Una concesión que pretende calmar las aguas en Venezuela

La concesión de la prisión domiciliaria para el dirigente opositor Leopoldo López, de Voluntad Popular, partido integrante de la Mesa de Unidad Democrática (MUD), abre un nuevo capítulo en la escalada de protestas y manifestaciones de la oposición, en muchos casos radicalizadas, y la búsqueda de una solución adoptada por el gobierno de Nicolás Maduro. Medida que tomó el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a días de realizarse el simulacro de la elección de participantes de la Asamblea Constituyente, convocada por el gobierno, que coincidirá con una consulta no vinculante organizada por la MUD con el afán de rechazar ese proceso (ver aparte).

Con López en su casa, cuya sentencia por instigación a la violencia sigue firme, los analistas, tanto del entorno gubernamental como los críticos, avizoran varios efectos de impacto político. Más allá de que la decisión judicial pueda tomarse como una debilidad del gobierno, el chavismo vuelve a señalar la «independencia de poderes», consciente además de que la medida puede descomprimir la situación de violencia. Durante estos casi cuatro años de ausencia de López, el liderazgo, al menos mediático, del partido Voluntad Popular fue ocupado por el joven diputado del Estado de Miranda, Freddy Guevara, quien ayer dio una conferencia de prensa en la puerta de la casa de López, afirmando que está cada vez más cerca la libertad del recluso y «la libertad de todos los venezolanos», frente a un grupo de personas que vivaban «a la calle».

A pesar de que Guevara afirmó estar «orgulloso de que Leopoldo López sea nuestro líder», algunos comunicadores creen que su intención ha sido quedarse con ese puesto, lo que hoy supone una disputa feroz hacia dentro del partido. Es el análisis del periodista Miguel Salazar: «Con la medida cautelar para López, a Freddy Guevara se le acabó la teta. Ya no podrá pedir dólares a nombre de Leopoldo.» El análisis alcanza a la esposa de López, Lilian Tintori, quien según el propio Maduro pagó 3 millones de dólares por una foto con el presidente estadounidense Donald Trump. «Ha sido una de las principales boicoteadoras de la salida de López de la cárcel, y no sabemos por qué», afirmó.

El dirigente de Voluntad Popular está en su casa desde ayer. Tal como confirmó uno de sus abogados, Javier Cremades, la salida del penal militar de Ramo Verde no implicó ningún condicionamiento impuesto por el gobierno. El beneficio «casa por cárcel» fue adelantado en junio por la Defensoría del Pueblo «conforme a las garantías establecidas en la Constitución Bolivariana». La familia lo pedía por razones de salud y es una de las banderas de parte de la comunidad internacional. Fue también fruto de la negociación del expresidente español José Rodríguez Zapatero, quien mantuvo una reunión en la prisión a principios de junio, acompañado por la excanciller Delcy Rodríguez y su hermano, Jorge, alcalde del municipio de Libertador.

El carácter «humanitario» de la medida judicial es posible que tenga mucho de político y poco de humanitario. Durante su reclusión, López denunció ser torturado, incomunicado y su entorno deslizó la idea de que estaba muerto, sospecha desmentida categóricamente. De hecho, ayer pareció estar en perfecto estado de salud cuando saludó a sus seguidores.

Más allá de que la situación debiera traer algo de calma, varios sectores radicalizados dentro del espacio de la MUD comenzaron a convocar a manifestarse frente a la vivienda, adelantando que el reclamo pasará a ser la amnistía total.

López fue condenado a 13 años y nueve meses de prisión por participar e instigar las manifestaciones de 2014, que provocaron la muerte de 43 personas y cientos de heridos. Quienes no recibieron con alegría la noticia de su arresto domiciliario son los familiares de las víctimas, aunque declararon aceptarlo para «poner por delante la paz». «

Domingo de consulta y simulacro

La Mesa de Unidad Democrática (MUD) realizará el próximo domingo una consulta popular con la intención de que el electorado rechace la Asamblea Nacional Constituyente convocada por el gobierno. El proceso no contó con el aval del Consejo Nacional Electoral y no tendrá fiscalización oficial, por lo que fue calificado de «ilegal». A su vez, el oficialismo planea hacer un «simulacro» de elección de constituyentes para la ANC –prevista para el 30 de julio– ese mismo día, lo que fue considerado como una provocación. Sin embargo, desde el gobierno afirman que la fecha del simulacro había sido puesta con anterioridad, lo que no pudo ser confirmado en la web del CNE.

En la papeleta que la oposición ofrece al electorado hay tres preguntas a responder por sí o por no. La primera dice «¿Rechaza y desconoce la realización de una asamblea nacional constituyente propuesta por Nicolás Maduro sin la aprobación previa del pueblo venezolano?», la siguiente: «¿Demanda a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana obedecer y defender la Constitución del año 1999 y respaldar las decisiones de la Asamblea Nacional?”, y finaliza: «¿Aprueba que se proceda a la renovación de los Poderes Públicos de acuerdo con lo establecido en la Constitución, así como la realización de elecciones y la conformación de un nuevo gobierno de unidad nacional?».

La MUD inició ayer una convocatoria «casa por casa» para incentivar la participación. El alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, señaló que «el plebiscito de la oposición es una violación a la Constitución». «