Comenzó la semana de trabajo subterráneo para buscar una mayoría que se prevé más que ajustada para lograr la sanción del aborto legal en el Senado. Las principales figuras del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio que votarán a favor se dedicarán a trabajar de manera privada y ninguno, según aseguraron a Tiempo, develará su estrategia. Las presiones de los grupos antiderechos -algunos muy violentos- se hicieron sentir esta semana en la que, a pesar de ello, se logró una consistente cantidad de firmas para el dictamen que podrá convertirse en ley el martes 29 de diciembre.

Este jueves, el senador radical pampeano Juan Carlos Marino confirmó su voto negativo luego de haber dicho que podría reconsiderar su posición, mientras que en el dictamen quedó la rúbrica estampada de Silvina García Larraburu, peronista rionegrina que en 2018 había votado en contra. Estos movimientos volvieron a poner el contador con un voto por arriba a favor de la sanción. Pero este “poroteo”, según explicaron algunas senadoras, no es conveniente a la hora del trabajo de persuasión de los indecisos o “tapados”, como se les dice a los legisladores que prefieren no dar a conocer su posición para evitar presiones.

A su vez, la salud del senador y expresidente Carlos Menem, que se agravó este viernes, puso en duda su participación durante la sesión. Su hija Zulema había asegurado que se iba a encargar de que el expresidente votara desde la clínica donde permanece internado, pero su corazón sufrió una severa arritmia y se encuentra peleando por su vida. En su reemplazo podría asumir su sucesora en la lista, la actual vicegobernadora riojana Florencia López, quien está a favor del derecho al aborto, pero si quisiera permanecer en el ejecutivo provincial, le tocaría asumir al exministro de Economía de La Rioja, Ricardo Guerra, cuya posición se desconoce.

Una de las críticas que surgieron esta semana durante el tratamiento en comisiones es la penalización que caería sobre los y las profesionales de la salud que dilaten o interfieran en la realización de la práctica de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Según planteó el senador Alberto Wereltineck eso provoca el aumento del listado de objetores de conciencia, aunque adelantó que votará a favor, por lo menos,  en el tratamiento en general de la Ley. Este punto fue uno de los que más se trabajó desde el Poder Ejecutivo, tarea de la que se encargaron la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y la ministra de Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta, al permitir la objeción de conciencia en las clínicas confesionales. Ese ítem quedó plasmado en el dictamen antes de que ingresara al recinto de Diputados para despejar posibles puntos de conflicto.

Los senadores que están en duda son el entrerriano Edgardo Kueider, su coprovinciana Stella Olalla y el radical Oscar Castillo, que se negó a firmar el dictamen. También la neuquina Lucila Crexell, quien pidió bajar el plazo permitido para abortar de 14 a 12 semanas, pero que no se opone de manera abierta al derecho de las mujeres y personas gestantes.

El trabajo oculto a favor de la sanción dentro del Frente de Todos está a cargo de las senadoras cristinistas Anabel Fernández Sagasti, Nancy González y María de los Ángeles Sacnun. En tanto, Juntos por el Cambio cuenta con que todas sus autoridades legislativas dentro del Senado están a favor, como el jefe del bloque radical, Luis Naidenoff, el del PRO, Humberto Schiavoni, y el vice de la cámara, el porteño Martín Lousteau.

Si bien la votación traza una línea transversal, la disputa partidaria también está en juego. Desde el oficialismo acusan a la oposición de priorizar una eventual derrota del proyecto de Ley firmado y enviado por el presidente Alberto Fernández. En ese sentido, recuerdan que en 2018 el entonces Frente para la Victoria sí se cargó al hombro la militancia por el derecho al aborto y su consecuente casi mayoritario voto a favor, sin especular con que el debate había sido habilitado por Mauricio Macri. Sin embargo, desde la oposición niegan ese razonamiento. Aseguran que prefieren no dar entrevistas sobre el tema para evitar rispideces en el intrabloque y cuidar los votos verdes. Y de paso, recuerdan que las diferencias son profundas también dentro del oficialismo, ya que José Mayans, titular del bloque, está trabajando en contra de la directiva de su propio Ejecutivo.

Es que a diferencia de la votación en Diputados, el protocolo sanitario del Senado contempla la posibilidad de que muchos legisladores debatan y voten de manera remota desde su casa. Esto  deslocaliza el debate y también provincializa la militancia feminista que deberá seguir el debate desde la calle pero también de manera virtual. Por lo pronto, la votación presenta un final abierto y habrá que esperar al 29 para saber si por fin en Argentina el aborto será legal.   «