La causa judicial que afecta a juveniles de las divisiones inferiores de Independiente, caratulada como «abuso sexual y promoción y facilitación de la prostitución», acaso la primera a gran escala en relación con esos delitos en el fútbol argentino, será elevada a juicio entre octubre y noviembre, en principio con cinco imputados y 15 víctimas ya comprobadas, a seis meses de la denuncia del club.

En paralelo, la fiscal María Soledad Garibaldi, a cargo de la investigación en la Unidad Funcional de Instrucción N° 4 de Avellaneda, planea abrir una nueva causa en la que hay 20 posibles víctimas menores de edad de las pensiones de Lanús, Banfield, Temperley, Estudiantes y Gimnasia La Plata. Ninguna persona de los clubes está involucrada en la comisión de los delitos.

«Con todo lo que quede de la causa de los juveniles de Independiente –dice a Tiempo una fuente judicial– es posible también que si no se produjeron en el ámbito del departamento judicial, se deriven a los fiscales de otros departamentos, según el lugar de los hechos”.

Los cinco imputados, bajo los cargos de «abuso sexual ultrajante» y «corrupción de menores con agravantes», hasta el momento, son el árbitro y juez de línea Martín Bustos, el empresario y relacionista público Leonardo Cohen Arazi, el organizador de torneos de fútbol en la zona sur bonaerense Alejandro Dal Cin, el administrador de edificios en La Plata Juan Manuel Díaz Vallone y el estudiante de Ingeniero Budge Silvio Fleytas. A cada uno le podrían caer penas de entre 15 y 20 años de prisión. El dirigente Javier «Pipo» Marín, expresidente de Acassuso y actual vocal titular del Comité Ejecutivo de la AFA, permanece «imputado no procesado» en la causa.

Joaquín, un jugador de Independiente que al inicio de la investigación había sido acusado de actuar como nexo entre los menores y los adultos pedófilos, fue sobreseído ya que la fiscalía comprobó que fue una víctima más. La investigación no habla de una red de trata de personas. Precisa que no hubo «disposición conjunta de dos o más personas tendientes a la comisión de un delito, sino que se conocían y se pasaban los datos a partir del conocimiento de la existencia de un universo de chicos en estado de vulnerabilidad y de fragilidad, con pretensiones de éxito, fuera de la familia y con cierta escasez económica».

A la fiscal Garibaldi le resta definir la situación procesal de Alberto Ponte, conocido como «Tito Rey de Reyes», promotor del «neuro fútbol» y representante de futbolistas, que está imputado por el delito de grooming o ciberacoso, y también el papel del abogado Tomás Beldi, acusado de encubrimiento debido a que, mientras defendía a Bustos, rompió el celular del árbitro para ocultar pruebas antes de un allanamiento policial.

El árbitro Bustos fue señalado como abusador por una de las víctimas, integraba la organización que concretaba los encuentros sexuales a cambio de dinero en alojamientos de Palermo, San Isidro y La Plata, y coaccionaba a los menores prometiéndoles «ayuda» para llegar a Primera División. «Los hechos que describen los juveniles de Independiente son aberrantes. La cantidad de chicos involucrados es enorme», había dicho días después de la denuncia Sebastián Scalera, fiscal adjunto de Lomas de Zamora.

Luego del ruido mediático con ribetes farandulescos, lo concreto es que antes de fin de año puede que haya condenados en relación a la denuncia de Independiente, además de una nueva investigación judicial en curso.