa pone en riesgo al principal activo de Venezuela en EEUU

El juez Leonard P. Stark puede ser el émulo del recordado Thomas Griesa en su ofensiva contra gobiernos populares de América Latina. Y mientras el fallecido magistrado del distrito de Nueva York tuvo un rol determinante en sostener los argumentos de los fondos buitres contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, Stark, un juez de Delaware que pasó por el bufete de abogados más poderoso de Wall Street, ahora tiene contra las cuerdas al principal activo de PDVSA, la petrolera venezolana, como es CITGO, con tres refinerías, 48 terminales de almacenamiento y más de 6000 estaciones de servicio en territorio estadounidense. Y todo, aunque suene a ironía, por una mina de oro, Las Cristinas, la mayor de Venezuela.

CITGO tiene más de 100 años de historia. Creada por un empresario de Oklahoma en 1910, pasó de manos varias veces hasta que en 1990 fue adquirida por PDVSA, la petrolera estatal de Venezuela. Hoy día refina 749.000 barriles por día y tiene 9 ductos entre Texas y Maine. Es en la práctica, y todavía, el principal ingreso en moneda dura del país caribeño proveniente directamente de Estados Unidos.

Desde la llegada de Hugo Chávez al poder, en 1999, Venezuela se convirtió en una piedra en el zapato para el Departamento de Estado, que en 2002, durante la administración de George W. Bush, intentó derrocar al presidente constitucional y desde 2015, con Barack Obama en la Casa Blanca, impuso sanciones al país por considerarlo “una amenaza” para los Estados Unidos. Esas sanciones fueron acrecentadas con Donald Trump y ahora desde Washington no tienen tapujo en proponer lisa y llanamente una invasión para derrocar al presidente Nicolás Maduro.

Las dificultades económicas por las que atraviesa el gobernó bolivariano tras la muerte de Chávez, por la caída del precio del petróleo a niveles que no se conocían desde hace 30 años y por las sanciones de Estados Unidos, mantienen al país en situación muy comprometida y en hiperinflación. En ese contexto, en 2016 el 49,9% de las acciones de CITGO fueron cedidas a la rusa Rosneft como garantía de un préstamo de 1500 millones de dólares. El resto está en manos de tenedores de bonos 2020 de la petrolera venezolana.

Este combo preocupó a legisladores y al gobierno de EE UU, ya que eventualmente una compañía rusa podría quedarse con el procesamiento y la distribución de combustible en gran parte del país, con la posibilidad además de crecer.

En febrero pasado, incluso, inversores estadounidenses se habían lanzado a la caza del porcentaje de la empresa rusa, sabedores de que con el “America First” y el embate de medios y organismos de ese país contra Donald Trump, el gobierno podría endurecer las medidas de nacionalismo explícito que podrían complicar los negocios de Rosneft, con tal de demostrar que no es verdad su amistad con Rusia.

A fines de julio, la Casa Blanca emitió una excepción a las sanciones que afectan puntualmente a PDVSA, lo que habilitó a que tenedores de bonos puedan cobrar deudas en caso de un default de Venezuela. La apuesta de los ávidos inversores es que el país bolivariano no pueda pagar cerca de mil millones de dólares que vencen en octubre del bono PDVSA 2020 y de ese modo, tras el permiso de Trump, estén en condiciones de llevarse algún activo. Así podrían hacerse de la mitad de CITGO.

O sea, las sanciones siguen vigentes, salvo en esa parte que impide bloquear al enemigo declarado, que es el gobierno de Maduro, que ya no podrá excusarse en esas medidas para demorar cualquier pago o hasta negociar en mejores condiciones llegado el caso.

Pero acá es donde interviene Stark en el el tema Las Cristinas. En 2011 el gobierno de Hugo Chávez expropió la mina, ubicada en el estado de Bolívar. Se trata de uno de los yacimientos más grandes del mundo de oro, que inicialmente iba a explotar la canadiense Crystallex International. Al año cancelación del contrato, el gobierno firmó un acuerdo de explotación conjunta con la china Citic Group, también estatal.

Los canadienses no se quedaron de brazos cruzados y demandaron a Venezuela ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) y en los tribunales estadounidenses por unos 1400 millones de dólares. El Ciadi determinó en 2013 que no se había violado el Tratado Bilateral de Inversión (TBI) entre Venezuela y Canadá. Y argumentó que no hubo expropiación del yacimiento minero, sino que se trató de una rescisión de contrato. Aunque de todas maneras eso implicaba un resarcimiento.

En diciembre pasado se había anunciado un principio de acuerdo por unos 1000 millones, pero en marzo la justicia de EEUU ordenó indemnizar por 1400 millones a Crystallex.

Ahora el juez Stark, de la Corte del Distrito de Wilmington, en el estado de Delaware –uno de los paraísos fiscales más importantes del mundo- autorizó a confiscar acciones de CITGO por valor equivalente al reclamo de la minera. La línea argumental de Stark, un juez de 49 años que ni bien se doctoró en Oxford trabajó para el estudio Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP and Affiliates, la tercera en el ranking de prestigio de la revista Forbes en EEUU, es que CITGO es “un alter ego” del gobierno.

En otra reminiscencia de Griesa. Stark ordena que antes de proceder al embargo, Crystallex y Citgo se deben reunir y negociar. Desde la sede de PDVSA, en tanto, llegó -como es de rigor- una apelación que por lo pronto demora la ejecución de la medida.

David Paravisini, coordinador de la Subcomisión de Petróleo, Gas, Energía y Agua de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), declaró ante El Universal, de Venezuela, que “es difícil afirmar la posibilidad efectiva de que ese tribunal pueda embargar a Citgo, porque existe una politización de la justicia”. El ingeniero, experto en políticas públicas energéticas y profesor universitario, indicó que en EEUU “buscan un precedente”, y aseguró que Venezuela tiene capacidad de pago tanto para responder ante la demanda como ante los vencimientos que se avecinan en octubre.

Mientras tanto, los buitres esperan algún tropiezo para lanzarse sobre la petrolera o cualquier bien relacionado con el combustible fósil, por ahora el mayor activo de Venezuela.